No fue un acontecimiento menor el acuerdo del Cabildo en su sesión del 30 de septiembre que legaliza las invasiones en el anfiteatro de Zihuatanejo, considerado por el Plan Director de Desarrollo Urbano como área de reserva ecológica.

Es cierto que no hubo consenso en la decisión y que además de los votos en contra, se registraron abstenciones y marcadas ausencias en aquella sesión del 30 de septiembre del presente año. De todos modos vale destacar que la falta de consenso en esta decisión provino de miembros del partido gobernante, cuestión que manifiesta el alcance que tuvo la discusión pública que durante años han sostenido los ambientalistas que combaten la contaminación de la bahía y que aspiran a que Zihuatanejo tenga un desarrollo sustentable.

También es de reconocerse que, como lo ha hecho público, con esta aprobación en el cambio de uso del suelo, el presidente municipal paga una deuda que adquirió con los líderes invasores de predios, dejando como herencia a la nueva administración municipal y estatal la más importante fuente de contaminación que amenaza la salud de la bahía y el futuro turístico de Zihuatanejo.

Se dirá que el “cambio de uso del suelo” como elegantemente se dice, es legal y que el gobierno municipal ejerció sus atribuciones contenidas tanto en el Bando del Policía y Buen Gobierno, como en la Ley de Asentamientos Humanos, pero eso no quita que la decisión se haya tomado con criterios políticos y electorales cuando el problema se inscribe en el ámbito medio ambiental, de salud pública, de la economía y hasta en el del sentido común.

Hace ya dos décadas que la sociedad de Zihuatanejo está siendo alertada sobre las fuentes que provocan turbidez, contaminación, asolvamiento y modificación de las corrientes marinas cuyo efecto es visible ya en la falta de competitividad que ofrece el puerto y que se expresa el comportamiento del flujo de turistas extranjeros.

Desde hace dos décadas se ha hablado de la fragilidad del ecosistema de la bahía y del equilibrio ambiental que debíamos al cinturón verde que la rodea, y hasta se presentaron a los sucesivos gobiernos locales propuestas puntuales de vigilancia así como el destacamento de ecoguardas encargados de preservarlo frente a los invasores de predios, agricultores temporaleros, cazadores furtivos y comerciantes de plantas y madera.

Pero no, al paso del tiempo el mal de las invasiones propiciado por el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, dedicado más a especular que a urbanizar y desarrollar ordenadamente la ciudad, se convirtió en el mas rico filón para los líderes inescrupulosos que lucran con la pobreza de las familias y destacan en la política.

El anfiteatro de Zihuatanejo ha sido modificado drásticamente por efecto de las invasiones provocadas y alentadas por el Fibazi y los gobiernos municipales.

Ha sido la complicidad de los funcionarios de estos organismos lo que ha provocado el crecimiento urbano desordenado y hecho que el anfiteatro se convierta en la principal fuente de contaminación de la bahía.

En la historia de la ciudad ha quedado documentado este fenómeno de complicidades, incompetencia, corrupción y enriquecimiento de una casta local empedernida que se convirtió en el moderno latifundista urbano.

Es posible analizar por trienios el crecimiento de las invasiones cuyas oleadas van en correspondencia con las campañas electorales. El dato más fresco lo aportó el propio Fibazi a principios del presente milenio cuando censó 12 mil personas asentadas arriba de la cota 70.

El límite de crecimiento de la ciudad establecido a los 70 metros sobre el nivel del mar, no es una ocurrencia. Los técnicos en urbanismo y la gente común saben que más allá de esa altura, no sólo resulta incosteable llevar los servicios, sino que por las propias características orográficas del terreno, es incosteable construir con cierta solidez y decoro, una vivienda digna para las familias pobres.

Si la decisión de convertir una zona de reserva ecológica en colonias precaristas como las fabelas de Brasil y las chabolas centroamericanas, es posible que Zihuatanejo crezca en fama, pero seguro que no es lo que queremos la mayoría de sus habitantes.

No dudo que la felicidad del presidente municipal sea compartida por los líderes de las colonias que serán regularizadas; de lo que no estoy seguro es que los colonos pobres hayan sido contagiados con eso, y menos los funcionarios del Fibazi que si actúan con seriedad, no podrán regularizar fijando los precios de los lotes por debajo de lo que costará la inversión que estará obligado a realizar para que cada vivienda cuente con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje, pavimentación y recolección de basura.

Así, será el precio prohibitivo del suelo y la pobreza de los colonos lo que no hará variar la situación actual de contaminación, pero la tornará más crítica.

Recordemos que las familias pobres asentadas en terrenos irregulares compensan la falta de servicios con el ahorro de la renta, pero cuando se trate de pagar su terreno, aunque sea en cómodas mensualidades, postergarán gastos tan básicos como la construcción o mejoramiento de sus viviendas.

Aquí no hablaremos de los invasores profesionales que hacen de la ilegalidad su modo de vida esperando la regularización de sus lotes para comercializarlos. Tampoco lo haremos de quienes teniendo solvencia económica para comprar un lote, se embarcaron en la aventura de vivir en los cerros ante la falta de opciones de suelo urbano para vivienda.

Sobra decir que a la fecha ninguna autoridad ha dado a conocer el perfil socioeconómico de los invasores para prefigurar el comportamiento que tendrán al ver regularizados sus lotes. Es decir que a nadie nos consta que el cambio de uso del suelo haya sido una exigencia social para beneficiar a los más pobres. Más bien se antoja una decisión tomada a la medida de la ambición de los líderes de colonos, todos ellos con propiedades en las zonas regulares. Por eso, en vez de resolver un problema, la legalización de los asentamientos irregulares en los cerros, será otro incentivo más para nuevos asentamientos.

Cuando en el municipio el gobierno local anunció una consulta para el proceso de regularización de las invasiones por la vía de la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano, la organización ambientalista SOS Bahía, envió al presidente municipal y a los integrantes del Cabildo una propuesta sobre la iniciativa que después se hizo pública pero que no mereció siquiera un comentario de las autoridades.

Desde nuestro punto de vista la decisión inteligente para dejar a salvo de la contaminación a la bahía, consistía en no modificar el límite de crecimiento urbano y considerar en situación de excepción a todos los invasores, a los cuales, si bien no se les obligaría a bajarse de los cerros, les quedaría claro que jamás adquirirían derechos sobre el suelo, pero sí obligaciones. Si bien no podrían escriturar nunca sus solares, podrían quedarse en el lugar pero con la obligación de ocuparse de resolver el problema de sus desechos de manera ecológica para no contaminar más la bahía, y de convertirse en los responsables directos de vigilar y cuidar el entorno.

Así, otras medidas tomadas por el gobierno municipal y estatal dirigidas a promover el crecimiento urbano fuera de la cuenca de la bahía, construyendo infraestructura y dotando se servicios las vastas zonas casi planas que no requieren inversiones cuantiosas, podrían resultar atractivas para dejar los cerros, haciendo de ellas medidas eficaces como acciones disuasivas para los invasores.

De manera que la legalización de las invasiones en la falda de los cerros no sólo es mala noticia para los opositores a la medida sino, en general, para el medio ambiente.