EL-SUR

Lunes 06 de Diciembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

La ONU y los normalistas desaparecidos

Marcial Rodríguez Saldaña

Marzo 22, 2018

El pasado jueves 15 de marzo, el representante de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México Jan Jarab, dio a conocer un informe respecto de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron sujetos de desaparición forzada el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, el cual concluye que 34 personas que se encuentran detenidas fueron torturadas con el fin de que se autoinculparan y acusaran a otros posibles responsables.
1.- Es muy grave lo que ha dado a conocer la ONU a través de su oficina de Derechos Humanos en México, toda vez que confirma que la investigación que está llevando a cabo la PGR sobre la desaparición forzada de los 43 alumnos de la escuela normal Raúl Isidro Burgos está plagada de muchas irregularidades que obstaculizan el que se conozca la verdad y sepa dónde se encuentran los normalistas. La ONU es el órgano internacional más importante del planeta y en el caso particular del respeto a los derechos humanos ha jugado un rol muy significativo desde su creación, por ello su postura en este caso tiene un gran valor que debe ser tomado muy en cuenta en todo el proceso de la investigación que se sigue en este asunto. La reacción del gobierno de Peña Nieto ha sido muy torpe, pues por conducto de la PGR, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores ha declarado que sí hubo torturas pero que estas fueron ¡excepcionales!
2.- Es muy irresponsable la respuesta y la actuación del gobierno mexicano ante la ONU, pues lo que debería hacer es atender el informe y comprometerse a investigar lo que se ha denunciado respecto de las torturas; con la forma en que ha respondido corrobora su desdén para que se haga una investigación a fondo del asunto y su postura inicial de darle poca importancia a este caso así como de cerrarlo –como lo anunció su representante en la audiencia pública el pasado 3 de marzo en Bogotá, Colombia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa es el más relevante de las últimas décadas a nivel mundial en cuanto a violación de los derechos humanos por lo que debería ser prioritario para el gobierno de Peña Nieto, puesto que implica una vergüenza universal, sin embargo no lo han asumido así, es por ello que la ONU ha fijado su atención en el desarrollo de la investigación.
3.- Otra de las conclusiones del informe de la ONU consiste en que a pesar de que están probados los hechos de tortura en contra de decenas de detenidos, la PGR no ha sometido a proceso judicial a ninguno de los torturadores, lo cual denota que hay complicidad de los altos mandos de los funcionarios de esta institución investigadora con el propósito de validar su cuestionada “verdad histórica” que con dictámenes científicos y con este informe de la ONU ha sido totalmente desvirtuada. Por otra parte, aún cuando ya han pasado más de tres años y medio de que ocurrieron los hechos no hay legalmente ninguna persona sentenciada por los hechos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo cual va generando un ambiente de colusión e impunidad del gobierno de Peña Nieto.
4.- Al informe de la ONU sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa debe otorgársele plena validez, y no como señalan algunos editorialistas nacionales y estatales que viven del dinero público para proteger a Peña Nieto, que cuestionan cualquier opinión adversa a su falsa teoría de la “verdad histórica”, puesto que la ONU no es ninguna organización política o social que este involucrada en los asuntos domésticos de nuestro país. Lo que esperamos es lo mínimo que debe existir en una sociedad que aspira a un régimen democrático, que es que haya instituciones que salvaguarden la procuración y administración de la justicia, que conlleva en sí mismo la protección de los derechos humanos como valores fundamentales en las sociedades modernas del siglo XXI.

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