A la memoria del valiente alcalde perredista Ambrosio Soto.

El asesinato del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto ha sido un acontecimiento que ha representado el extremo al que ha llegado la gravísima situación de violencia e inseguridad en nuestro estado. Este terrible acontecimiento se genera en el marco de una ola de violencia que parece imparable y que cada vez se hace más grave e intensa: tiroteos, secuestros, asesinatos, decapitados son acontecimientos cotidianos en las principales ciudades de la entidad, que cada vez son más frecuentes y mantienen atemorizada a la población.
La muerte del alcalde perredista resulta especialmente grave ya que él mismo había denunciado amenazas en su contra y solicitado protección a las autoridades estatales y federales quienes se hicieron de oídos sordos y lo dejaron a merced de la delincuencia organizada de la región. De nada sirvió su actitud valiente que buscó inútilmente evitar el sometimiento de la comuna al arbitrio de los delincuentes. La triste suerte que nuestro compañero Bocho sufrió parece mandar una señal en el sentido de que no queda de otra que someternos a la lastimosa realidad que vivimos en la que las autoridades responsables de la seguridad de la ciudadanía se encuentran completamente rebasadas.
¿Cómo ha sido posible que hayamos llegado a estos extremos de barbarie e irracionalidad? ¿En dónde extraviamos el camino en este estado de Guerrero? ¿Hasta dónde llegaremos en esta espiral de violencia e inseguridad? ¿Cuáles han sido los errores que hemos cometido y cómo corregir el rumbo, qué acciones se deberían tomar?
Sin duda existe responsabilidad de nuestros dirigentes y gobernantes cuando han subordinado los intereses globales de la sociedad a sus intereses particulares y de grupo. El realismo político, los pactos con los criminales, las ansias de llegar al poder a toda costa aun con oscuras alianzas, han sido factores que han tenido una fuerte responsabilidad en la situación actual. Pero sobre todo la corrupción tan terrible que facilita la penetración de las estructuras gubernamentales por quienes operan en la ilegalidad y erosiona las capacidades institucionales de combatir al crimen.
Desde luego que son justos los reclamos de las organizaciones y la ciudadanía hacia las autoridades, especialmente las estatales y federales, que son las que tienen la encomienda institucional de combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, la politización que ha sufrido la discusión sobre estos temas en los últimos días no trae nada bueno. Resulta patética la pretensión de alguno actores políticos del gobierno estatal y del Congreso de querer sentar en el banquillo de los acusados al presidente muniucipal de Acapulco o echar culpas a los gobiernos anteriores en vez de asumir sus responsabilidades y llevar a cabo estrategias y acciones que busquen atender estos problemas desde su raíz.
En vez de descalificaciones y ataques que tienen más un sentido politiquero, se debería convocar a un gran debate para reconocer e identificar los errores, ubicar acciones novedosas y tratar de corregir el camino pensando como sociedad en su conjunto, ya que los problemas acabarán afectándonos con gravedad a todos y las soluciones no son de ninguna manera triviales. Se requiere un esfuerzo especial de todos los actores políticos y un enfoque novedoso porque la ciudadanía ya no aguanta más esta terrible situación.