Muchas veces me han preguntado si deben de existir las policías comunitarias; mi respuesta es sí, por una antigua tradición, pero siempre y cuando se apeguen a su espíritu original y a un nuevo marco legal.
El que hayan surgido tiene que ver con la existencia de policías municipales que en su gran mayoría no cumplen con las funciones de prevención del delito; y la policía del estado, que es una de las mejores evaluadas, es insuficiente y carece de los recursos necesarios en materia de infraestructura.
Hace muchos años conocí a la Policía Comunitaria; en 1996 cuando asumí el gobierno interino, les expresé mi simpatía y mi reconocimiento; les apoyé con algunos vehículos y la donación de 50 escopetas.
La labor que realizaban en aquel entonces dista mucho de la que hoy llevan a cabo. Siento pena al ver cómo varios de estos grupos han distorsionado sus nobles objetivos, pues hay quienes afirman que algunos de ellos se han coludido con grupos de la delincuencia organizada.
De acuerdo con el espíritu de la Ley 701, las policías comunitarias sólo pueden operar en comunidades regidas por usos y costumbres y no en municipios con población indígena minoritaria, como lo hemos visto en ciudades como Chilpancingo, Iguala, Teloloapan y el propio Acapulco.
El artículo 37 de esta ley reconoce la existencia de un sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Por tanto, aquellas que no estén bajo la tutela de la CRAC se encuentran fuera de la ley. Podemos afirmar que son muchas las que están en esta condición a partir de la fractura que se da en dicha coordinación hace ya algunos años.
Existen muchos vacíos en estos ordenamientos y sólo señalaré algunos:
1. La ley no establece qué tipo de delitos están permitidos juzgar hacia quienes cometen una infracción.
2. Tampoco se establece la permanencia de quienes son juzgados en cárceles o casas que son habilitadas para resguardar a quienes cometieron algún delito; no obstante la ley señala que deben de ser trasladados a las penitenciarías o cárceles más cercanas del lugar.
3. Asimismo, no se establece a cuántos kilómetros pueden salir armadas de sus comunidades de origen.
4. No se ha llevado a cabo un sistema de credencialización que cuente con el aval del Ejército mexicano a fin de evitar confrontaciones. Durante mi administración iniciamos un proceso para establecerlo, pero no estoy enterado si se le ha dado continuidad.
El Congreso del estado debe convocar a un gran foro a todas las organizaciones indígenas y a la sociedad en su conjunto para definir los criterios de una nueva ley que subsane estas deficiencias.
También es urgente que el gobierno federal apoye de manera más decidida a nuestro estado para erradicar la violencia que nos vulnera. La sociedad guerrerense debe también involucrarse en estas tareas, pues sólo unidos podremos enfrentar este cáncer que nos afecta a todos.

Del anecdotario…

José Francisco Ruiz Massieu me había invitado a colaborar en su administración. Me recibió en Casa Guerrero para ofrecerme la Secretaría de Desarrollo Económico. Le agradecí el gesto y le manifesté que me enviaba de un extremo a otro, pues hasta ese día fungía como secretario general de Gobierno.
Con la inteligencia preclara que le caracterizaba me dijo:
–No te preocupes Ángel, le vamos a agregar la responsabilidad de que coordines las juntas de Conciliación y Arbitraje y los diversos programas de fomento al empleo. Tu secretaría recibirá una nueva denominación, ahora será la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.
Muy rápido me convenció… La política es así.