El día de ayer en el Congreso del estado votamos tres dictámenes con proyecto de decreto que reforman la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el estado de Guerrero, estas reformas se refieren particularmente a la asignación de la formula de candidatos a diputados de origen indígena o afromexicano, así como a la regulación de la violencia política en contra de las mujeres en razón de genero.
No es pertinente recurrir a un debate en torno a la argumentación técnica y jurídica que justifica y motiva los dictámenes aprobados a los que me refiero en el parrafo que antecede, por el contrario, merece la pena reconocer que la mayoría de los argumentos gozan de la pertinencia necesaria para fundamentar plenamente las reformas planteadas; aunque de igual forma es totalmente váido señalar, que existen dudas fundadas que podrían derivar en impugnaciones principalmente en cuanto a los derechos de los pueblos originarios se refiere. Los interesados, en su caso, podrán hacer uso del derecho que les asiste para recurrir a las instancias correspondientes y reclamar lo que corresponda, y nosotros acatar las consecuencias que de ello se deriven.
Mi argumento va principalmente en otros sentidos. El Congreso es una instancia plural y diversa, en donde lo deseable se remite a lo posible, a lo alcanzable; y en este caso, la voluntad política de todos los grupos parlamentarios y representaciones partidarias solo nos alcanzó fundamentalmente para concretar la homologación a la reforma federal en aspectos como la reelección sin la separación del cargo; la puntualización de los requisitos de elegibilidad; el registro de candidatos a diputados por ambos principios; el financiamiento para la capacitación de jóvenes; y los mecanismos y procedimientos para avanzar en la garantía de la paridad de género.
Quedan pendientes temas que por su naturaleza debieron promoverse bajo mecanismos e instancias adecuadas, pero que no resta en nada su importancia para haberlos promovido conjuntamente de haberse alcanzado los acuerdos en tiempo y forma, como es el caso de la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y el incremento del porcentaje mínimo para su registro y financiamiento.
Sin descalificar los avances en materias específicas plasmadas en estos dictámenes, la construcción de la democracia –en el proceso de la edificación de un nuevo régimen– ha quedado aplazada y ausente para el próximo proceso electoral local. Han quedado pendientes o incompletos –en el ámbito de nuestras atribuciones–, importantes temas alrededor de los derechos políticos de las mujeres, de los pueblos originarios; la estricta fiscalización del quehacer de los partidos políticos y los órganos electorales; la elección de ayuntamientos por usos y costumbres; la integración del Congreso y la reestructuración de fórmulas de asignación de diputados e integrantes de los cabildos, entre otros no menos importantes.
Al límite de los plazos legales, estas materias han quedado pendientes. Lo posible, al margen de la homologación a las disposiciones federales, ha sido avanzar en una concesión forzada para presentar candidaturas indígenas que no responde a la exigencia legítima del ejercicio pleno de los derechos de los pueblos originarios, y que se sustenta en alfileres jurídicos que podrían soltarse y dar paso a la judicialización y su impugnación ante la justicia federal. La poca voluntad política de los grupos parlamentarios y representaciones partidarias, se transformó en una omisión legislativa.
Y es que en el ejercicio de la política, la dinámica de discusión y búsqueda de consensos no ha logrado involucrar el entendimiento y comprensión de que vivimos una circunstancia histórica que nos exige a todas y todos, a propios y extraños, caminar en la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo régimen; y no lo digo desde la perspectiva de mi militancia, sino porque hay quienes piensan que las mayorías son para siempre y se empeñan en hacer leyes mañosas que terminan por actuar en contra de quienes tratan de hacer trampa.
El compromiso de contribuir a la transformación del país, no es un asunto de filiaciones partidarias; para todas y todos nosotros, como representantes populares, significa una responsabilidad ineludible que está sujeta al escrutinio público. Tenemos que reconocer que la aportación de este Congreso a la democracia, a través del diseño de un marco jurídico y legal que ofrezca a la ciudadanía confianza, certeza y seguridad jurídica en los próximos comicios electorales y contribuya a un ejercicio real de la democracia, ha sido insuficiente.
Votamos a favor, sí; pero no porque nos encante. Lo hicimos con la convicción de que no se trata de un debate por el todo o nada; asumimos con mesura, responsabilidad y tolerancia el resultado de los acuerdos alcanzados, muy a pesar de la exigua trascendencia ante la magnitud que representa el próximo proceso electoral para todas y todos los guerrerenses. No vamos a regatear la significación de la mayoría de las reformas aquí planteadas, pero tampoco vamos a caer en el discurso tan vano como artificioso de la exaltación de insuficientes avances como los grandes logros de la democracia. Menos cuando las mayorías ficticias, nutridas por la coerción y la amenaza, pretendan en este proceso arrogarse una legitimidad perdida ante la falta de ética y responsabilidad social.