Mucho se está discutiendo en estos días el asunto de la Guardia Nacional, como eje de la concepción y de la estrategia federal de la seguridad en el país, en el que lo militar y lo civil se han estado confrontando. Ojalá se llegue a buen término en esta discusión, puesto que es decisiva la intervención federal en la pacificación del país, y ojalá se encuentre una fórmula en la que prevalezca una perspectiva civil y ciudadana de seguridad y en la que lo militar sea complementario y provisional.
Si bien el ámbito federal tiene una alta importancia, no habrá que descuidar el ámbito de las comunidades locales, donde se concretizan y se diversifican las situaciones de inseguridad y violencia a partir de contextos más inmediatos y locales. Lo federal –coadyuvado por las instituciones estatales y municipales, cada una en el ámbito de su competencia– trazaría políticas públicas de prevención y de atención. Como sucedió en la manera de afrontar el huachicoleo, en la que todo el gobierno federal, vinculando instituciones como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Policía Federal, la Marina, el Ejército Mexicano, la Secretaría del Trabajo, las aduanas y Pemex, entre otras, ha estado interviniendo para parar la corrupción y la delincuencia organizada en el ámbito del robo de combustibles, construyendo una estrategia de Estado, así debería intervenirse en los ámbitos territoriales en los que la población está padeciendo los embates de la violencia.
Pero esta intervención federal tiene que ser complementada en los ámbitos locales con lo que sería un sistema comunitario de seguridad, a partir de las condiciones locales de cada contexto. El Estado tiene la responsabilidad de fortalecer a la sociedad y a las comunidades locales para que puedan hacer su parte, de una manera regulada y ordenada, y para participar en tareas de seguridad y de construcción de paz. Creo yo que sin esta participación cualificada y sustancial de las comunidades el sistema de seguridad federal tendría pies de barro.
Sucede que padecemos una pulverización ciudadana, comunitaria y social, que ha ido minando las capacidades de la sociedad. Pobreza extrema, desempleo, abandono del campo, control mafioso de territorios, miedo, desconfianza, individualismo, clientelismo político, colusión de autoridades y otros factores más, han logrado romper el tejido social y discapacitar a ciudadanos y comunidades para asumir las propias responsabilidades. Por lo mismo, se requiere el fortalecimiento de los ciudadanos y de las comunidades para que estén en condiciones de hacer su parte. No podemos esperar que los gobiernos hagan todo. Su parte es sustancial y esencial pero no es suficiente. La parte ciudadana –y la parte comunitaria– es fundamental también.
Este es el contexto en el que ciudadanos de muchas comunidades se han visto obligados a organizarse para defenderse y protegerse mediante los grupos de autodefensa. En Guerrero tenemos una larga historia de levantamientos armados de grupos de civiles; y en las últimas semanas han seguido apareciendo otros más en la Costa Grande, generando polarizaciones sociales. Y seguirán apareciendo de manera incontrolada. Hay grupos de autodefensa muy diversos, desde aquéllos que han mantenido el vínculo con sus propias comunidades y las han protegido, hasta aquéllos que han adoptado prácticas propias de la delincuencia organizada. Por lo general los grupos de autodefensa no cuentan con el respaldo de las asambleas y de las autoridades comunitarias, debido a que dependen de liderazgos ajenos a las mismas. Y no ha habido ley alguna –ni tampoco gobierno– que tenga capacidad de regularlas. Hay que precisar que sólo la Policía Comunitaria de la CRAC –aun con sus problemas internos– ha tenido capacidad para mantenerse en el ámbito de la legalidad, porque cuentan con una ley que la respalda, con reglamentos propios y con el vínculo y respaldo de sus propias comunidades.
Si en su origen, las autodefensas surgieron de manera legítima de la necesidad de defender a sus propias comunidades por la ausencia del Estado, han tenido que navegar posteriormente por sendas de ilegalidad y respondiendo a intereses extraños, ya sea de sus líderes, de caciques o de la misma delincuencia organizada. Hay que entenderlo, el que paga manda. Y, en suma, las armas en manos de ciudadanos y al margen de ordenamientos legales, resultan siempre de alto riesgo.
¿Qué hay que hacer?
Hay que comenzar por reconocer la real proporción y la gravedad del problema que afecta a la sociedad en general y a las comunidades en particular. La violencia ha abierto las puertas a una amplia y generalizada victimización, de la que el Estado no se ha hecho responsable y la ha abandonado a su suerte. Eso ha ocasionado que surjan respuestas ciudadanas de autoprotección y supervivencia, tales como el desplazamiento forzado, el autoenclaustramiento y las autodefensas, entre otras. Son medidas desesperadas que resuelven la emergencia solamente, pero no abren caminos viables para mejorar las condiciones de vida. Ha habido una ausencia del Estado o, al menos, una omisión. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que dar respuestas proporcionales a las situaciones de violencia.
Se requiere que el Estado, mediante las instituciones más cercanas a la gente, se acerque a las comunidades con una estrategia de fortalecimiento comunitario. Puede hacerlo mediante iniciativas de educación, salud, producción, alimentación, entre otras. Hay que restaurar la confianza, rehacer los lazos comunitarios y construir ciudadanía. Pienso en una concepción de la seguridad comunitaria no armada, sobre todo. Pero donde fuera necesario, por sus condiciones particulares, puede pensarse en policías comunitarias con un respaldo jurídico, arraigadas a sus comunidades. Esta sería la mejor manera de desactivar a los grupos civiles de autodefensa que no cuentan con una regulación adecuada ni con un soporte comunitario, ante los cuales habría que diseñar procesos de diálogo y de regulación o desactivación.
En el pasado se ha hablado de crear el cuarto nivel de gobierno. Me parece muy oportuno pensar en la comunidad como un nivel de gobierno para el tema de seguridad comunitaria, en el que las asambleas comunitarias, reconocidas y reguladas, encaminen procesos de fortalecimiento comunitario que reduzcan al máximo los niveles de inseguridad y de violencia con la participación activa de los ciudadanos y con la coordinación necesaria con los esquemas de seguridad convencionales.
A una estrategia viable de seguridad “desde arriba”, debiera corresponder otra estrategia de seguridad “desde abajo”, con lógicas diferentes pero coordinadas. Tan importante es una estrategia nacional como importante es una estrategia local con un componente comunitario, ambas complementarias e integradas. Es más, el componente comunitario de una estrategia nacional, pondría bases sólidas y eficacia a lo que se haga desde los tres niveles de gobierno convencionales. En fin, hay que entender que la seguridad, y la tan anhelada paz, tienen que construirse desde el ámbito de las comunidades locales. Lo hace ya la CRAC en contextos indígenas. Pueden inventarse formas en los contextos campesinos y urbanos.