METALES PESADOS

En su campaña electoral de 2018, el entonces candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, no se cansó de comprometerse una y otra vez en que regresaría a los militares a sus cuarteles para acabar con “la guerra de Felipe Calderón”. Sin embargo, una vez en el poder, él mismo se convirtió en una iteración de eso mismo que juró destruir. Lo que fuimos atestiguando durante el sexenio de AMLO no fue otra cosa que la militarización de la vida pública en México.
Hace unas semanas ambas cámaras legislativas –en su mayoría adscritas al partido de Estado–, aprobaron el dictamen relativo a la reforma de la Ley de la Guardia Nacional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, acorde con los lineamientos impuestos por su antecesor en 2019.
La renovada Ley de la Guardia Nacional de Sheinbaum garantiza finalmente lo que el hoy partido de Estado juraba hace años que jamás realizaría, algo que ni siquiera la derecha más recalcitrante hubiera concebido en sus sueños más profundos: el traspaso definitivo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así se lee en el Artículo 4 de dicha ley.
Esto implica –como lo advertimos desde un inicio quienes hemos sido críticos de este proceso de militarización– la materialización de un cuerpo militar para realizar funciones policiales y patrullar las calles. Un cuerpo adiestrado por contraste esencialmente para aniquilar. Adiestrado para matar.
El nuevo paradigma que pretende justificar la militarización de las funciones policiales y de vigilancia, bajo los gobiernos progresistas de América Latina y el del partido de Estado mexicano en su encarnación actual, ha cambiado del modelo contrainsurgente al contemporáneo, que se arropa en nuevos marcos como la “guerra contra los narcóticos” por imposición de Washington. Organizaciones político-militares, resistencias y muchas otras disidencias, al término de la Guerra Fría fueron perseguidas y anuladas de esta manera; pero actualmente también bajo ese mismo método es que se sigue llevando a cabo la contrainsurgencia y el despojo disfrazados en nuestro país.
No conforme con las múltiples funciones totalmente ajenas a las fuerzas armadas pero entregadas por el expresidente López Obrador, ahora la nueva ley de Sheinbaum les permitirá a los militares incluso postularse a cargos de elección popular, tal como lo dice el Artículo 44 en su apartado III inciso A.
Por eso no habría que olvidar que la Guardia Nacional no está mandatada para sofocar la violencia, el despojo ni el desplazamiento contra los pueblos indígenas. La Guardia Nacional está mandatada, por el contrario, para hacer labores de contrainsurgencia en territorios indígenas organizados y con procesos autonómicos –como en las comunidades zapatistas de Chiapas–, o dejar en el franco abandono y la mera contemplación pasiva en regiones asoladas por el crimen organizado, como en Sinaloa.
La Guardia Nacional no está mandatada para reforzar la soberanía del territorio. La Guardia Nacional está mandatada para desmovilizar la organización y el rechazo contra los megaproyectos de la 4T de inversión extranjera en regiones como el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán, donde malfunciona el Tren Maya, y garantizarle a las empresas privadas –las mineras canadienses, por ejemplo– la cómoda explotación de recursos en suelo mexicano y su instalación con grandes privilegios en las antes llamadas Zonas Económicas Especiales.
La Guardia Nacional no está mandatada para respetar la libre organización ni manifestación de la gente en vía pública a causa de injusticias o atropellos del poder. La Guardia Nacional, como lo establece el Artículo 21 de la Constitución relativo a la seguridad pública, está mandatada, paradójicamente, para convertirse en un superórgano que se encargará de la investigación de delitos. Sus funciones incluyen resguardar la escena del crimen, detener e interrogar a civiles, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares en tiempo real. Funciones sobrepasadas y sin sustento en lo relativo a la seguridad pública que amenazarán alarmantemente los derechos humanos y, por consecuencia, cualquier acceso posterior a la transparencia.
Tan sólo durante el sexenio pasado, la Guardia Nacional fue la dependencia que recibió más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos: mil 816. Un número conservador considerando que ese organismo formalmente autónomo también ha sido cooptado por el partido de Estado: únicamente emitió 13 recomendaciones de esos casi 2 mil abusos.
Es decir, ni la Guardia Nacional ni niguna dependencia del Estado trabajará en contra de los intereses del propio Estado. Pero, pese a las creencias dogmáticas del movimiento en el poder, tampoco trabajará a fin de cuentas para los propósitos de la nueva capataz de turno del régimen: Claudia Sheinbaum. La Guardia Nacional y los militares trabajarán para los verdaderos finqueros ante los que se arrodilla Sheinbaum como ayer se arrodilló AMLO: los grandes capitales nacionales y extranjeros.