EL-SUR

Sábado 22 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

La Parota: pobres contra pobres

Jesús Mendoza Zaragoza

Enero 15, 2018

Once muertos y 38 detenidos fue el saldo de dos enfrentamientos entre comuneros y entre policías comunitarios y fuerzas estatales y federales, el domingo 7 de enero pasado. Hay que añadir a estas cifras oscuras la muy alta polarización y división social en las comunidades de la zona de Cacahuatepec, que combina el miedo con los deseos de venganza y el enojo de las dos partes enfrentadas. Desde el año 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invadió tierras comunales para iniciar los trabajos preliminares a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, que dio pie a la fundación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), desde ese tiempo ha habido altas y bajas en el clima de inestabilidad social en esa zona.
Comunidades empobrecidas desde siglos, a lo largo del serpenteado río Papagayo, se vieron de pronto agredidas por un proyecto del gobierno federal, gestionado por la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía eléctrica en el contexto del Plan Puebla Panamá, durante el gobierno de Vicente Fox. Desde, al menos, una década antes se estuvieron haciendo los estudios preliminares relacionados con dicha presa, al margen de cualquier información a las comunidades que serían afectadas. Río arriba de la comunidad de Las Parotas, estaba instalado un campamento para la realización de los estudios pertinentes. Pero las comunidades nada sabían.
Sin mediar aviso alguno, la CFE introdujo maquinaria pesada que rompía alambradas y derribaba árboles frutales de los campesinos. En ese contexto nació el Cecop con la finalidad de defender la tierra y los recursos del río, dando una batalla mediante la organización y la movilización. Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal se desarrollaron varias asambleas en los diversos núcleos comunales y ejidales con el fin de obtener la anuencia de los campesinos. Para lograr este cometido, la CFE empezó a corromper líderes naturales y autoridades comunales, así como comisarios municipales y a hacer mil promesas de beneficios. Además, organizó asambleas amañadas y fraudulentas respaldadas por la fuerza pública, que finalmente quedaron sin efecto por decisión de los tribunales, que hasta el momento actual están suspendidas las obras relacionadas con la presa.
Desde esos tiempos, se dieron situaciones de extrema división y polarización en las comunidades afectadas, causando muertes, enfrentamientos y una situación de conflicto interno, además del conflicto con la CFE. Lo que en el contexto actual se está manifestando tiene un historial oscuro de engaños, corrupción y violación a los derechos humanos de las comunidades locales. Y el principal factor de este conflicto ha sido el empeño del gobierno federal por construir una presa a través de la CFE, a costa del interés de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Se trataba de un proyecto, visto como un gran negocio, que implicaría el despojo, contra todo derecho, de las tierras de los pueblos de esa región. Se trataba de un proyecto de un altísimo costo ambiental y social que favorecería los intereses de las trasnacionales y perjudicaría a los habitantes de esa zona, que perderían sus tierras y serían reubicados contra su voluntad.
Aunque este proyecto ha estado suspendido, no está desechado. Después del huracán Ingrid y la tormenta Manuel que hicieron graves estragos en Guerrero y, particularmente, en la zona de Cacahuatepec, el gobierno federal anunció el Plan Nuevo Guerrero con una inversión de 64 mil millones de pesos, que incluía, según el enuncio del presidente de la República Enrique Peña Nieto, la construcción de una presa, cuyo nombre no se mencionó. Pero se entendía que la intención era reactivar la construcción de La Parota. Por cierto, ¿qué ha pasado con ese dinero que, según sus promotores, detonaría la economía del estado de Guerrero tan castigado por la fuerza del huracán? No lo sabemos.
El hecho es que el gobierno federal, ayudado por el gobierno del estado de Guerrero, ha tenido un trágico papel en esta historia. A través de la CFE, puso en marcha la estrategia de dividir y enfrentar a los campesinos, con el fin de debilitar la oposición a la presa. En este sentido, ha sido el principal promotor del conflicto mediante la corrupción de campesinos, los engaños, las asambleas fraudulentas y el uso de la fuerza pública para reprimir la oposición a la presa.
Lo sucedido la semana pasada en La Concepción es una consecuencia de esa historia promovida desde el poder, de utilizar a los pobres para golpear a los pobres. Los pobres se han enfrentado entre sí, se han agredido y se han causado múltiples daños. Y ahora, se han matado entre sí. Tanto los campesinos favorables a la construcción de la presa como sus opositores han alimentado revanchas y han acudido a formas violentas para resolver sus diferencias y se han hecho mucho daño. Y el daño sigue creciendo. Y los gobiernos, en lugar de constituirse en factores de solución se han colocado como factores del conflicto y de la división. Los gobiernos se van mientras que las comunidades campesinas tan adoloridas se quedan con su miedo, su enojo y su dolor.
El resultado de esta historia: muchos muertos a lo largo de estos 15 años, detenidos en la cárcel, comunidades divididas y un conflicto interno que pareciera que no tiene salida. Todo, por obra y gracia de las autoridades constituidas. Es cierto que ha habido otros actores que se han involucrado como factores del conflicto y de acciones violentas, tanto en los dos bandos de las comunidades como en el ámbito político estatal y en empresas que tienen intereses en la zona. Pero el premio al promotor mayor del conflicto se lo lleva el gobierno federal, por su modo autoritario de imponer un proyecto a la fuerza y por la violación de los derechos humanos de los pueblos.
Lo más trágico de esta historia, es que las autoridades preparen todo, por omisión o por participación, para que los pobres se maten entre sí.