Los cambios que estamos viviendo en el país son la mejor enseñanza sobre el funcionamiento del aparato del Estado capitalista. La democracia que hemos conquistado nos permite mirar con claridad cómo las contradicciones que se generan en el nivel de la economía se pueden resolver mediante cambios radicales debido a que la sociedad ha madurado.
En la superestructura del Estado, en el nivel ideológico, jurídico y político que sirve para hacernos creer que las cosas no pueden ser de otra manera, se manifiesta todo el armazón que sostiene la estructura del Estado, terreno en el cual están claras las contradicciones que solo pueden resolverse con el cambio, a veces radical, dependiendo del grado de madurez que haya alcanzado el desarrollo de las fuerzas productivas.
De ahí la importancia del ambiente democrático que estamos viviendo porque permite que veamos expuesto cada hecho social en su origen y desarrollo para influir en él y resolver sus contradicciones mirando hacia adelante, avanzando en la liberación de la clase explotada.
De manera nítida han quedado exhibidos los aparatos político, jurídico e ideológico como diseñados para servir a la clase privilegiada, (INE, Trife) los cuales requieren ser cambiados porque es una exigencia de esa sociedad que ha madurado.
Pongamos al caso del outsourcing o las subcontrataciones, mecanismo que la burguesía inventó para robarle a los trabajadores sus derechos laborales, su antigüedad, seguro social, y para evadir el pago de impuestos, haciendo aparecer como ventajosas esas contrataciones individuales al margen de la protección sindical sin importar que el trabajador desconociera el nombre de la persona moral que lo contrataba.
En la época en que apareció el outsourcing había una campaña contra los sindicatos a los cuales se hacía ver como obstáculo en la relación obrero-patronal que dificultaba el acceso de los trabajadores para ocupar una plaza laboral. El outsourcing le permitía a los trabajadores ahorrarse el pago de la cuota sindical sin reparar que asumía el papel de moderno esclavo en la fábrica sin prestaciones ni antigüedad.
De manera que en vez de poner nuestra mirada en la incapacidad intrínseca que tiene el capitalismo para dar empleo a toda la mano de obra desocupada porque le interesa contar con su propio ejército industrial de reserva, nos pareció que el problema del creciente desempleo era efectivamente por causa de los sindicatos que abundaban en la ineficiencia de los trabajadores a los cuales mejor les convenía contratarse por su cuenta.
Se trata de 4.5 millones de trabajadores mexicanos que laboran bajo esas condiciones de moderna esclavitud porque tuvieron que renunciar a sus derechos constitucionales y prestaciones sociales frente a los poco más de 54 millones que conforman la fuerza laboral.
Nuestro país figura en el cuarto lugar mundial en este tipo de subcontrataciones después de Estados Unidos, China y Japón, lo cual nos hacía atractivos para los inversionistas sin escrúpulos que buscan evadir lo más posible sus obligaciones.
Nadie veía el bajo nivel salarial frente al mundo y a la región porque incluso en los países de Centroamérica el salario de los trabajadores sigue siendo más alto que el pagado en Mexico.
Fue hasta que la situación de los trabajadores en esas condiciones se hizo insostenible dejando expuesta la ilegalidad de las empresas dedicadas a esa práctica evasora de impuestos que ahora han conseguido aplazar sus ajustes para terminar con dicha práctica lesiva a los derechos laborales.
El otro caso ilustrativo y muy sentido de la sociedad es el referido a la escasez del gas doméstico y su vertiginoso aumento de precio. En Zihuatanejo de 11 pesos por litro que pagamos antes de la pandemia aumentó su precio a 15 pesos, casi el 50 por ciento en un mes.
Los consumidores pagábamos el combustible sin protestar y tampoco sin preguntarnos la razón del aumento aún a sabiendas de que somos productores de gas, pues suponíamos que el aumento en el precio se debía a que las empresas gaseras importaban el producto en un mercado donde no existe el control de precios.
Pero a partir de que tenemos un gobierno que se ocupa de atender y resolver los problemas sociales, no de justificarlos ni encubrirlos, quedó expuesto el problema originado, no tanto por las fuerzas de la oferta y la demanda, sino por la disputa ilegal y el control monopólico de ese producto para imponer los precios a su antojo. Se trata de cinco empresas con prácticas monopólicas que están prohibidas por la ley las cuales operaban con toda impunidad asaltando a las familias indefensas.
Ante esa situación el gobierno federal decidió establecer un control quincenal de precios máximos a que se puede vender mientras entra en operación Gas Bienestar, la empresa que operará Pemex para estabilizar el precio.
Así la medida radical del gobierno de intervenir para controlar el mercado, terminando con la falacia de que lo mejor para la economía es dejar en manos de la oferta y la demanda el problema de los precios, ha tenido un amplio respaldo popular parecido al que se mostró en el combate al huachicol.
Lo más interesante de todo esto es que las medidas aplicadas para solucionar de raíz los problemas mencionados no han requerido mayor endeudamiento con el extranjero porque tenemos finanzas sanas y un gobierno austero.
Hay otros ejemplos de cómo las transformaciones de la 4T van abriendo paso a una situación de bienestar que la sociedad mexicana no conocía porque era tan grande el dominio político e ideológico sobre nosotros que nos parecía imposible modificarlo. Nos quedábamos siempre en el nivel de la protesta, la indignación y la queja, frustrados por no encontrar una salida justiciera.
Pero la lucha contra el huachicol nos empoderó, reforzó la idea de que con la participación colectiva para presionar el cambio da resultados. Ninguno de los poderes fácticos, ninguna mafia ni la mayor coalición de las fuerzas políticas opositoras pueden más que la decisión de los millones de ciudadanos dispuestos a continuar los cambios para una vida mejor sin que nos importe la opinión en contra del PAN, PRI y hasta el PRD, quienes sostienen que el proyecto no está sustentado, que se requerirá subsidiar a la nueva empresa con recursos públicos y que es una ocurrencia del presidente, pero los hechos les harán cambiar de opinión si quieren seguir representando algo.
Como estos casos hay otros más que en el nivel económico están llegando a la madurez de sus propias contradicciones las cuales pueden resolverse a favor de la sociedad.