Salió ahora de Cuernavaca con rumbo a la Cdmx otra marcha por la paz y la reconciliación, en un país que lleva ya 20 años sumido en una ola de violencia creciente, cada vez más grave, descontrolada y preocupante para los ciudadanos de todo el país que la temen, la sufren y viven crudamente todos los días, mientras para los gobiernos es la prueba de su impotencia, de su ineficacia, de que no pueden, no han podido hasta ahora, enfrentarla, menos disminuirla y erradicarla.
El círculo vicioso de impunidad+violencia=miedo+intranquilidad se ha apoderado de cada vez más comunidades, de cada vez más estados. Hace 20 años, las entidades en las que la inseguridad era la principal queja ciudadana se contaban con los dedos de una mano, hoy no alcanzan todos los dedos de pies y manos para enumerarlas. Violencia, inseguridad, temor y sangre campean por todo el país.
Miembros de la familia menonita Le Barón, de Chihuahua, junto con el poeta y líder social Javier Sicilia, llegaron al Zócalo en una manifestación de varios días que exhibió la incapacidad, según se dice, de la actual administración gubernamental para hacer frente a la inseguridad y frenar la ola de violencia en México.
Además del problema real, su uso político-electoral es inocultable. Cualquiera que esté en contra de la 4T se suma de inmediato a cualquier expresión de descontento, protesta o crítica hacia el trabajo de la administración que encabeza el presidente López Obrador.
Sin duda alguna, el problema de la inseguridad es otra vez la demanda más sensible de muchos millones de mexicanos que la enfrentan cotidianamente, que observan cómo las estadísticas en cada vez más estados adquieren preocupante relevancia. Lejos de generar la percepción de que se avanza en su combate, el pueblo se siente amenazado permanentemente por los grupos delincuenciales que operan en casi todos los estados del país.
En el recuento de 2019, declarado ya el año más violento de la historia de México desde que se llevan estadísticas puntuales, a Guerrero le fue mal… pero no tanto.
Frente al incremento de los asesinatos y feminicidios a nivel nacional y en la mayor parte de las entidades, que subieron 2.5 por ciento en la suma total, hasta ubicarse en más de 35 mil 500, en Guerrero, con cerca de mil 600 homicidios en el año, nos desplazamos hasta el quinto lugar en el cálculo de víctimas por cada cien mil habitantes, y hasta el séptimo en las cifras totales.
Aunque como quiera medidos porcentualmente los números guerrerenses son casi el doble de la media nacional, el gobierno estatal ha aprovechado para resaltar que por primera vez en los cinco años del sexenio el número de muertes violentas ha bajado sustancialmente, pues en los cuatro anteriores se había ubicado en más de dos mil. Se trata de una disminución alrededor del 20 por ciento.
Contra la mejoría de los números, en Guerrero se registra un número creciente de comunidades donde sus habitantes han salido huyendo, asustados por las incursiones y abusos de las bandas que controlan el territorio; se habla de una cifra superior a los seis mil pobladores.
No hay, por tanto, mucho para celebrar, pues se trata de niveles indeseables que requieren abatirse al mínimo. Pero además ciertos delitos adquieren un alto impacto y dejan en la gente la percepción de que todo sigue igual o peor.
Tal fue el caso de la banda de diez músicos de la comunidad indígena de Alcozacán, que fue emboscada, para luego asesinar y calcinar a todos sus integrantes en el camino que va a Tlayelpa, ambas poblaciones del municipio de Chilapa.
En la cabecera municipal, que ha sido foco de los ataques del grupo criminal conocido como Los Ardillos, la reacción se manifestó a los pocos días, cuando se ha reiterado que además de su policía comunitaria, los habitantes del lugar han decidido integrar a sus filas y dar entrenamiento para defenderse a niños y adolescentes, algunos de ellos que han quedado huérfanos por la imparable violencia que ha afectado a sus familias.
Algunos se han asustado por la medida radical, al respecto la Unicef rechazó la práctica al considerarla atentatoria de sus derechos humanos y nociva para su desarrollo.
Pero uno de los habitantes en las zonas involucradas ha respondido a los reporteros con una lógica difícil de rebatir: me daría más miedo que los niños vayan a la escuela y se los lleven los grupos criminales.
Se entiende el afán de cada gobierno por mostrar (y demostrar) los avances o los resultados del trabajo gubernamental, sin embargo, las cifras llanas indican que se avanza muy lentamente y se vive la percepción de que vamos para atrás o que empeora la situación.
Así, entre cifras de los resultados oficiales y hechos dramáticos de todos los días en muchas partes del estado y del país, tiene lugar la vida en Guerrero. La criminalidad es un flagelo que tardaremos muchos años en desterrar. Hay quienes con memoria pesimistas recuerdan que en la entidad siempre ha habido violencia y un escaso control por parte del gobierno municipal, estatal y federal, lo cual se agudizó con el surgimiento de distintos grupos delincuenciales. Es deseable que los hechos alcancen a las cifras, es decir que el combate a la delincuencia rinda frutos en abundancia, para bien de todos.