Este miércoles 27 de septiembre se dio a conocer la resolución que el Juzgado Tercero de Distrito emitió sobre los juicios de amparo interpuestos por los núcleos agrarios de La Palma, Los Huajes y Dos Arroyos, radicados bajo los números de expedientes 637, 638 y 821 a favor de los opositores a la presa La Parota.
A la letra las tres resoluciones ordenan al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, que emita las medidas de protección suficientes y necesarias para que se evite cualquier acto de privación de la tierra en contra de los opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota.
Puntualiza también que se debe evitar cualquier acto de ocupación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los territorios ejidales y con el afán de mantener las cosas en el estado que ahora guardan, se debe cancelar cualquier procedimiento expropiatorio.
Este logro importante alienta a miles de familias opositoras a la presa, que en medio de sus precariedades económicas han demostrado la fuerza para enfrentar con entereza e inteligencia al poder despótico y corrupto de las élites políticas y económicas. Han logrado evidenciar la perversidad de las instituciones públicas acostumbradas a engañar, dividir, comprar y envilecer la dignidad de los campesinos e indígenas.
Hemos constatado cómo desde las altas esferas se ha impuesto la decisión de construir la presa hidroeléctrica, con la visión de la ganancia vil, que ignora el sentir de los que van a sufrir las consecuencias. No es gratuito que la clase empresarial haya cerrado filas en torno al proyecto y que al mismo tiempo las autoridades estatales se hagan cómplices de una decisión tomada desde el escritorio de la federación. El poder del dinero quiere construir más negocios sepultando la vida y la esperanza de los que han sacrificado su bienestar, para garantizar el futuro de las nuevas generaciones
No es casual que el Ejecutivo estatal mantenga una posición favorable al proyecto, porque están en juego los grandes intereses económicos de las multinacionales que son ahora las que imponen los criterios y condiciones para impulsar el desarrollo en sociedades empobrecidas. El desarrollo que se promueve en el estado es desde la visión empresarial, los programas están diseñados desde esa lógica “desarrollar al empresario que todos traemos dentro”. Por desgracia varias depencias gubernamentales han logrado domesticar con esta oferta económica a varias organizaciones sociales, que se transforman en clientelas recicladas que se vuelven funcionales al sistema y que al final de cuentas vienen a hacer el trabajo sucio al interior de las comunidades, transformándolo en un modus vivendi.
No nos sorprende que estos funcionarios y organizaciones se encarguen de atacar y descalificar al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, catalogándolo como un grupo minoritario, radical, rijoso, por el sólo hecho de hacer valer sus derechos y defender con todo sus tierras. Cuando la violencia institucional se ensaña contra los trabajadores del campo, es lógico que la reacción de los de abajo sea de autodefensa, de resistir con lo que se tienen en la mano, en el corazón y la mente. Difícilmente sabemos sopesar el grado de agresión que implementan las instituciones cuando actúan bajo consigna de querer imponer un proyecto. Se contrata a gente para vender la idea, para persuadir a la población con verdades a medias, para detectar y coptar a líderes, para meter cuña y dividir a la comunidad, para prometer el paraíso y comprar conciencias.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá (PPP), se inició un proyecto que presupone ante todo la construcción de una infraestructura que permita la inversión a gran escala. Dentro de esta infraestructura básica sin lugar a dudas se encuentra la generación de la energía eléctrica, un elemento sustancial para garantizar la inversión. Sin un corredor energético que proporcione el blindaje necesario a la inversión a gran escala es imposible pensar en maquiladoras, la expansión de proyectos de alto turismo, aeropuertos, la extracción y explotación de recursos naturales y particularmente de minerales como oro, plata, zinc, níquel, aluminio, la construcción de carreteras, corredores industriales, entre otros.
Es por ello que la administración del presidente Vicente Fox priorizó ante todo la generación de energía eléctrica con de grandes presas hidroeléctricas, como El Cajón, La Yesca, La Parota e incluso Arcediano en Jalisco. Proyectos que tienen el patrón común de anteponer un concepto de desarrollo que prioriza la inversión a gran escala sobre los derechos de la población, en su mayoría indígena y campesina, que habita en los territorios donde se asientan las hidroeléctricas.
La ejecución de los tratados de libre comercio y los planes de integración económica presuponen la reforma del marco jurídico que permita la entrada de la iniciativa privada, y sobre todo incorporar como “bienes comerciales” los territorios y recursos naturales de los indígenas y campesinos; es decir, las tierras que se repartieron como un triunfo revolucionario en la denominada Reforma Agraria, hoy valen en la medida de los recursos naturales que poseen, ya sea bosque, ríos o minerales. O, en su defecto, valen por su ubicación geográfica al formar parte, desde la planificación del libre mercado, de corredores industriales, vías de comunicación, corredores turísticos o presas hidroeléctricas.
Para garantizar el triunfo en esta batalla, el gobierno federal se ha encargado de iniciar el proceso de reformas constitucionales y al marco jurídico en general que garanticen la posibilidad de apropiarse de las tierras y los recursos naturales. Así tenemos la reforma al artículo 27 constitucional, que coincidentemente entró en vigor casi junto con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, erradicando las características de inalienable, imprescriptible e inembargable a las tierras comunales y ejidales; y de igual manera, el programa de la administración foxista de Certificación de Derechos Ejidales, mejor conocido por sus siglas Procede, que busca desnaturalizar la propiedad colectiva indígena y campesina para individualizarla.
Todas estas reformas tienen como base la concepción legal que la propia Constitución Política Mexicana enmarca en su artículo 27, en torno a que: “corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales….de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas, o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema, y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional”.
Esto indica que gran parte del territorio e incluso el espacio aéreo es del dominio exclusivo del Estado. Por lo tanto, a pesar de formar parte de sus tierras, los campesinos e indígenas no pueden hacer uso y disfrute integral de sus territorios.
Es justamente este concepto de desarrollo, que prioriza la iniciativa privada sobre los territorios indígenas y campesinos, lo que impidió que en el año 2001 se aprobara en el Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia indígena (Ley Cocopa) como demandaban los pueblos, reconociendo sus derechos fundamentales.
Este concepto de desarrollo que prioriza a los que cuentan con el poder de inversión, aumentando su riqueza a costa una vez más de las clases sociales que no tienen poder adquisitivo, ha generado que la tierra se encuentre en el centro de la disputa. Se ha iniciado un proceso de desincorporación de la propiedad rural, ejidal y comunal en manos de pueblos y comunidades indígenas y campesinos para trasladarla al gran capital.
Es en este marco de referencia donde encajan mega proyectos como la presa hidroeléctrica La Parota, que busca desplazar a 19 núcleos agrarios de sus tierras para ubicar una inversión de 850 a mil millones de dólares, generando costos sociales y ambientales cuantiosos. La fórmula es la misma: manipular a la población con un rosario de promesas; que dejarán de ser pobres, que habrá empleos para ellos, que trabajarán en la construcción de la presa, que mejorarán sus condiciones de vida; vivienda, educación, salud, alimentación, que por lo tanto, en adelante todo será prosperidad.
Los tres amparos ganados por los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, se enmarcan entonces dentro de una lucha por la reivindicación de sus derechos y no por una lucha en contra del desarrollo, sino en contra de aquel modelo de desarrollo que pretende despojarlos de su patrimonio territorial y cultural a costa de enriquecer aún más a quienes detentan el capital.