Aquello que se conoció como “sistema político mexicano” fue nodriza de corruptos, tapadera de sinvergüenzas y protector de los dictadorzuelos sexenales. Hoy, cuando el viejo régimen recibió cristiana sepultura en el panteón de lo caduco, su fantasma ronda todavía por las oficinas públicas y hasta se le reza en espera de su gracia.
Antes, en cada sexenio se mandaba a la cárcel a dos o tres saqueadores de las arcas públicas. Hoy, sólo está en chirona Andrés Granier, el ex gobernador tabasqueño, que se defiende como león y tramita un amparo tras otro. También en problemas con la ley anda por ahí un López Portillo, ex director de una salinera paraestatal, pero también se defiende con abogados caros y los muchos recursos que ofrecen las leyes a los que tienen dinero.
En los periódicos leemos que hay varios gobernadores y ex gobernadores enriquecidos con fondos públicos. Se habla del mandatario de Quintana Roo, del cínico dictadorzuelo veracruzano y del opulento gobernador de Chihuahua, que durante su gestión se hizo de un banco, ni más ni menos.
Por si algo faltara, Malova, el priista que llegó al gobierno de Sinaloa como candidato independiente, ya hizo aprobar una ley para cubrirse las espaldas, aunque probablemente la Suprema Corte eche abajo la norma que garantizaría la impunidad del todavía Ejecutivo sinaloense.
Como se puede ver, la corrupción no es monopolio del PRI. En Sonora, doña Claudia Pavlovich Arellano, prometió que si llegaba al gobierno del estado perseguiría a los saqueadores del erario. Y ha procedido hasta donde sus facultades lo permiten, pues el “gobierno” de su antecesor, para más señas panista, es un muestrario de cochupos, transas y toda clase de abusos.
Fue precisamente ese gobernador, Guillermo Padrés, quien entre otros despropósitos se mandó construir una presa dentro de una de sus propiedades, en un estado donde el agua es un bien precioso y motivo de tremendas disputas. Por supuesto, a ese mismo individuo y a sus colaboradores les han descubierto más propiedades que a la sábila, pero hasta ahora sólo se ha podido detener a funcionarios segundones mientras otros andan de huida.
En el caso de Padrés, son 26 los amparos que se ha gestionado exitosamente, pues ya se sabe que con dinero baila el perro y en el medio judicial hay una notoria tendencia canina. La señora Pavlovich declaró recientemente que nunca ha sabido que se otorgue un amparo a quien roba arroz o frijol. En efecto, ese recurso jurídico beneficia casi exclusivamente a quien tiene dinero, y mucho, sin importar su origen.
La gobernadora dijo que está porque se modifique la ley de amparo y suponemos que a sugerencia suya, el diputado local David Palafox Celaya propuso que se envíe un exhorto al Congreso de la Unión para evitar que la ley de amparo se use para evitar sanciones penales o administrativas en detrimento del interés común de la sociedad.
La propuesta fue aprobada por el Congreso de Sonora, pero lo más probable es que no tenga mayor efecto. Quizá sería más eficaz que alguien publicara una lista de los jueces que extienden amparos, cuántos y a quiénes. Por supuesto, eso lo saben los bufetes jurídicos, pero será muy diferente si esa información se da a conocer a la sociedad, pues se pondrá en evidencia a quienes hacen de su toga un sayo.
Más eficaz será que se empiece a investigar la fortuna de esos jueces que proceden con tanta displicencia para proteger políticos corruptos. Seguramente no hallarán gran cosa en sus cuentas bancarias o en propiedades a su nombre, pero si las indagaciones rascan en el patrimonio de los parientes, colaboradores y amantes de los jueces, seguramente se van a topar con grandes sorpresas, tan grandes como el patrimonio malhabido.
Desde luego, para proceder de esa manera hay que correr riesgos. El sector más o menos limpio de la clase política experimenta cierta incomodidad ante el descaro de sus colegas depredadores e incluso hay quien levanta la voz exigiendo honestidad, pero a la hora buena muchos prefieren que no se vaya más lejos, pues la inmensa mayoría tiene cola que le pisen.
En el caso de los jueces corruptos, la judicatura suele ver la mera sospecha como una agresión ante la cual jueces, magistrados y ministros reaccionan con espíritu de cuerpo y tienden a protegerse, pues constituyen un poder a la par del Ejecutivo y el Legislativo, que generalmente gozan de impunidad. Pero entonces, ¿por dónde empezamos?