Es bien sabido que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) funge como la Celestina de los países pobres, pues éstos han de aceptar sus “sugerencias” si no quieren enfrentar serios problemas de quienes mandan en el mundo occidental.
Si alguien duda del papelito de matrona, regenta o madama que se autoasigna la OCDE, basta conocer el más reciente paquete de “consejos” que se ha dignado dar a México, el que entre otras cosas recomienda que para paliar la baja recaudación fiscal, lo que el gobierno de López Obrador debe hacer es suprimir la exención de IVA en alimentos y medicinas, lo que para la mitad de la población sería un golpe mortal. Sí, mortal, porque el resultado sería un aumento notorio del número de muertos, pues el hambre insatisfecha se convierte en desnutrición y esta en enfermedad, y como las medicinas también serán más costosas, el funesto resultado es previsible.
Por supuesto, la tecnocracia del organismo internacional toma como base datos irrebatibles, como el hecho de que los ingresos tributarios de México sean de apenas 16.3 por ciento del producto interno bruto, mientras que un país de similar nivel de desarrollo, como Brasil, recauda 33.1 por ciento, más del doble que nuestro sistema fiscal. Como bien se sabe, el fisco mexicano es un pobre limosnero, pues su recaudación representa menos de la mitad del promedio de los países que integran la OCDE, que es de 33.4 por ciento, pero también inferior a países de similar nivel económico o que incluso están muy abajo de México en el monto del Producto Interno Bruto (PIB), como son los casos de Colombia y Chile, que cobran gravámenes del 19.7 y 20.9 por ciento del PIB.
No debería estar a discusión la necesidad de realizar una reforma fiscal que le ofrezca un respiro a las finanzas públicas, aunque lamentablemente una y otra vez AMLO se ha manifestado sentido contrario. Contra la opinión de su jefe, reacio a modificar al alza y con mayor progresividad el cobro de impuestos, Arturo Herrera, el anterior secretario de Hacienda, más de una vez expresó la necesidad, la urgencia incluso, de realizar cambios de fondo en la recaudación y hasta pronosticó que la mentada reforma (mentada por quienes no pagan ni quieren pagar impuestos) se realizaría en la segunda mitad del presente sexenio. Hoy, ese funcionario, altamente calificado, de indiscutible patriotismo y clara visión de Estado, se halla en el desempleo.
No le irá mejor a Rogelio Ramírez de la O, también funcionario probo y capaz, pues sabe que las miserias fiscales ya están cobrando su factura, que se manifiesta en una baja en la expectativa de crecimiento, misma que la OCDE calculaba en 3.3 y ahora ha bajado su estimación a 2.3 por ciento del PIB, cuando el gobierno esperaba cuatro y medio y hasta cinco por ciento de aumento respecto del año pasado, estimación que no era para echar las campanas a vuelo, pues el país todavía no se levanta de la catastrófica caída del producto que implicó la pandemia. Dicho en otras palabras, hoy el tamaño de la economía mexicana es menor al que registró en 2018.
En Palacio debe haber mucha preocupación, pues tal insolvencia impedirá que en este sexenio queden concluidas obras tan importantes para el presidente López Obrador como el Tren Maya, el transístmico y la refinería de Dos Bocas, lo que sumado a la inseguridad, la pérdida de territorios hoy en manos de las mafias, la pobreza generalizada, el desempleo y la incertidumbre ante el futuro personal, familiar y nacional, será catastrófico para el actual gobierno y reducirá las posibilidades de que Morena gane las elecciones de 2024, tanto la presidencial como las que llevarán a renovar el Congreso.
La situación es más que delicada. Resulta grave porque aumenta incesantemente el número de pobres y no se ve cómo invertir esa caída en el nivel de vida de la gente. No será extraño que en el último año del sexenio, conforme a la costumbre, se desboque el gasto público y la actual administración deje a los sucesores problemas más grandes de los que ahora tiene el país. Pero evidentemente la solución no es, como propone la OCDE, aumentar la carga fiscal en perjuicio de quienes menos tienen. Eso es recomendar la soga en casa del ahorcado.