Indudablemente La Parota se ha convertido en un tema sumamente polémico. La Comisión Federal de Electricidad, el gobierno estatal y federal intentan presentar la construcción de la referida hidroeléctrica como un proyecto de desarrollo que traerá grandes beneficios para la población, minimizando al máximo los costos sociales y ambientales que traerá aparejada su edificación.

Con la puesta en marcha del neoliberalismo en México, entraron también los grandes proyectos de inversión, fábricas textileras, construcción de supercarreteras, presas, centros turísticos y otros emporios comerciales, impulsados por la iniciativa privada, claro está. El 70 por ciento de estos proyectos se construyeron en tierras ejidales o comunales –este fue uno de los principales fines de la reforma al artículo 27 de la Constitución Federal– para la apropiación de estas tierras, el gobierno y las empresas recurrieron al engaño y la mentira. Les dijeron a los campesinos que dejarían de ser pobres, que habría empleos para ellos, que trabajarían en los aeropuertos, fábricas, hoteles, que serían dueños de taxis y de autobuses y que todo para ellos sería prosperidad, ante este rosario de promesas los ejidatarios y comuneros dieron las tierras. A la fecha no tienen empleos, ni han dejado de ser pobres, por el contrario han engrosado las filas de los cinturones de miseria en las ciudades.

En todos los proyectos de esta naturaleza, el gobierno y las voraces empresas han recurrido a la mentira, realizando una serie de promesas a los pueblos y a los campesinos, hablando siempre del desarrollo y del progreso. En los lugares que se impusieron estos proyectos los resultados han sido contrastantes, el progreso nunca llegó para los pobres, al contrario su futuro se volvió más incierto, porque acabaron con un modo de vida, que es el cultivo de la tierra. Como muestra de ello podemos citar los casos de Zapotlán de Juárez, Hidalgo con la construcción del aeropuerto, en la que el gobierno les prometió que habría desarrollo para ellos y que dejarían de ser pobres y se convertirían en dueños de taxis y de camiones, bajo estas promesas la mayoría de los campesinos optó por vender sus tierras, pero al paso del tiempo ni hubo desarrollo para ellos, ni se convirtieron en empresarios transportistas, sino mas bien su situación económica empeoró por que no tienen sus tierras para cultivarlas.

Hace décadas las mismas promesas llegaron a las costas del caribe mexicano cuando aquel lugar era un paraíso virginal, ahora podemos constatar que existe una gran muralla, que ilustra nítidamente para quien hubo desarrollo y progreso y para quien no.

Por un lado se observan los grandes hoteles de lujo y por el otro la población pobre de Quintana Roo y los mayas. Las puertas del lujoso lugar sólo se abren para darle paso a los pobres que se emplean como jardineros y sirvientes, ellos limpian la suciedad que dejan las personas distinguidas que disfrutan las delicias de ese mar inalcanzable para los pobres que un tiempo fueron dueños de ese precioso territorio.

Otro ejemplo reciente es el acontecido en la construcción de la presa El Cajón. La CFE, les prometió que pagaría un precio justo por la tierra y que para ello negociaría con cada uno de los propietarios, sin embargo en ningún momento lo hizo, por el contrario a través de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales fijaron el precio de la tierra de forma unilateral y actualmente depositaron ante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), la cantidad de 11 millones de pesos, lo que inconformó a los ejidatarios y ahora dicen que si no se les paga como habían acordado tendrán que llenar el embalse con ellos adentro.

Hoy en día en Guerrero, las mismas mentiras vierten el gobierno estatal, federal y la CFE. Tratan infructuosamente de construir un “discurso” (o promesa), en la que la presa se presente a los guerrerenses como un proyecto integral de desarrollo y no como una simple presa, aunque sin abundar cómo será eso. En contraparte en el mismo discurso los costos sociales y ambientales son inexistentes, es decir, no se dice que habrá cerca de 25 mil afectados por la presa, que se destruirán 17 mil hectáreas de selva baja, que a la fecha no tienen un lugar para reubicar a los pueblos que serán inundados, y que el precio de la tierra será fijado de manera unilateral, en términos de lo que dispone el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales y no se negociará con los dueños de la tierra como la hace ver la CFE y sus personeros.

Aunado a esto, la información que da la CFE sobre los afectados son subjetivos y superficiales pues no parten de una realidad, solo están considerando afectados a los que tienen el carácter de comuneros, por eso hablan de tan solo tres mil afectados, datos evidentemente erróneos, por que solamente en el ejido de los Huajes, (el cual será inundado en su totalidad), habitan 5 mil personas, en el caso del Ejido de La Palma habitan 8 mil personas y la mitad del pueblo será inundado, solo una parte de la población quedará entre la presa y un cerro lleno de peñas y piedras, sin posibilidades de sobrevivencia, a no ser que se le reubique. Pero como la CFE, solo considera a 3 mil afectados, la suerte del resto de la población es incierta.

Otra de las mentiras que los impulsores de la presa propagan es que se generará agua para Acapulco. La presa La Parota es para producir energía eléctrica por medio de grandes turbinas que se establecerán para tal efecto y en ese sentido se requiere mantener lleno el nivel del agua, razón por la cual es evidente que el agua de la presa no se podrá utilizar para otros fines que no sea el de generar electricidad.

El tema de la consulta ha sido una farsa más, el gobierno estatal no cesa de manifestar que tuvieron verificativo asambleas ejidales y comunales en las que la población campesina aceptó la presa La Parota. Falso, dichas asambleas han sido un mecanismo de imposición y no de consulta, el propio Tribunal Unitario Agrario, declaró en el expediente judicial 447/2005 que la Procuraduría Agraria, la propia CFE y el gobierno estatal violaron el derecho de los comuneros de Cacahuatepec, al imponerles el proyecto de La Parota en una supuesta asamblea comunal.

Por más que traten de destacar las bondades de la presa y ocultar a ultranza los perjuicios que acarreará su construcción, es evidente que las represas en América Latina y el mundo han generado una gran inconformidad social y daños ambientales devastadores, pues de acuerdo con informes de las Naciones Unidas y otras organizaciones ambientales, las represas son una de las causas del calentamiento global y de la escasez de agua en el planeta.

Por todo ello la Comisión Mundial de Represas, auspiciada por el Banco Mundial, formó un equipo de expertos, para estudiar a profundidad los problemas sociales y ambientales que se han generado con la construcción de represas en todo el mundo y finalmente concluyó que se han cometido una infinidad de violaciones a los derechos humanos, que la construcción de presas representa grandes costos sociales y ambientales y tiene muy poca rentabilidad económica. Por todo ello recomendó a los gobiernos explorar mecanismos alternativos para generar energía eléctrica y sólo en caso de que esto no sea posible, construir las presas ponderando en todo momento el sentir y consentimiento de la población afectada y tendiendo puentes de diálogos que impidan el surgimiento de un conflicto social, recomendaciones que han sido soslayadas por la CFE y el gobierno.

En la zona de conflicto no existen personas que quieran que se construya la presa, lo que existe es gente que ha sido manipulada, con la construcción de obras sociales como escuelas, centros de salud, (aunque sin médico ni medicinas), carreteras y en muestra de agradecimiento la población apoya a la CFE. Con estas obras la CFE ha contribuido a alterar la paz en las comunidades, ha llegado al absurdo de armar a los pobladores para que resguarden la maquinaria y esta pueda iniciar los trabajos, tal y como sucedió en días pasados en la comunidad de Apanhuac, anexo de Cacahuatepec.

Pese a todas las mentiras el movimiento opositor crece y se consolida cada días más y en torno a él la solidaridad de amplios sectores y organizaciones del estado, nacionales e internacionales. En este sentido el gobierno del estado y el federal deben valorar y tomar en cuenta esta oposición o de lo contrario el conflicto se agudizará y habrá consecuencias lamentables, pues los campesinos opositores han sido claros que por ningún motivo se saldrán de sus tierras.

El gobierno, antes que la fuerza, debe privilegiar el diálogo. Hasta la fecha las autoridades no han mostrado voluntad de dialogar. El gobierno del estado de Guerrero ha tildado de intransigentes a los opositores y los ha culpado de la imposibilidad de dialogar. Evidentemente esto es inexacto, y como ejemplo de ello podemos citar el diálogo que se generó entre el CECOP y Félix Salgado Macedonio en semanas pasadas en el contexto de la toma de la planta Papagayo II.

De acuerdo a las reglas de la mediación, el que llama al diálogo debe ser una persona imparcial, reconocida y aceptada por las partes, en caso contrario difícilmente las partes se sentarán a dirimir sus diferencias, pues si el mediador no es aceptado por una de las partes en todo tiempo prevalecerá la desconfianza.

Es justo lo que el gobierno del estado no ha dimensionado, a la fecha se ha convertido en parte del conflicto al ser uno de los principales impulsores de la presa y en este tenor difícilmente establecerá las condiciones para el diálogo con los opositores. Cuál será la base del diálogo si entre los opositores y el gobierno existen posiciones totalmente encontradas. No es que los opositores sean intransigentes, sino que el gobierno estatal no tiene legitimidad para llamar al diálogo.

Es importante el diálogo con las autoridades federales y en específico con el Presidente de la República, quien debe escuchar a los opositores, debe revisar las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en el intento de construir la presa La Parota y sobre todo considerar las recomendaciones del Tribunal Latinoamericano del Agua y el propio veredicto del Tribunal Unitario Agrario dentro del expediente judicial 447/2005.

Una obra por mucho desarrollo que traiga no puede soslayar la oposición de la población y construirse pasando por encima de los derechos humanos.