Jesús Mendoza Zaragoza
Agosto 22, 2005
Eso planearon, manejar de la manera más turbia la elaboración del proyecto de La Parota, según el modus operandi de un sistema político que no acaba de morir. Así hicieron siempre las cosas los gobiernos priístas, al tomar decisiones sin tomar en cuenta a los afectados de abajo y, aunque hoy otros colores nos gobiernan, la situación es la misma. Las decisiones se siguen tomando a partir de diseños macroeconómicos y de intereses no confesados, y a espaldas de la gente. El caso es que ahora tenemos un verdadero enredo en el asunto de La Parota, con campesinos divididos, asambleas amañadas y un megaproyecto a punto de irse a pique. Este es el saldo hasta hoy. Las cosas pueden empeorar si no se corrigen actitudes y procedimientos.
¿Por qué tuvo que llegarse a esta situación? Porque el proyecto no se fue preparando de manera civilizada. Si desde hace treinta años se iniciaron los estudios preliminares, los promotores del proyecto no se dieron tiempo para entrar en contacto directo con los campesinos, ejidatarios y comuneros para ir informando el curso del proyecto. Como siempre, los campesinos no merecieron una atención de esa naturaleza, pues siempre han prescindido de ellos, a quienes les ha tocado siempre resignarse a decisiones que les afectan negativamente. La información transparente no estuvo preparando los consensos necesarios para que este tipo de obras tengan un impacto social favorable a todos. Esta fue una grave carencia del proyecto que se miró siempre en términos económicos al margen de una necesaria vertiente social.
Después, cuando surge un grupo opositor al proyecto, no se dan los mecanismos para un diálogo real y fructífero, de manera que, poco a poco, se va generando un ambiente de confrontación. Mientras tanto, las autoridades fueron eludiendo su responsabilidad de moderar el diálogo entre las partes y, de plano, se colocaron al lado de la empresa paraestatal.
En cuanto a la información relativa al proyecto de La Parota, lo que tenemos es un soberano enredo. Una información ofrece la Comisión Federal de Electricidad y muy otra es la que los opositores, respaldados por entidades ambientalistas, suelen manejar. No ha habido una serena exposición pública de la información necesaria para que la sociedad se pronuncie y participe en la discusión. Mientras que los promotores ofrecen toda la información acerca de las ventajas y bondades del proyecto, los opositores hacen circular información sobre los riesgos y peligros del mismo. Y al haberse politizado el asunto ya no cuenta tanto la información técnica sobre la viabilidad ambiental y social del proyecto, sino que se han impuesto los intereses económicos y políticos de las partes en pugna.
La actual cerrazón de las partes no presagia nada bueno. Se ha anunciado una nueva asamblea de comuneros para darle salida a las prescripciones legales necesarias para hacer avanzar el proyecto, pero las condiciones actuales no son favorables para un evento de esa naturaleza.
En este punto muerto, debe corregirse lo que no se hizo desde el principio. Por una parte, tiene que socializarse toda la información sobre impacto social y ambiental de La Parota, de manera que la sociedad tenga los elementos necesarios para pronunciarse, largando la manera sesgada de informar. Aquí hay que señalar que, por la cerrazón de las partes en pugna, ha disminuido la confianza en los datos y en las razones que ellas puedan esgrimir para hacerse un juicio sobre el asunto. La sociedad tiene el derecho de exigir, sobre todo a la CFE, toda la información necesaria para una valoración integral del proyecto.
Y, por otra parte, las partes tienen que sentarse a dialogar. La soberbia y la cerrazón ya han llegado al colmo y ponen en riesgo el manejo civilizado de los problemas. Y hay que decirlo de ambas partes. Los promotores (empresa y gobierno) deben entender que no es una debilidad sentarse al nivel de los campesinos para escucharlos y para explicarles las cosas, y que tienen que ser honestos al exponer también los riesgos que todo proyecto de esta naturaleza implica, explicando la manera en que se ha previsto reducirlos al mínimo. Y los opositores tienen que tomar una actitud más racional de manera que no den la impresión que se trata de un capricho infantil. La sociedad es capaz de entender las razones que tienen peso y de apoyarlas en su momento. Si la presa significa un riesgo y una amenaza social, que nos lo hagan ver con datos e informaciones precisas con el debido soporte de confiabilidad.
Y cuando se trata de dialogar, hay que hacerlo con todos los afectados. El diálogo tiene que hacerse directamente con los campesinos, de manera que no se filtre entre unos cuantos líderes. El diálogo –o más bien, la confabulación– que se queda en los líderes o representantes ha sido un método viciado que siempre genera conflictos. Puede ser que ese método haya sido el origen de este conflicto, pues las autoridades comunales de Cacahuatepec han tenido, desde hace muchos años, fama de corruptas y al margen de los comuneros fueron coludiéndose con la CFE para permitir que por muchos años el proyecto de la presa fuera gestándose al margen de la gente, sin información y sin diálogo.
Para concluir, quiero señalar que la argumentación de la CFE, de los tres ámbitos de gobierno y de los empresarios descansa sobre un interés exclusivamente económico. Pegan el grito al cielo ante el gran pecado de que esta inversión de vaya de Guerrero, y seguramente están pensando en desarrollo económico, inversiones y ganancias. Pero hay que entender que el desarrollo económico tiene que guardar un equilibrio necesario con el bienestar social y con el respeto al medio ambiente. Es más, la clave de una decisión tal tiene que ser el beneficio social de todos, poniendo en el centro el interés de los más pobres, en nuestro caso, los campesinos.
Hay que desandar el turbio camino andado, hay que informar ampliamente y hay que dialogar con todos. Por lo pronto, conviene suspender la asamblea para que los comuneros aprueben la construcción de la presa.