Aunque haya sido constitucionalizada por el nuevo régimen, la puesta en marcha de la reciente Ley de la Guardia Nacional no implica seguridad alguna para la población ni contempla indicadores para medir su eficacia, tal como ocurrió con las fuerzas armadas en la guerra informal sin metas ni tiempos mesurables iniciada por Felipe Calderón. Implica, por el contrario, la continuidad constitucionalizada de una pedagogía del terror contra la población que inició hace 12 años.
Mientras en México se estima una cifra conservadora de más de 40 mil personas desaparecidas, la Guardia Nacional no está mandatada por ley para evitar dichas desapariciones forzadas, ni mucho menos para dar con sus paraderos –labor que continúan realizando las familias de los desaparecidos por todo el país con sus propias manos, literalmente; la Guardia Nacional está mandatada, en cambio, para buscar, eso sí, entre las mochilas de los usuarios del Metro de Ciudad de México. ¿Qué buscan? Porque dentro de esta lógica de despliegue discrecional de fuerzas armadas y adiestradas militarmente en las calles contra los ciudadanos, los principales sospechosos de los males de este gobierno vienen a ser activistas, defensores, periodistas, comunicadores, artistas y críticos del lopezobradorismo. Hay que catearlos y estigmatizarlos.
La Guardia Nacional no está mandatada para sofocar la violencia, el despojo y el desplazamiento contra los pueblos indígenas; la Guardia Nacional está mandatada, por el contrario, para realizar labores de contrainsurgencia en territorios indígenas organizados y con procesos autonómicos, como en las comunidades zapatistas en Chiapas y en el franco abandono y la mera contemplación pasiva en regiones asoladas por el crimen organizado, como en Chilapa, Guerrero.
La Guardia Nacional no está mandatada para garantizar la soberanía nacional; la Guardia Nacional está mandatada para garantizar más bien la soberanía de Estados Unidos al detener el flujo de hermanos migrantes centroamericanos en la frontera sur por presión de Donald Trump. La Guardia Nacional es el verdadero muro que prometió Trump. (Ver Artículo 9 de la Ley de Guardia Nacional, apartados XXXV y XXXVI).
La Guardia Nacional no está mandatada para reforzar la soberanía del territorio; la Guardia Nacional está mandatada para desmovilizar la organización y el rechazo contra los megaproyectos de la 4T de inversión extranjera en regiones como el Istmo de Tehuantepec, y garantizarle a esas empresas –las mineras canadienses, por ejemplo– la cómoda explotación de recursos en suelo mexicano y su instalación con grandes privilegios en las llamadas Zonas Económicas Especiales. Es decir: la Guardia Nacional no trabajará para los propósitos de un mero capataz de turno llamado AMLO, sino para los verdaderos finqueros ante los que éste se arrodilla: los grandes capitales nacionales y extranjeros.
La Guardia Nacional no está mandatada para respetar la libre organización y manifestación de la gente en vía pública a causa de injusticias o atropellos; la Guardia Nacional, como lo establece el artículo 21 de la Constitución relativo a la seguridad pública, está mandatada, paradójicamente, para convertirse en un órgano singular que se encargará de la investigación de delitos –cateos e incluso en internet–, una función sin sustento en lo relativo a la seguridad pública que llevarán a cabo militares. Y aún más. El apartado XXVII del artículo 9 determina el uso de la fuerza cuando “las situaciones impliquen violencia o riesgo inminente”. La ley no determina el concepto de violencia ni de riesgo. ¿Quién y cómo se determinan y se miden antes de que los militares de la Guardia Nacional decidan usar directamente la fuerza letal?
Pensemos en dos escenarios donde los elementos –militares– de la Guardia Nacional podrían abusar de esta discrecionalidad y abstracción: una manifestación pública de familiares de víctimas de esta guerra donde haya acciones directas y daños contra inmuebles –porque, ante la frustración y la inacción de los gobiernos, las hay–; o un escenario como el que vimos en Hidalgo en enero pasado, cuando la población se abalanzó a tomar combustible de un ducto perforado antes de que éste estallara. ¿Corresponde aplicar la violencia y la fuerza letal de la Guardia Nacional contra ambos grupos de civiles? La nueva ley no lo prohíbe, sino que lo encomia.
También paradójicamente, según las reformas al artículo 21, la Guardia Nacional, conformada por elementos de la Marina y del Ejército primordialmente –las principales instituciones acusadas de violaciones a los derechos humanos dentro de esta guerra que vive su tercer sexenio–, será la encargada de la observancia de los derechos humanos. Todo, vale recordar, dentro de un creciente contexto de homicidios dolosos, tortura y desaparición forzada sistemáticas.
Los antecedentes inmediatos de la Guardia Nacional son sus modelos ultraconservadores de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de Vicente Fox y la polémica, por decir lo menos, Policía Federal (PF) de Felipe Calderón, orquestadora de algunas de las violaciones a Derechos Humanos y masacres más dolorosas para el país en los últimos años. Los militares que conforman la Guardia Nacional no están educados para tratar con la sociedad civil, aunque en sus facultades esté la investigación de delitos y la detención de personas (artículo 7, apartados III y XIII). En la lógica miliciana, la meta de un operativo exitoso de guerra son siempre los blancos que hay que eliminar; por ello su letalidad en operativos en las calles es altísima. Y abundan, lo sabemos, los casos de los últimos años de detenciones efectuadas por militares donde los detenidos jamás vuelven a ser vistos.
No debemos olvidar que de la Ley de la Guardia Nacional emanó en sus normas secundarias de una simulación de procesos democráticos y métodos más bien autoritarios desde arriba: no hubo parlamento abierto para someterlas a debate. El camino hacia el autoritarismo está puesto para éste y los sexenios por venir. Nos toca organizarnos desde abajo para resistir.