El 29 de octubre de 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a los padres y madres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados, heridos y los 43 desaparecidos, firmó una minuta de 10 puntos, donde se comprometía a profundizar y rediseñar el plan de búsqueda con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Es importante resaltar el tercer punto del acuerdo en el que se expresa claramente que la Procuraduría General de la República “continuará brindando todas las facilidades y apoyos al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), habilitados ya en la investigación como peritos, para que puedan ejercer con prontitud, seguridad y certeza el proceso de identificación de todos los hallazgos que requieran pericial en la materia de especialidad de dicho equipo”. El quinto acuerdo reza lo siguiente: “La Procuraduría General de la República se compromete a garantizar el debido proceso en el marco de las leyes aplicables, así como a continuar facilitando la coadyuvancia de las personas que en la averiguación previa tienen reconocida dicha calidad… La procuraduría General de la República continuará realizando todas las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda y detención de aquellas personas que conforme a la investigación se encuentren involucradas y cuyas órdenes de detención en caso urgente, arraigo, aprehensión o cualquier otra se encuentre vigente y que justifique la restricción de la libertad personal”. El numeral seis reitera que “en el ámbito de su competencia, la Procuraduría General de la República y las dependencias del Ejecutivo federal, se comprometen a investigar las posibles conductas cometidas por cualquier persona en relación a los hechos materia de esta minuta, para evitar cualquier tipo de impunidad”. Al final de los diez puntos de la minuta firman Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Jesús Murillo Karam, procurador general de la República; Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico de la Presidencia; Aurelio Nuño Mayer, jefe de la oficina de la Presidencia de la República.
Este documento fue firmado cuando ya Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR había realizado su propia indagatoria en el río San Juan, municipio de Cocula, el 28 de octubre, llevando consigo a uno de los inculpados, Agustín García Reyes. La misma nota de El Sur del día 29 de octubre da cuenta de la presencia de Tomás Zerón en el río San Juan: “Cerca de las 2:30 de la tarde de ayer, el agente de investigación criminal Tomás Zerón , bajo el resguardo de marinos, descendió en helicóptero en el campo de futbol de la colonia Vicente Guerrero de Cocula, adonde llevaron a un hombre detenido. En la operación participaron unos 40 soldados de la Marina armados, quienes recorrieron la zona en busca de los 43 normalistas desaparecidos, entre la colonia Vicente Guerrero y la comunidad de Puente Río San Juan de Cocula. Se vio que los Marinos llevaban a un hombre detenido, de unos 35 años, delgado, de aproximadamente 1.70 de estatura y al cual cubrían con una chamarra ante los reporteros… En el puente se vio al titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón custodiado por efectivos de la Marina, el cual tomaba algunas fotos de prendas de vestir abandonadas a las orillas del río”.
Para el GIEI este hecho es muy revelador porque muestra a un alto funcionario de la PGR actuando de manera irregular en hechos sumamente delicados. Después de un análisis minucioso de los videos y fotografías que obtuvieron de periodistas independientes concluyeron que las imágenes del área del río San Juan del día 28 de octubre muestran una fuerte actividad de servicios periciales, PGR, Marina, incluyendo la presencia del jefe de la Agencia de Investigación Criminal y el subdirector de Servicios Periciales. Al escenario es llevado uno de los inculpados Agustín García Reyes, que al día siguiente realizaría la inspección del lugar una vez encontrada la bolsa en la mañana del día 29. Lo grave del asunto es que no hay ninguna constancia de dichas acciones que obren en el expediente.
De acuerdo con la investigación del GIEI, el detenido tenía, según el segundo informe médico realizado, 11 horas antes de ser llevado a dicho lugar, 30 lesiones externas, hematomas, excoriaciones y costras hemáticas, a pesar de que la detención fue pacífica y un primer informe médico de la Marina horas antes de ese segundo informe no revela lesiones.
La PGR realizó una inspección del río con un equipo forense, de fotografía y video, y recogió evidencia de la orilla de la zona, incluyendo restos óseos. De esas evidencias y actividades no existe ninguna constancia en el expediente. Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense manifiesta que regresaba en ese momento del basurero y no pudo pasar por el camino paralelo al río, justo en el momento en que un forense y varios colaboradores de la PGR se encontraban trabajando e inspeccionando el cauce, recogiendo evidencias y resguardándolas en una bolsa. Ninguna comunicación sobre estos hechos se realizó con el EAAF al que según su testimonio, un miembro de la PGR reclamó que “trabajan poco y bajan muy temprano del basurero”.
Todos estos hechos sucedieron en la tarde del día 28, entre las 14 y las 18 horas. Al día siguiente a las 9 de la mañana un buzo de la Marina encontró la bolsa con restos óseos en el mismo lugar, exactamente en las mismas coordenadas donde el día anterior estuvo presente el testigo-inculpado.
Esta actuación irregular realizada por el jefe de la AIC, Tomás Zerón, muestra cómo suplanta al Ministerio Público que está a cargo de la averiguación previa. La misma Constitución establece en su artículo 21 que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción de aquél en el ejercicio de esta función”. Por lo mismo los actos de investigación policiales no están exentos de la conducción del Ministerio Público, precepto que no respetó el orquestador de la “verdad histórica”.
Otra situación grave es que el titular de la AIC se haya arrogado la facultad de trasladar al detenido al lugar de los presuntos hechos, sin dejarse acompañar por el Ministerio Público de la federación. Además, cualquier entrevista realizada por personal ministerial o policial a una persona puesta a disposición del ministerio público, como la que se realizó a Agustín García Reyes, debe realizarse en presencia de éste y de su defensor, sobre todo cuando ya se ha dado intervención al defensor y éste ha protestado el cargo. Se trata de un estándar básico del debido proceso. Los tratados internacionales obligan a que cualquier traslado de un detenido puesto a disposición del ministerio público, quede registrado, por ejemplo asentándose mediante oficios la solicitud de que se traslade, informando el cese de la custodia y la identificación de los lugares y el personal a cargo del traslado, así como la salvaguarda ante la tortura. El hecho de que el encargado del área de seguridad de la SEIDO haya consentido la salida de una persona puesta bajo su guarda y custodia, sin los correspondientes oficios, es grave y debe ser sancionado. La documentación del GIEI de que Agustín García presentó más lesiones de las que inicialmente le certificó un médico de la Marina, hace más grave su traslado fuera del lugar de custodia y sin registro en el expediente.
Estas irregularidades y otras que son de mayor relevancia dan cuenta de que esta investigación carece de rigor científico y lo que es peor, que no cumple ni atiende los compromisos asumidos por el presidente de la república ante los padres y madres de familia. De esta actuación ilegal se armó la versión oficial del basurero de Cocula. El hecho de no haber registrado estas actuaciones en el expediente, de no incorporar todos los materiales videográficos con que cuenta la AIC, de ignorar los procedimientos legales y al mismo ministerio público quien es el único facultado para realizar las investigaciones, nos muestra claramente cómo los altos mandos de la PGR están muy lejos de cumplir con los estándares internacionales que se requieren para garantizar una investigación científica. No están a la altura de sus responsabilidades constitucionales y más bien son parte del grave problema que enfrentamos como país, que la procuración de justicia está al servicio del poder. Está diseñada para proteger intereses políticos y para encubrir a los autores intelectuales de estos crímenes.
El hecho de impedir que se investigue al ejército, de no abrir otras líneas de investigación que apunten a los grupos de poder estatal y federal y de no profundizar en las indagatorias sobre el involucramiento de todas las corporaciones policíacas asentadas en Iguala en la desaparición de los 43, nos indica cuán amafiados están los políticos para obstaculizar que se investigue todo el entramado criminal que se urde al interior de las instituciones de gobierno. Es muy sintomático que no se quiera avanzar en la investigación del quinto autobús que da pie para conocer cómo está la red criminal del trasiego internacional de enervantes a través de los autobuses que salen de Iguala y que llegan a Chicago.
Es importante resaltar que el GIEI, a pesar de la campaña de desprestigio que tuvo que enfrentar y la multiplicidad de obstáculos que en los últimos meses le interpuso personal de la PGR, expresó públicamente que su mandato no se había agotado, porque hacía falta avanzar en aspectos nodales de la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas, sin embargo, fue la postura cerrada de las autoridades que obligaron a que el GIEI culminara su labor y se tuviera que ir del país este 30 de abril. No cabe duda que la decisión del Estado estuvo basada en intereses facciosos, no en su compromiso por la verdad, mucho menos en honrar la palabra presidencial de dar con la verdad “tope donde tope”, sino en la perversidad del poder, en el control de las investigaciones para encubrir a los responsables intelectuales de las desapariciones de los 43 estudiantes.
Hay una total cerrazón para que se desenmascare toda la macrocriminalidad que se ha arraigado en las estructuras del poder político. Se manosean las investigaciones y se protege a personajes siniestros para que se encarguen de construir versiones a modo, para que nada cambie en nuestro país. Obstruir la justicia y faltar a la verdad es la marca de este sexenio que llevará como su sombra Enrique Peña Nieto, al no permitir que el GIEI le ayudara a desmontar un aparato de justicia que se sostiene a base de mentiras y traiciones. Mientras el 29 de octubre el presidente Peña Nieto firmaba en los Pinos los 10 acuerdos con loa padres y madres de familia, el día 28 Tomás Zerón había ido al Río de San Juan a preparar la escena del crimen, para dar vida a la verdad histórica. El mismo día 29 se hicieron todas las diligencias con las formalidades legales para demostrar el rigor científico de sus investigaciones. En los mismos Pinos se urdió la traición, si no fue así, quiere decir que hay alguien que tiene más poder que el presidente de la República.