El último videoescándalo que pone en el banquillo de los acusados a los miembros del Consejo Estatal Electoral de Guerrero, pone en grave riesgo la confianza y credibilidad que con muchas reservas ha depositado la ciudadanía en una institución. El árbitro de las elecciones es ahora el que está siendo señalado como el que está jugando sucio y que por lo mismo, merece una tarjeta amarilla y si los hechos videograbados se corroboran con el órgano investigador, la tarjeta debe ser roja con el castigo correspondiente.

El sistema de partidos es uno de los grandes logros en el proceso de democratización que vivimos en nuestro país, que ha favorecido la construcción de un México plural, y que nos ha permitido entrar en un proceso de transición, donde la ciudadanía ha sido determinante en la configuración de los tres niveles de gobierno. El voto del ciudadano empieza a ser respetado y los órganos electorales han entrado en un proceso de ciudadanización. Este capital político es el esfuerzo de muchas generaciones, de muchas batallas y de muchos hombres y mujeres que perdieron su vida para alcanzar lo que nuestros ojos ven.

El nudo que se ha tornado en un obstáculo para avanzar en este proceso democratizador es paradójicamente el sistema de partidos por el monopolio que ejercen al interior de las estructuras estatales. Se ha ido conformando una partidocracia que se ha alejado de sus propios principios y valores y su identidad la ha desdibujado en aras de un pragmatismo craso, con el fin obsesivo de tener parcelas de poder y mantenerse dentro del presupuesto. La nueva clase política que en su mayoría no se ha forjado en la lucha social, se ha vuelto muy frágil para casarse con los grandes intereses del capital trasnacional y sin ningún recato da la espalda a la ciudadanía que la colocó en una situación de privilegio. Lo peor de todo es que los políticos se han vuelto comparsas de un nuevo proyecto neoliberal que sigue colonizando nuestro país, con la entrada de las trasnacionales y con la privatización de nuestros recursos naturales, reproduciendo clichés de que los postulados de la Revolución Mexicana son una vuelta al pasado populista, como si la justicia social en México hubiera llegado a todos los estados y regiones de México.

La ciudadanía ha quedado atónita ante tanto escándalo y ante tanta corrupción, por más que le ha apostado a otras opciones políticas, constata que la lógica de los partidos políticos es endógena, todo lo quiere para sí, se mueve en torno a intereses facciosos, sufre el síndrome del Príncipe. Esta actitud ha ido contaminando a las instituciones públicas que se ha ido corrompiendo porque los nuevos servidores públicos se deben no a la ciudadanía sino a los compadrazgos políticos, a las negociaciones de las cúpulas partidistas, a las cuotas de poder que en términos reales se transforman en cuotas altas de dinero. Nada es gratis en la alta política, todo tiene dividendos económicos.

Esta realidad inocultable ha hecho que la ciudadanía ya no sólo desconfíe de la policía sino del político y lo más grave es que hace que la relación con las autoridades se transforme en una relación mercantilista, interesada, turbia, de doble lenguaje, de palabras huecas y de compromisos incumplidos. Se ha ido contaminando también a vastos sectores de la sociedad corporativizada que para sobrevivir tiene que hacerse cómplice de las triquiñuelas de sus padrinos políticos, la corrupción suele ser el camino más fácil para tener buenas palancas dentro del gobierno. Esta subcultura es la que alimenta el autoritarismo y la violación sistemática de la ley, promueve la simulación y pone en entredicho nuestro sistema democrático.

La ciudadanía peligrosamente se ha ido alejando del único momento trascendente para decidir el rumbo de nuestros pueblos que son las elecciones. La última contienda electoral mostró el enfado y desencanto de los partidos y sus candidatos.

Hay una visión fatalista del proceso electoral. De muchos electores su motivación más fuerte es la de votar por el menos malo, el menos corrupto, difícilmente estará movido por el proyecto político que plantea el partido y su candidato o por el prestigio y confianza probada, de quien aspira a ser autoridad.

Se percibe que esto no sea una de las grandes preocupaciones de los partidos políticos, no hay tiempo para ello, toda la energía se concentra en las precandidaturas y candidaturas. No lo ven como un problema estructural que afecta gravemente la vida democrática de nuestro país, cualquier escándalo político lo aíslan y lo tratan de minimizar, buscando argucias jurídicas y posicionamientos políticos mediáticos que los hace aparecer como los guardianes del Estado de derecho y del sistema democrático.

El videoescándalo del Consejo Estatal Electoral nos obliga a reflexionar sobre el método como se eligen a los consejeros electorales, que para todos es conocido que es por cuotas partidistas, lógicamente que el consejero se debe al partido que lo propuso, es el alfil del ajedrez electoral, las lealtades políticas tienen que relucir en la toma de decisiones y se tienen que cuidar los intereses del partido y si sucediera lo contrario, el consejero quedaría desprotegido corriendo el riesgo de perder su trabajo. Esto no sucedió en el Consejo Electoral pasado porque hubo una buena sincronía con los partidos políticos y porque cumplieron con las formalidades del proceso electoral, pero qué golpe y qué frustración nos causó ver en pantalla y en cadena nacional de televisión a un ex consejero electoral promoviendo la corrupción sin tapujo alguno.

Esta lección no puede pasar desapercibida ni quedar impune para los guerrerenses, no podemos permanecer impávidos y dejar que el tiempo se encargue de borrar esas imágenes. Es un momento propicio para demandar a las autoridades competentes que invstiguen y que procedan conforme lo dictan nuestras leyes, es también la coyuntura apropiada para que el Congreso se comprometa a legislar tomando en cuenta las iniciativas de la ciudadanía, sobre todo es impostergable meter en agenda el tema de la reforma política y una nueva ley electoral que garantice su ciudadanización verdadera del órgano electoral, y que deje de ser un espacio monopolizado por los partidos políticos.