EL-SUR

Martes 27 de Septiembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

La omisión de Rosario

Silber Meza

Agosto 10, 2019

Los expedientes de corrupción conocidos en los últimos cinco años acusan los abusos cometidos por los gobernantes y servidores públicos como el de Javier Duarte, de Veracruz; el de Roberto Borge, en Quintana Roo; el de César Duarte, en Chihuahua; el de Emilio Lozoya, de Pemex entre tantos otros registrados en los estados y en los municipios de México. El caso de Rosario Robles es un poco distinto y abre la puerta para una nueva forma de interpretar los castigos por corrupción en el país. A Rosario no se le acusa por lo que hizo de manera directa, más bien se le responsabiliza de conocer de actos de corrupción y dejar que éstos se realicen, es decir, por omisión.
Rosario Robles fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de causar un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos por haber conocido y no denunciado desvíos de recursos mientras era la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto. A esta operación también se le conoce como la Estafa Maestra.
La FGR logró que tres ex trabajadores cercanos a Robles revelaran que ellos le informaron formalmente a la ex secretaria que existía un grupo de funcionarios que falsificaban contratos para desviar cientos de millones de pesos sin que ella hubiera tomado acciones para contrarrestarlos.
Estas son algunas de las pruebas que por el momento ha presentado la FGR para llevar a juicio a Rosario Robles, acusación que abre la oportunidad para que cualquier jefe pueda ser acusado por faltas administrativas graves o delitos vinculados a la corrupción sin que ellos lo hayan ejecutado de manera directa.
En realidad es muy raro que exista un documento que compruebe que un político de nivel secretario, gobernador o presidente haya realizado un acto de corrupción, como la concesión de una cadena de televisión o la licitación de una obra pública de manera indebida, o el gane en un contrato de medicamentos a sobreprecio, entre tantos otros ejemplos; ellos instruyen de manera oral a sus subalternos, y éstos últimos se encargan de ejecutar las instrucciones del jefe. Por eso lo destacado del tema, porque si procede esta acusación los gobernantes de primer nivel podrían empezar a caer si se comprueba que fueron omisos ante un asalto al erario del que tuvieron conocimiento.
Esta idea también se la escuché a la periodista de investigación Ana Lilia Pérez en el programa Aristegui Noticias. Ella advierte que lo mismo podría suceder con el caso de Emilio Lozoya y la responsabilidad que pudiera tener Enrique Peña Nieto en el desastre de corrupción documentada en Pemex.
“Tienen un gran caso que podría sentar precedente para que se procesen otros grandes casos en este país”, dijo Pérez.
En realidad la Ley de Responsabilidades Administrativas contempla la omisión en casi todos sus artículos más relevantes, y la coloca como un elemento tan grande como haber incurrido en el acto ilícito.
Por ejemplo, el Artículo 62, dice: “será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento”.
Rosario Robles se sentía protegida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él mismo le había lanzado esa frase de “Rosario, no te preocupes; hay que aguantar” cuando se encontraba en el centro de las críticas por actos de presunta corrupción. Fue en abril de 2013, en el lanzamiento de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, tras hallarse involucrada en una presunta red electoral para favorecer al PRI en las elecciones de Veracruz.
Aunque Rosario ha dicho que “está muy tranquila”, en realidad llegó a declarar con el rostro trasnochado. Sabe que Peña Nieto ya no la puede proteger. En los hechos ya nadie la puede proteger. Rosario no tiene amigos que den la cara por ella ni el PAN, ni el PRI, ni en Morena ni el PRD. Todo se halla en manos de la capacidad de su abogado para defenderla.
La omisión de Rosario ya tiene consecuencias.