La tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde el número de personas fallecidas por causa de la explosión de un ducto de combustible ya asciende a 95, es el reflejo de la omisión de las autoridades de todos los niveles de gobierno, particularmente de la Presidencia de la República, de la Procuraduría General de la República, de los directores de Pemex, de los gobernadores, y en menor rango, de los presidentes municipales, de los gobiernos del viejo régimen, y de la complicidad de muchos funcionarios con los delincuentes.
1.- Cada año leíamos las cifras por el robo de combustibles que ascendían entre 12 y 20 mil millones de pesos. La última declaración sobre este tema la hizo José Antonio Meade –ex secretario de Hacienda con Peña Nieto– el 19 de mayo del 2017, cuando afirmó que las pérdidas por la extracción de combustibles se calculaba entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales. El neoliberalismo y las reformas estructurales que ofrecían el paraíso económico y el bienestar para el pueblo no alcanzaron a percibir, menos a resolver problemas de tanta gravedad como el narcotráfico de drogas y el huachicoleo, más bien estos fenómenos se encubaron en este modelo cuya esencia prohijó estas calamidades sociales.
2.- A pesar de que la magnitud del problema comenzó a manifestarse en forma creciente desde los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no hubo una política de Estado para combatir a fondo el robo de combustible, en consecuencia hubo omisión y responsabilidad de su parte. Una actividad tan pública como el huachicoleo es seguro que contó con la complicidad de muchos funcionarios comenzando con los de Pemex, gobiernos de los estados y municipios, a quienes debe castigarse por sus omisiones y a otros por ser cómplices de los delincuentes y a otros más por ser los capos de las mafias de ladrones de combustible. Los distintos gobernantes del pasado fueron dejando que corriera el tiempo, fueron dejando que crecieran las mafias hasta que tenía que llegar un momento de tragedia como la de Tlahuelilpan, en donde estallaron los flamazos que ocasionaron decenas de muertos y heridos.
3.- Lo que ha hecho el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es afrontar el problema de manera integral. Primero cerrar ductos donde hay evidencias de robo masivo de combustible y al mismo tiempo buscar el abasto para proteger a la población de accidentes y causar las menores molestias a los usuarios de diesel y gasolina; al mismo tiempo iniciar investigaciones y perseguir a los delincuentes y concomitantemente crear programas sociales que ayuden a los pobladores que habitan en las zonas donde se comete el delito de robo de combustible, de tal manera que no sean sujetos de la tentación de los delincuentes. López Obrador ha sido muy sensible a la tragedia, ha estado muy al pendiente de los familiares de las personas fallecidas, de los heridos y de todas las víctimas, mostrando una actitud muy responsable como jefe de Estado y del gobierno.
4.- La decisión de López Obrador de combatir el Huachicoleo es una prueba contundente de ir contra la impunidad en todos los ámbitos de la vida pública. Este ejemplo debe servir para que todas las autoridades del país en sus diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal actúen en el mismo sentido.
En las primeras semanas del nuevo gobierno, se observan medidas significativas para el cambio de régimen tales como: la puesta en marcha de los programas sociales para los adultos mayores, para las personas con capacidades diferentes, para los jóvenes que no trabajan ni estudian, para los alumnos de educación media superior y superior, la apertura de más universidades, una nueva política de libertad de expresión y comunicación en medios del Estado y privados, la creación e inicio de los trabajos de la Comisión de la Verdad para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la acción frontal contra la impunidad que forman parte muy importante de la Cuarta Trasformación de México.

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