Si en las alturas hubiera estadistas, estarían muy preocupados por todo lo que está ocurriendo: la rotunda derrota electoral del PRI, la grosera campaña del clero por el matrimonio gay, los ladridos histéricos de Donald Trump, la corrupción e impunidad de funcionarios de todos los niveles, la tontería de voltear contra la sociedad la ley 3de3, la pérdida de soberanía sobre amplias zonas del país en manos del crimen organizado y, como ineludible telón de fondo, el movimiento magisterial.
La muy onerosa campaña desatada contra los profesores ha logrado engañar a algunos sectores sociales, especialmente en las zonas más despolitizadas del país donde todavía no es muy notoria la rebeldía magisterial, aunque ya existan movilizaciones que no han podido impedir los charros del SNTE.
Lo ocurrido ahora en Nochixtlán, Oaxaca, es un paso más en la escalada contra los profesores, mantenidos en indignas condiciones laborales, marginados de las políticas educativas y sometidos a un régimen de terror según el cual, o aceptan las humillantes medidas de la mal llamada evaluación o sencillamente serán despedidos, violando, con la alcahuetería de la Suprema Corte, el muy elemental derecho al trabajo.
Por supuesto, las autoridades, como siempre, tiran la piedra y esconden la mano confiados en la desmemoria popular. Le apostaron al olvido en el caso de la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa, pero se equivocaron y el asunto sigue vivo, clavado en la conciencia del país y con fuertes resonancias internacionales.
Ahora, como si no hubiera ya suficientes problemas, se produce la criminal agresión de la policía federal contra el pueblo de Nochixtlán, porque se debe remarcar que los uniformados dispararon en forma indiscriminada contra la gente, en la que había hombres, mujeres, ancianos y niños, pues era día de plaza y al iniciarse la refriega los comerciantes se solidarizaron con los manifestantes agredidos por la fuerza pública.
Por lo menos ocho muertos y decenas de heridos fue el trágico saldo de la agresión policiaca y es preciso insistir en que se trató de una agresión contra la población civil. El jefe de la corporación policiaca salió con el cuento de que sus muchachos eran las víctimas, pero las fotos y videos desmienten esa versión, pues los uniformados, sin parapetarse, parados a media calle, disparan contra la gente, a malsalva.
El gobierno ya prometió una investigación que seguramente desembocará en la detención de algunos pobres diablos entre los cuales no estará, por supuesto, el secretario de Educación, que ha hecho grandes méritos para situarse en esa categoría, empeñado en imponer a sangre y fuego una reforma absurda, acordada a espaldas de los profesores y en contra suya.
Ninguna ley puede ser un Moloch ante el cual se sacrifiquen los derechos de la sociedad. Diversas corrientes filosóficas justifican la rebelión contra las leyes injustas. Y este es precisamente el caso, pues crece la convicción de que la tal reforma fue elaborada por los organismos financieros internacionales, interesados en desmontar sistemas educativos que, como el mexicano, tienen profundas raíces históricas que, pese a todos los pesares –que son muchos– orientan la enseñanza en un sentido popular, solidario, progresista, laico y patriótico.
Pero ya se sabe que para la ideología neoliberal y los gobiernos a ella sometidos, la noción de patria es un cacharro despreciable, un trasto inútil que se debe mandar al cuarto de los trebejos. Carlos Monsiváis, refiriéndose a esas autoridades, hablaba de la primera generación de gringos nacidos en México. Ya vamos en la segunda o tercera.
Por supuesto, hace muchos años que la educación está urgida de una reforma profunda y general para evitar que se agudice su deterioro. Pero las políticas educativas han ido en sentido contrario con el fin de lesionar la educación pública y abrir mercado a la privada, especialmente en el nivel superior, en la que dos de cada cinco estudiantes tienen que pagar por sus estudios en universidades patito.
Una reforma digna de ese nombre tendrá que basarse en el interés popular y contar con la participación decisoria de los maestros. Insistir en que la letra con sangre entra y que a balazos se impondrá la actual reforma puede arrastrar al país a la violencia sin control, el enfrentamiento fratricida y el desastre generalizado. México merece otra suerte. Tomen nota el secretario de Educación y sus jefes.