Una banda de jóvenes toca sin cesar desde hace tres días frente a la tumba de sus antepasados, los fundadores de La Sabana. Los secunda el rezo quedo de un anciano que lleva entre sus nudosas manos morenas flores amarillas, se agacha lento para encender un par de velas. Los músicos hacen sonar fuerte la tambora cuando entonan Un puño de tierra y Las golondrinas justo donde yace Maurilio Ignacio Gálvez, muerto por allá de 1930 –dice la cripta– luego de haber fundado este pueblo tlapaneco que desde hace más de un siglo vive entre la zozobra, entre la tensión provocada por la disputa de tierras con sus vecinos de Moyotepec y que en la última semana escribió otra página triste en esta historia de la hermandad indígena rota.
Félix Lorenzo Espinosa, hombre curtido, de 65 años, requemado por el sol y el frío penetrante que en tiempos de lluvia se hace sentir en esta zona de La Montaña, explica que la música y los rezos son un acto de fe al que han tenido que recurrir para intentar detener el conflicto agrario con sus vecinos de Moyotepec, quienes reclaman la posesión de 456 hectáreas de tierra boscosa y fértil para el cultivo de maíz y papa. El rezo y la música no tienen para cuándo, dice Félix, pues acabará hasta que se resuelva el lío. “Ojalá que por fin se acabe el conflicto”, vuelve a decir con la voz prendida de un delgado hilito de esperanza cinco días después de que se enfrentaron a balazos con sus vecinos.
El sábado 25 de agosto, indígenas tlapanecos de El Capulín y de Moyotepec (pueblo que pertenece al núcleo agrario de Ocoapa), intercambiaron disparos por más de 30 minutos al amanecer. Por fortuna nadie perdió la vida. Este suceso se suma a los cientos que han marcado un crudo antagonismo porque ambos se han declarado dueños de las 456 hectáreas y hasta el momento las instancias encargadas de resolver en definitiva el problema se han visto más que rebasadas, consecuencia de ello fue la retención de ocho policías estatales horas después del enfrentamiento, que estando asignados en la zona de conflicto para evitar cualquier agresión, no cumplieron con su responsabilidad, según dieron a conocer campesinos del núcleo agrario de Tlacoapa (al que pertenecen El Capulín y La Sabana) durante una visita al lugar el pasado jueves, el mismo día que fueron liberados los agentes, ilesos sin rastro de agresión alguno.
Reunidos en la explanada de la escuela primaria de La Sabana –que ha suspendido las clases debido al conflicto–, más de 400 campesinos de Tlacoapa acordaron la liberación de los policías, pero también dejaron sentir un amplio reproche a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y al gobierno del estado, pues consideran que su intermediación en el conflicto no ha contribuido en la solución pacífica tras varias mesas de negociación que han entablado, por ello el mensaje fue claro: “Ya no hay propuesta de nuestra parte, porque ya tomamos nuestras tierras y si hay alguna indemnización que se la den a los de Moyotepec”, dice el presidente del comisariado, Ismael Galeana Sixtos, cuando sintetiza la postura de los suyos.
Mientras Moyotepec respira una tensa calma. Sólo una media docena de hombres vigilando con binoculares en mano al pueblo vecino, son señal de que también están alertas, preparados, dispuestos a defender lo que dicen que les pertenece. Andan de huarache y sin machetes, un poco huraños al diálogo con los pocos reporteros que acuden hasta su pueblo para preguntarles en qué va a acabar este conflicto agrario que la SRA insiste en minimizar cuando lo clasifica con el grado de “foco amarillo”. La posición encontrada con Tlacoapa dice otra cosa. Augura lo peor: “La gente de Moyotepec está decidida, está dispuesta a hacerles frente”, expresa con voz fuerte Miguel Acho Martínez, bajito de estatura, carácter recio.
Explica a detalle que cuando afirman que son dueños de las 456 hectáreas, lo hacen con base en un plano que data de 1883 y que la SRA en el 2000 reconoció como oficial. Exigen que se respete “en definitiva” el plano o de lo contrario, advierte, ya no vamos a ceder más, vamos a hacer que se respete.
Este viernes Moyotepec amaneció con un cielo nublado. Aquí parece que el conflicto se sobrelleva con la cotidianidad. No se suspendieron las clases ni en el kínder, la primaria y la secundaria. Las mujeres andan en sus casas atendiendo los quehaceres y los niños campantes juegan y corren sobre las calles trazadas en veredas de pasto y algunos alcatraces. Los hombres del pueblo se dejan ver poco. Miguel Acho justifica la ausencia en una estrategia de defensa, pues al igual que Tlacoapa, dice que están listos “para lo que venga”.
Así transcurre la vida de ambos pueblos mientras que desde las autoridades la reacción se limita a reconocer como “grave” el conflicto. Los últimos acontecimientos entre El Capulín y Moyotepec, nos obligan a reflexionar una vez más en torno a la responsabilidad y el papel de las autoridades federales y estatales en los conflictos agrarios, pues por regla general estas disputas tienen su origen en la irresponsabilidad de las autoridades agrarias que empalmaron planos territoriales de distintos ejidos y comunidades o en su defecto en la política de administración y no de solución real de los problemas por la tierra, la cual origina el crecimiento histórico de los conflictos, ante la incapacidad de las autoridades por plantear soluciones jurídicas y sociales adecuadas para las partes.
La polarización de los actores en disputa y las agresiones físicas se gestan en las instituciones, con las autoridades responsables que actúan con indiferencia, insensibilidad, ineficacia y simplismo para atender y resolver los conflictos agrarios. Ellas se han encargado de que la población indígena les pierda el respeto y la confianza por sus actuaciones burocráticas, negligentes, impositivas y de poco compromiso para resolver de manera pacífica los conflictos.
En La Montaña no existe personal capacitado para comprender la historia y dinámica de los conflictos agrarios, la influencia de los factores étnicos que interfieren en la confrontación, la visión que los comuneros y ejidatarios tienen del conflicto, sus códigos lingüísticos y sus normas protocolarias para desahogar los asuntos. Todos estos elementos se ignoran, no forman parte de la estrategia de las autoridades que buscan la conciliación. Prevalece el sentido práctico y mecanicista para resolver el conflicto, importan más los aspectos técnicos, jurídicos y económicos que los sociales y culturales. Los documentos reconocidos oficialmente tienen preeminencia sobre los testimonios orales y las razones históricas de las partes en conflicto.
No se entiende que para los pueblos indígenas y campesinos la lucha por la tierra, es la lucha por la vida. La administración del presidente Vicente Fox se ha caracterizado por clasificar los conflictos agrarios en focos rojos y amarillos, y por invertir partidas presupuestales que se ofrecen a las partes para que renuncien a sus pretensiones, dejando de interpretar los factores históricos, culturales y sociales que han exacerbado los conflictos hasta la muerte.
En el año 2003 la Procuraduría Agraria, en su informe oficial, reconoció en la región de La Montaña 45 conflictos agrarios, cinco de ellos considerados de alto riesgo. Sin embargo el correspondiente a las comunidades de El Capulín del núcleo agrario de Tlacoapa y Moyotepec del núcleo agrario de Ocoapa, no figuraba en su análisis de peligrosidad, a pesar de tener 128 años de historia la disputa de las tierras. Al parecer es necesario que la violencia extrema se destape para que los criterios de riesgo inminente de las autoridades agrarias se apliquen a los casos en concreto y ameriten la intervención urgente de la Secretaría de la Reforma Agraria.
En efecto, en el referido informe de la Procuraduría Agraria sí se encontraba el conflicto por límites de tierras entre El Capulín y Moyotepec, sin embargo su calificación de riesgo era “medio”, al parecer parámetro insuficiente para que la Secretaría de la Reforma Agraria lo atendiera de inmediato. Tuvieron que pasar tres años y recurrentes invasiones en donde se quemaron casas, se desalojaron pueblos y se crisparon al límite las hostilidades como sucedió en esta última semana en la que ambos pueblos estaban dispuestos a dar su vida por la tierra, para que el conflicto agrario obtuviese los reflectores que amerita en su atención.
El presente caso pone de manifiesto una vez más, la estrategia de administración de conflictos que han implementado las autoridades de los dos niveles de gobierno, el federal y estatal. A pesar de que hay que reconocer la existencia de un intento para resolver de forma dialogada el problema, el mismo fracaso, justamente por no analizar el conflicto de fondo y ante ello hacer propuestas de soluciones que se ajusten a la dimensión estructural de la disputa. Hoy en día las autoridades se han alejado de las partes, y lo que es peor aún han perdido credibilidad frente a los pueblos. Probablemente tenga que generarse una vez más la violencia para que las autoridades se vean obligadas a intervenir de nueva cuenta y de manera adecuada, aunque de antemano las partes en conflicto ya no observan en ellas a un actor con la suficiente legitimidad para contribuir en la conciliación, pues en los hechos poco es el esfuerzo que han realizado para acreditarse esa característica. El lío entre Moyotepec y El Capulín así lo demuestra.