EL-SUR

Lunes 04 de Marzo de 2024

Guerrero, México

Opinión

La impunidad militar en migración

Silber Meza

Septiembre 23, 2023

DE NORTE A SUR

Estamos a unos días de otro aniversario más –el noveno– de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y su resolución aún se ve muy lejana. Uno de los ejes principales del caso es la participación de los militares. Desde el principio, madres y padres y activistas apuntaron a ellos, pero el gobierno mexicano creó un escudo de protección que ha sido casi impenetrable. Si a alguien cuidó en el pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora el de Andrés Manuel López Obrador es a las fuerzas armadas, tanto Ejército como Marina.
Pero este halo de resguardo no se ha quedado en el caso Ayotzinapa, en realidad se ha expandido a todas aquellas áreas en que las fuerzas armadas tienen participación. Una de ellas es migración.
Se trata de una de las tareas más sensibles de la administración pública. El mundo atraviesa un proceso de éxodo de personas que ha sido imposible detener, por más políticas duras y punitivas que los gobiernos han aplicado. México, desgraciadamente, ha decidido utilizar a la Guardia Nacional, una corporación dependiente del Ejército mexicano. Pero no sólo encargó a esta corporación la desmovilización de migrantes, también desplazó a civiles para sustituirlos con militares en las direcciones de las delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración (INM). El presidente López Obrador los ha colocado ahí como una solución a la corrupción que impera dentro del INM, sin embargo, los datos muestran que no sólo la corrupción no se ha ido, sino que han aumentado las quejas por violaciones a derechos humanos y laborales dentro de la institución.
Es falso que los militares sean honestos por formación, como ha querido hacernos creer el presidente.
En El Universal acabamos de publicar un reportaje titulado “Militares en migración: acusados de acoso, abuso y corrupción”. Denuncia tras denuncia de trabajadores del INM, se va dibujando la forma en la que marinos y soldados en retiro han sido acusados de realizar conductas de acoso laboral, hostigamiento, misoginia, discriminación, acoso sexual, violaciones a derechos laborales y corrupción.
La investigación de la periodista Miriam Ramírez –que pude acompañar como editor– nos muestra casos localizados en las oficinas del INM en Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa, Chiapas, Tamaulipas y Estado de México.
En total se revisaron 118 expedientes de quejas por presuntas faltas administrativas graves. De éstas, únicamente 22 terminaron en sanción, todas contra civiles que laboran dentro de la institución, ninguna contra militares.
Miriam exhibe casos tan reales como horrorosos. Uno es el del general de brigada José Luis Chávez Aldana, que dirigía la unidad de Migración en el Estado de México. De acuerdo con los reclamos que llegaron de manera formal al INM y por los que se abrieron expedientes en la Secretaría de la Función Pública, el militar cobraba a cada migrante detenido 100 dólares por liberarlo. Autorizó 99 visas ilegales con pagos no oficiales de por medio. Los documentos los mandaba a hacer a una oficina del Registro Civil en Lagos de Moreno, Jalisco. Muy lejos de Toluca, donde despachaba. La propia autoridad le documentó las corruptelas y pidió su baja, no obstante se desconoce si se le ha aplicado castigo alguno hasta el momento.
En Veracruz, un capitán retirado de la Armada de México hostigaba sexualmente a las trabajadoras del INM. La reportera lo consigna así: “Primero, aplaudía las capacidades profesionales de sus subordinadas y les ofrecía un ascenso laboral… pero cuando las mujeres rechazaban sus insinuaciones, la oferta de ascenso desaparecía e iniciaba un hostigamiento laboral”.
Mientras en las quejas de civiles existe un 22 por ciento de castigo, en las de militares el porcentaje es de cero, nulo.
La protección e impunidad que se ha extendido sobre las fuerzas armadas mexicanas, respaldada desde Palacio Nacional, se está convirtiendo en un tendido de corrupción institucional con niveles de impunidad no vistos en más de tres décadas.