La independencia de los jueces, juezas y operadores de justicia es indispensable para garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y la protección judicial. Los operadores de justicia deben tener independencia orgánica, presupuestaria, en la selección y nombramiento, asignación de casos, pero también no deben existir interferencias de otros actores estatales o no estatales en su función jurisdiccional.
En nuestro país la independencia judicial ha sido muy cuestionada. Los jueces y magistrados eran nombrados por los jefes del Ejecutivo. En una ocasión en reunión con el actual presidente de la República narraba que en el Palacio Nacional existe un pasadizo que comunica directamente a la oficina del presidente de la Suprema Corte. De igual forma era muy común el telefonazo del gobernador a los presidentes de los Tribunales en los estados de la república o de los secretarios de Gobierno. En Guerrero abundan las historias sobre cómo los gobernadores o secretarios daban instrucciones al poder Judicial para que resolvieran a modo algún caso.
Con la alternancia que vivimos en nuestro país existen tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial. El primero ha acusado de corrupción al segundo, lo señala de ser una institución corroída, al servicio de los potentados.
Estas expresiones no son aisladas. En efecto al poder Judicial se le ha considerado una élite que ha solapado los actos de corrupción de los gobiernos autoritarios del pasado, la justicia la han vendido al mejor postor. No sin razón el dicho popular dice: “la cárcel es para los pobres”.
Sin embargo, me parece que estos embates contra el poder Judicial están medrando la independencia judicial, dejando a la intemperie a varios jueces que desde el sistema penal acusatorio pretenden transitar por una recta administración de la justicia, procurando el libre debate, realizando un control de la convencionalidad en varios casos. El que esto escribe ha tenido algunos casos en los juzgados de control en Guerrero donde los jueces y magistrados de manera valiente han realizado un control de convencionalidad: dos casos de sistemas normativos de los Pueblos indígenas y uno de violencia contra una mujer indígena. Son asuntos locales que no tienen trascendencia mediática, pero están generando un precedente importante en el reconocimiento de los derechos en sede judicial de los grupos sociales más desfavorecidos.
Sin embargo, los golpes que desde palacio nacional se emiten socavan la independencia judicial poniendo en peligro el acceso a la justicia, el debido proceso y las garantías judiciales.
Los cuestionamientos desde la tribuna presidencial son emulados por algunos gobernadores que no han dudado en sacar la espada para perseguir a los jueces, como es el caso de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, quien por delitos menores le impusieron injustamente prisión preventiva.
Lo mismo decían la semana pasada los abogados de ocho militares implicados en la desaparición de los 43, que demandarán al juez que les dictó auto de formal prisión.
La arenga presidencial contra el poder Judicial está abriendo la caja de Pandora para que todo aquel que le incomode una resolución que emitan los jueces, proceda penalmente, máxime cuando incomoda a quienes ejercen el poder político y controlan el aparato punitivo estatal, cuando lo correcto debería ser recurrir a otras instancias para casar o controlar los fallos que consideren adversos y no sacar la espada persecutora quebrantando la independencia judicial.
En el estado de Guerrero parecen existir visos de una luz en la administración de la justicia, como lo decía en líneas precedentes, algunos jueces de control están siendo contralores de la convencionalidad y cuidando el debido proceso y las garantías judiciales. Sin embargo, los magistrados y altos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia no parecen ir en la misma dirección. Se privilegia los intereses políticos y de otra índole.
El caso del defensor indígena Arnulfo Cerón Soriano desaparecido en el año 2019 es una prueba de fuego para el poder judicial en Guerrero. Con motivo de su desaparición se tramitan cuatro procesos judiciales en los Tribunales de Tlapa en los que están siendo procesados seis autores materiales y un intelectual. Dos procesos están avanzados. Los juicios orales inician esta semana.
El proceso contra el autor intelectual –una persona que fue funcionario municipal de alto nivel de Tlapa en la administración pasada– ha presentado sendas irregularidades, muestra indicios de que el poder económico y político del exfuncionario municipal parece influirá en el curso y sentido del próximo fallo. El propio procesado pregona a los cuatro vientos que el juicio en curso es un mero trámite, ya que su libertad está arreglada al más alto nivel. El propio presidente del Tribunal en una reunión con un servidor me adelantaba que esta persona hasta ahora ha probado su inocencia. Palabras que son peligrosas pues es prácticamente un fallo adelantado.
En el curso de proceso se han presentado episodios que alertan sobre la impunidad del caso y un sesgo en la resolución: En el año 2020 el juez de control de Tlapa de manera repentina cambió la medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria aun cuando el procesado no tiene setenta años, y no es enfermo grave o terminal que son las excepciones a la prisión preventiva; en este año el juez de control en cumplimiento de un amparo convocó audiencia para debatir el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, siendo un delito grave y habiendo elementos para mantenerla decidió cambiarla por una de libertad, con ello el procesado sin rubor alguno recorre las colonias de Tlapa, en plena precampaña para Alcalde de este municipio.
Es verdad, se deben respetar los derechos del procesado, pero también se deben ponderar con responsabilidad los derechos de las personas defensoras de derechos humanos como Arnulfo Cerón desaparecido y asesinado de manera injusta. Dejar en la impunidad su caso son señales funestas para los luchadores sociales que impulsan cambios sociales y el acceso a los derechos de los que menos tienen.
No pedimos un fallo a modo, sino que los jueces valoren objetivamente las pruebas, se ponderen los derechos del procesado y del defensor indígena Arnulfo Cerón Soriano, que los altos funcionarios del poder judicial saquen las manos del caso y que sean los jueces con absoluta independencia los que emitan sus respectivos fallos.
Ojalá no cometan el error de poner en libertad al grupo delictivo que impuso el terror en la Montaña, autor de más de treinta desapariciones y decenas de asesinatos y exfuncionarios municipales que lo solaparon.