El pasado domingo los chilenos fueron a las urnas para hacer historia, de nueva cuenta. En efecto, en 1988, a raíz del plebiscito, Chile determinó la salida de su dictador, Augusto Pinochet. En aquel momento, la llamada “franja” del NO obtuvo poco más del 55 por ciento de los votos (la película NO, estelarizada por el actor mexicano Gael García Bernal relata esta historia). Sin embargo, la constitución redactada por los militares, en 1980, encadenó el país en una serie de dogmas, como la privatización de la educación, la preponderancia del mercado sobre el Estado, y la presencia de “enclaves autoritarios” dentro de la naciente democracia chilena, para parafrasear al politólogo Manuel Antonio Garretón. A pesar de la existencia de varias reformas constitucionales, impulsadas por los gobiernos de centro-izquierda de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la democracia chilena continuó siendo maniatada por los preceptos de la dictadura.
Paradójicamente, Chile fue considerado por buena parte de los especialistas en política y economía de América Latina como un “modelo” de desarrollo económico –y social–, inclusive. Durante décadas, el país sudamericano fue visto como un laboratorio de políticas públicas, que deberían ser reproducidas. Y es que efectivamente, la pobreza disminuyó durante los últimos treinta años, así como mejoraron los principales indicadores macroeconómicos. El problema es que la desigualdad bajó muy poco en comparación con los demás indicadores, y que el modelo de sociedad chileno siguió el modelo consumista impuesto por la dictadura. De tal manera que la presión social, que fue evacuada a principios de los años 2000 gracias a las tasas elevadas de crecimiento económico, comenzó a reventar a partir del primer mandato de Michelle Bachelet, cuando los llamados “pingüinos” –estudiantes de la universidad pública que pedían la gratuidad de la educación superior– salieron a las calles. Más tarde, durante el gobierno (conservador) de Sebastián Piñera, de nueva cuenta las insatisfacciones sociales surgieron, desembocando en la mayor manifestación popular de la historia democrática de Chile.
Y contrariamente a lo que se podría esperar de un líder político abierto al diálogo y la concertación, el jefe del ejecutivo dijo que Chile se encontraba en “Guerra”, teniendo detrás de él a la cúpula del ejército. Esto provocó un aumento de las manifestaciones y del rencor social hacia las instituciones, que como dijimos, continúan teniendo el sello de la dictadura. Ante la falta de credibilidad del gobierno, cuya popularidad bajó a niveles nunca vistos en la región –menos del 10 por ciento de aprobación–, surgió la idea de proponer un plebiscito a la sociedad chilena para zanjar el problema y darle una salida política pacífica al problema político existente, una perspectiva hasta entonces rechazada por sectores del oficialismo de derecha, que en buena medida defendieron el cuadro institucional de la dictadura. Sin embargo, la falta de opciones en la mesa y la fragilidad crónica de la administración de Sebastián Piñera, hicieron que la realidad política se impusiera y que la idea del plebiscito fuese aprobada.
A pesar de ello, diversos analistas estimaban que la pandemia, la crisis económica fruto del Covid-19, y el desencanto ciudadano frente a las instituciones limitarían la participación, y por ende la relevancia política de este ejercicio, que incluía también una pregunta sobre el modo de selección de los constituyentes. Sin embargo, la respuesta política de la sociedad chilena fue más allá de las esperanzas, que estaban plasmadas en los resultados de las encuestas de opinión. La contundencia de la victoria de la opción “Apruebo” y del respaldo a la convocación de una asamblea constituyente paritaria (casi el 80 por ciento de los votos) dejó sin discurso a los defensores del status quo –que en buena medida, se encuentran en la derecha. Falta ver si el campo progresista estará en capacidad de traducir este resultado en una fuerza electoral y política capaz de derrotar al candidato del status quo.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada