Si México fuera una democracia, tendría una cultura jurídica que le diera sustento a su orden democrático, pues no hay democracia plena sin un Estado de derecho. Afortunadamente para el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, para la coalición Por el Bien de Todos, para su candidato Andrés Manuel López Obrador, para los autores intelectuales y materiales del megaplantón en la ciudad de México y para muchos de los que ahí participan, somos todavía un país de carcajada donde la ley se usa a discreción y forma parte, sobre todo, del folclor nacional. De otra manera, más de 17 violaciones a la Constitución, a los códigos penales federales y del Distrito Federal, a la ley electoral y a la de responsabilidades de funcionarios públicos en que incurrieron colectivamente, les significaría juicio político, destitución, pérdida de registro de candidatos, multas por 10 mil días de salarios mínimos y cárcel hasta por nueve años.
La parte más clara de la picota la tiene Encinas, un político de buena trayectoria que está atrapado en el sitio lópezobradorista donde el primero que recule al radicalismo es ajusticiado. En su balance debe pesar más esa lealtad o ese temor a la guillotina de su candidato, acompañado con la certeza de que en este país lo anormal es cumplir la ley, por lo que es irrelevante que él la viole pues no habrá poder alguno que lo sancione. Razones habría, de sobra, pues el jefe de Gobierno es el principal violador de leyes a propósito del megaplantón. El más importante que vulnera es el 11 constitucional, que se refiere a la libertad de tránsito, pues incumple su función de ser garante que ello suceda. Al hacerlo, incumple las obligaciones en los artículos 8 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que procede un juicio político por el cual podría ser destituido. Otro artículo constitucional que viola es el 5, sobre la libertad de trabajo. Al avalar con los bloqueos a bancos y con la crisis económica derivada del plantón –que redundó en despidos y cierres de pequeños negocios–, privó a los trabajadores de su trabajo.
No es lo único. Encinas y otros funcionarios del gobierno capitalino están violando el código penal federal al facilitar recursos y medios para apoyar a la coalición en el megaplantón. Por ese delito del artículo 407, alcanzarían hasta 400 días de salario mínimo de multa y nueve años de prisión, que es una pena similar por la violación del artículo 412 por hacerlo “a sabiendas”, como el mismo Encinas declaró que respaldaría asumiendo todos los costos que ello implicaba. Por estas mismas razones violó el artículo 214 de ejercicio indebido de servicio público, además del 8, por haber incumplido sus funciones de cumplir “con la máxima diligencia” el servicio que le fue encomendado. Como ejemplos bastaría señalar la ruptura del orden, la violación de las garantías individuales de los ciudadanos afectados por el megaplantón, el respaldo de la policía para el mismo y, por si no fueran suficientes los agravantes, la participación en turnos de trabajadores del gobierno capitalino en el mismo con el financiamiento colateral, lo que, adicionalmente, los llevaría a fincarles responsabilidades por el delito de peculado, dispuesto en el artículo 223 del Código Penal Federal. Visto de una manera grotesca, Encinas se dio un golpe de Estado como gobernador del Distrito Federal con el único propósito de cortarse la cabeza.
La paradoja de todo es que no puede enmarcarse la ciudad de México dentro de la ingobernabilidad. No hay un grupo fuera de la ley que controla la vida de varios millones de capitalinos todos los días, sino los responsables de aplicar la ley, quienes lo hacen de manera geográficamente discrecional. Sólo hay ingobernabilidad donde lo desean y cuando lo desean. En ello, solaparon las violaciones que en sí mismo, cometieron los autores intelectuales y materiales del megaplantón. Quienes ahí están violaron el artículo 165 del Código Penal Federal por paralizar en parte el libre tránsito, que los haría merecedores de multas hasta de 10 mil días de salario mínimo y cárcel hasta por nueve años. Infringieron también el 185 al impedir la prestación de servicios públicos, el 331 por hacer lo mismo con el transporte público, y el 343, la ocupación de áreas verdes, que es un delito considerado grave con penas de prisión hasta de nueve años. No es menos importante otra violación, al 221, por estar utilizando de manera ilegal la energía eléctrica.
Aunque hay decenas de ciudadanos que por su propia voluntad se han sumado a la protesta, el megaplantón tiene una estructura netamente partidista, y quien recorre las carpas políticas sobre Paseo de la Reforma puede apreciar en las tiendas de campaña las fotografías de diputados y senadores electos –a quienes López Obrador encargó parte de esa protesta–, y de los líderes del partido o, participando directamente en las actividades diarias, o afinando todo el tiempo la organización. Ellos también violan el artículo 412 del Código Penal Federal, que establece prisión de 2 a 9 años al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas, aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios, sin otorgarles la libertad provisional.
No sólo los dirigentes perredistas estarían en problemas en un país de leyes. Todos los partidos de la coalición, el PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo, incurrieron en la violación del artículo 49 del Cofipe, que establece la prohibición de desvío de recursos de los contribuyentes –pues es dinero de impuestos que les entregan a los partidos vía IFE– para cualquier tipo de actividad fuera del sostenimiento de sus actividades ordinarias. Aunque podrían alegar que la resistencia civil postelectoral incluye el magaplantón, difícilmente un Estado de derecho les quitaría la sanción establecida en el artículo 269, con una “amonestación, multa, reducción o suspensión de sus ministraciones, suspensión o cancelación de registros como candidatos”, fundamentadas en el artículo 38 que les exige conducir sus actividades “dentro de los cauces legales, y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios de Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos”.
Pero no tienen de qué preocuparse las personas más legalistas dentro de la coalición o entre sus simpatizantes. Este fue sólo un ejercicio retórico pues no importa qué tan sustentada pueda estar una violación a la ley, ni qué tan sistemática es su vulneración, no pasará nada. Hay un México que aspira a tener un país de leyes, pero hay un México, evidentemente más grande, que suspira por mantener la ley dentro de los parámetros de los regímenes autoritarios: se aplica únicamente a los enemigos; con los amigos y los adversarios políticos, se negocia. Para eso sirve aquí la justicia, como divisa de cambio.
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