Iniciativa. La Iniciativa Mérida (IM) enfrenta un gran reto: la ley del ciclo. Esa ley puede enunciarse así: al inicio de cada sexenio
Estados Unidos presiona al gobierno de México para llegar a algún acuerdo y dar la “batalla final” al narcotráfico. De buena o
mala gana, nuestro gobierno siempre tiene que aceptar la demanda y luego viene una etapa de planes y de entusiasmo en los
círculos de Washington; conforme el tiempo pasa ese entusiasmo disminuye hasta ser sustituido por la recriminación y la
desilusión. Con el nuevo sexenio, el ciclo vuelve a iniciarse. Siempre el disparador son las necesidades políticas internas de
Estados Unidos y el fracaso final se explica por la corrupción.
La IM implica una ayuda a México por mil 400 millones de dólares a lo largo de dos o tres años. El plan se delineó en noviembre
de 2006, cuando Felipe Calderón era aún presidente electo, y se reafirmó en Mérida en marzo del 2007. Ahora debe pasar la
prueba de su aceptación política en ambos países…y la de la realidad.
El primer cuestionamiento a la IM es saber si en verdad ha sido la falta relativa de recursos materiales del gobierno de México lo
que explica el fracaso reiterado de las políticas de combate a la producción y tráfico de drogas. El Banco de México, por tomar un
punto de referencia, tiene una reserva de 75.3 mil millones de dólares, por tanto la ayuda norteamericana en la IM representa
menos del 2% de nuestra reserva internacional. La falta de dólares no puede ser explicación adecuada; México podría financiar la
IM sin necesidad de abrir la puerta a la influencia de Washington. Un segundo cuestionamiento surge al examinar la agenda de la
mayor potencia del mundo; su prioridad no es el combate a las drogas sino al terrorismo islámico. Al unir los mil 400 millones de
dólares con las necesidades del donador, surge la sospecha que en la IM hay una agenda de seguridad no declarada, y que eso
explica que en Estados Unidos ve a la IM en términos que la información disponible no justifica: “cambio telúrico” e histórico en la
relación con México, (Washington Post, 23 de octubre). ¿Telúrico? ¿la IM el TLC de Calderón?
Drogas y algo más. Se asegura que la IM no implicará, como en Colombia, presencia de tropas norteamericanas pero sí de
asesores, ya que el acuerdo comprende helicópteros, aviones de observación, equipo de inspección y comunicación, software
más supervisión del reclutamiento y entrenamiento de policías y militares. Como sea, la injerencia política-policiaca-militar de
Estados Unidos en México, aumentará.
Se supone que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de México y esa es la razón formal del interés de
Washington en la IM. Sin embargo, si el súper crimen organizado –los cárteles del narco– ya ha rebasado a las instituciones
mexicanas, no es difícil suponer que también lo pudieran hacer las organizaciones del Islam radicalizado para usar la frontera
norte de México para posibles operaciones. La IM bien pudiera ser una política norteamericana de objetivos múltiples: acciones
contra el narcotráfico y apoyo a su seguridad nacional. Sin embargo, como por ahora no hay información pública sobre este
último aspecto, el análisis con datos sólo puede centrarse en lo evidente: en la acción contra los cárteles de la droga, aunque sin
desdeñar la posibilidad que ese frente sólo sea la punta de un iceberg.
Los antecedentes. En términos de narcotráfico y no de seguridad, la IM es sólo el último episodio de una larga y no muy digna
historia. Desde los años de 1950, Washington mostró preocupación por el aumento del ingreso de mariguana mexicana, pero
realmente fue en 1969 cuando abiertamente planteó una “guerra contra las drogas” como elemento relevante de su agenda
doméstica. Entonces, y mediante la Operación Intercepción –revisión fastidiosa de cualquiera que cruzara de México a Estados
Unidos–, Washington casi paralizó la vida transfronteriza y obligó a un Gustavo Díaz Ordaz humillado a sumarse a una política
diseñada por y para el presidente Richard Nixon.
En el inicio de la llamada “guerra contra las drogas”, los países objeto de la presión de Washington eran Turquía, México, Francia,
Vietnam, Tailandia y Luxemburgo. En marzo de 1971, ya con Echeverría, la opinión de Washington era que el esfuerzo binacional
estaba resultando en una gran cooperación “al más alto nivel” y que gracias a ello se había dotado a México de aviones y equipo
“hasta por un millón de dólares”. En 1973 este combate sería apoyado con un cambio institucional: la creación en Estados Unidos
de una nueva agencia, la Drug Enforcement Administration o DEA y con un gran presupuesto: ¡100 millones de dólares!. La
relación Washington-Echeverría en este campo empezó bien pero terminó mal. Con López Portillo y hasta 1980, la prensa
norteamericana reportó que la lucha contra el opio al sur de la frontera iba bien, pero dos años más tarde y en medio de la gran
crisis económica mexicana, se reveló que todo había sido un engaño, entre otras razones porque la policía de la capital mexicana
estaba dirigida por un ejemplo perfecto de corrupción: El Negro Durazo.
Para 1983 un nuevo presidente calificado como conservador y ajeno al “populismo”, Miguel de la Madrid, fue de nuevo la
esperanza de Washington. Sin embargo, esa visión se acabó en 1985 cuando los narcotraficantes, con la colaboración de
miembros de la Dirección Federal de Seguridad, secuestraron, torturaron y asesinaron a un agente de la DEA en México: Enrique
Camarena. No tardó en asegurarse que México exportaba más heroína y mariguana que nunca. Para abril de 1986 –para cuando
el negocio de la droga en México ya equivalía a mil millones de dólares–, se supo que De la Madrid había aceptado que
Washington monitoreara su programa de lucha contra la producción de drogas. Sin embargo, esa aceptación no le evitó una dura
crítica en el Congreso norteamericano, donde se exigió que oficialmente se declarara que México ya no era “un colaborador” en la
lucha mundial contra el narcotráfico.
El ciclo volvió a repetirse. En efecto, si alguien despertó un gran entusiasmo inicial en Estados Unidos fue Carlos Salinas. El joven
educado en Harvard se comprometió desde luego con un grupo de legisladores norteamericanos a “hacerle miserable la vida a los
narcos”. Estados Unidos anunció entonces un nuevo programa que volvería a proveer a México de helicópteros y entrenamiento
para sus agentes. Al final, la flotilla no sirvió para nada y, además, la DEA humilló a Salinas al secuestrar en 1990 a un médico
mexicano –Humberto Álvarez Machain– al que se acusó de haber mantenido vivo a Camarena durante las sesiones de tortura. Si
bien Salinas finalmente logró negociar el retorno de Álvarez Machain, en Estados Unidos se volvió a descubrir que México estaba
“fallando” en su acción contra el narcotráfico (The New York Times, 7 de agosto). Para entonces, el valor de las drogas en el
mercado mundial se calculaba en 500 mil millones de dólares. anuales. Luego llegó Zedillo, que también creó esperanzas al
prometer “una campaña de tierra arrasada” contra el narco, pero la esperanza se vino abajo en 1997 al descubrirse que el “zar
antidrogas” mexicano, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, estaba al servicio de uno de los cárteles de la droga.
De Vicente Fox y el régimen panista la historia, por muy reciente, es muy conocida. De nuevo el entusiasmo inicial en Washington
con el “ranchero demócrata” fue notable pero desapareció cuando la violencia del narcotráfico alcanzó niveles nunca vistos. Los
cárteles descubrieron y humillaron al gobierno con la fuga de El Chapo y con miles de ejecuciones casi públicas, donde
emplearon como sicarios a los célebres zetas, ex miembros de cuerpos especiales del Ejército entrenados por Estados Unidos.
Conclusión. La historia de la IM puede ser distinta de la de sus antepasados, pero hasta ahora no hay sustento para ello; no hay
nada nuevo respecto de lo que ya fue. La demanda imbatible por las drogas, el poder corruptor de los cárteles, la debilidad y
corrupción de las instituciones mexicanas y la presión norteamericana se han combinado para meter a México en un círculo
infernal, que hoy se complica al añadirse el tema de la seguridad del vecino del norte.
La falta de información sobre el alcance de la IM en materia de seguridad norteamericana debe mantenernos en guardia. En este
caso, la obligación ciudadana es exigir información sobre los compromisos adquiridos por el gobierno frente a Washington. Los
mil 400 millones de dólares podrían resultar un miserable plato de lentejas si son intercambiados por una mayor limitación de la
soberanía mexicana.