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Ahora que se habla de los derechos de las minorías, hay una de ellas que es mantenida arrinconada e invisible: los indígenas.
Entre las minorías es la más desprotegida y vulnerable ya que pesan sobre ellas innumerables estigmas. En nuestra región
persiste la más cruda discriminación hacia ellos, de parte de todos los actores sociales. Los gobiernos, los partidos políticos, las
iglesias, la iniciativa privada, las instituciones académicas y demás mantienen añejas y visibles formas de discriminación y
exclusión que tienen que ser reconocidas y eliminadas.
El 13 de septiembre del 2007, la ONU aprobó la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas como un
instrumento destinado a eliminar toda clase de discriminación y a promover el respeto de sus derechos. Afirmando que los
pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser
diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, dicha Declaración propone una pauta para los
esfuerzos de las naciones por devolver a aquéllos pueblos originarios sus derechos conculcados.
Los 46 artículos de dicha Declaración de la ONU ofrecen un panorama detallado de los aspectos más vulnerables de los pueblos
indígenas que tienen que ser atendidos en cuanto a derechos humanos. En su artículo 2 abre el horizonte de los derechos que
tienen que ser reconocidos, promovidos y defendidos entre los pueblos indios: “Los pueblos y las personas indígenas son libres e
iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus
derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena”.
Dadas algunas condiciones delicadas y conflictivas en nuestra región, podemos recoger algunos de los temas que la Declaración
proclama, de manera que pueden orientar hacia soluciones que consideren el respeto a los derechos humanos de todos,
incluidos los de los pueblos indios como tales.
Un primer tema conflictivo se refiere al tema de la seguridad pública. Un buen número de pueblos indígenas le ha apostado a la
Policía Comunitaria como un instrumento adecuado para procurarse seguridad. Y lo ha hecho con mucha eficacia pues ha bajado
sustancialmente los índices de la delincuencia con ese medio. Pero resulta que se trata de una medida que está al margen de la
ley. Al respecto, la Declaración dice en su artículo 4 que “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y
locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”. Y, seguidamente, en el artículo 5, dice que
“los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y
culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural
del Estado”.
Un segundo tema en conflicto tiene que ver con la militarización de territorios indígenas, particularmente en La Montaña y en la
región de Ayutla de los Libres. Hay, al respecto, una pregunta: ¿Por qué, estos pueblos que son los más vulnerables son
hostigados por las fuerzas militares, cuando son los que deberían ser apoyados por los sistemas de salud, educación y desarrollo
social?. Dice la Declaración en su número 30 que “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los
pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los
pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”.
Un tercer tema conflictivo tiene que ver con el proyecto de La Parota, donde los pueblos originarios de esas tierras han sido
marginados de toda participación y se pretende un desplazamiento forzado para colocar el embalse de la presa. El artículo 25 de
la Declaración señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las
tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma
y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. Y, después, en el artículo
10, se dice que “los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún
traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una
indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”.
Y un cuarto tema se refiere a los medios de comunicación indígena. Tenemos el caso de la radio comunitaria Ñomndaa La Palabra
del Agua, en Xochistlahuca (Suljaa’ en la lengua amuzga), un medio de comunicación creado en la nación amuzga, que ha sido
hostigada por operar “al margen de la ley”. La Declaración de la ONU, afirma en su artículo 16 que “los pueblos indígenas tienen
derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de
información no indígenas sin discriminación alguna”.
Como puede apreciarse, estamos ante legislaciones y prácticas gubernamentales que carecen del elemental sentido de los
derechos de los pueblos indios y accionan frontalmente en términos de discriminación, exclusión y violación de sus derechos
humanos. Y hay que entender que este es un factor fundamental de la postergación y del abandono de esos pueblos.
La semana pasada se desarrolló en Vicam, Sonora el Encuentro de Pueblos Indígenas de América como una iniciativa que
pretende hacer visibles a los pueblos indios de este continente y promover la reivindicación de sus derechos humanos. Este
encuentro indígena es un signo de que ya no es posible esperar más a un reconocimiento de lugar que los indígenas tienen en la
sociedad. En tiempos de reforma del Estado, tanto federal como local, hay que pensar que no puede pensarse en una reforma
que no atienda el contenido de esta Declaración de la ONU, que ofrece senderos seguros para el desarrollo justo y sustentable de
los pueblos indios en el contexto de los países.
La minoría indígena tiene que ser tutelado y protegida por el Estado y tiene que ser reconocida plenamente por la sociedad en
todos sus derechos colectivos e individuales. Aquí está una tarea urgente para los legisladores locales y federales: darle vigencia
legal a los derechos enlistados en la Declaración de la ONU. Al mismo tiempo, tenemos una gran tarea social: eliminar todas las
manifestaciones discriminatorias que existen en las instituciones, las organizaciones y los grupos sociales. Y, claro, en las
personas individuales. Los indígenas, como personas y como pueblos merecen nuestra más alta consideración y nuestro respeto.