El financiamiento asignado a los partidos políticos es un tema muy debatido en la sociedad debido a la cuantía de recursos que les son asignados año tras año. Esto se debe a que los partidos son concebidos como instituciones de interés público y por tanto, el sostenimiento de sus actividades se realiza con financiamiento de recursos del Estado. Este es uno de los derechos contemplados en las prerrogativas a las que tienen acceso y se denomina financiamiento público, el cual se otorga tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y bajo tres modalidades: 1) para sus actividades ordinarias permanentes, 2) actividades específicas y, 3) para gastos de campaña. Esto quiere decir que el sistema de partidos políticos recibe doble financiamiento, por un lado a nivel federal que es determinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el otro lado, el financiamiento local que determinan los Institutos Electorales de los estados, cuya sumatoria de las 32 entidades (en la actualidad), resulta igual que el financiamiento federal.
El financiamiento ordinario, al igual que el específico, es asignado de manera anual. El cálculo es una sencilla multiplicación: el total de ciudadanos en el padrón electoral federal o local, según corresponda, por el 65% de la unidad de medida y actualización (UMA), la cual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de las entidades federativas. Sobre la base del cálculo del financiamiento ordinario, se determina el correspondiente para actividades específicas, el cual es el equivalente al 3% de éste, y en año de elección el gasto de campaña es el 50% del ordinario cuando se desarrollan las tres elecciones federales, y el 30% cuando sólo es de diputados federales.
Al introducir la variable padrón electoral, se interpreta que el diseño de la fórmula de cálculo del financiamiento a partidos, considera que el 100% de los ciudadanos acuden a las urnas a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, de acuerdo con datos del INE para las seis elecciones federales en el periodo de 2000 a 2015, el promedio de participación ciudadana ha sido de apenas el 53.23%. Dicho de otra manera, de cada diez ciudadanos en condiciones de ejercer su voto, poco más de la mitad lo ejerce, lo cual significa que hace falta mucho por remontar el abstencionismo. Por otra parte, tanto el padrón como la UMA (antes salario mínimo), son dos variables en constante crecimiento, y por tanto, el financiamiento público tiende a incrementar año tras año.
Para efectos de identificar una posible correlación entre el financiamiento y la participación electoral, para los años en que se desarrollaron elecciones, se sumaron los tres tipos de financiamiento del año de la elección y dos anteriores, por ejemplo, para la elección de 2000, se sumaron los años 1998, 1999 y 2000, y así consecutivamente, con la finalidad de acumular el financiamiento al que tuvieron acceso los partidos para llegar a la elección correspondiente. Lo anterior obedece a que, de acuerdo con la Constitución los partidos tienen como fin promover la participación política en la vida democrática, y esta se encuentra íntimamente ligada a la participación ciudadana en las elecciones, la cual no solamente debe perseguirse en el año electoral, sino debe ser un esfuerzo permanente de los partidos para fomentarla.
En el periodo analizado se desarrollaron elecciones federales en 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015. En estas seis elecciones, el financiamiento público (en sus tres modalidades) ascendió a 56 mil 151 millones de pesos, observando un crecimiento promedio del 18.73% entre una elección y otra, mientras que la participación promedio fue de 53.23%. De entrada se puede afirmar que el financiamiento público tiene escasos efectos positivos considerables en el aumento de la participación ciudadana.
Desde luego que el fenómeno de la participación ciudadana no es exclusivo de los partidos, también tienen que ver los órganos electorales, las condiciones educativas, sociales, económicas, políticas, entre otras. Y en este contexto, si se introducen al análisis los presupuestos asignados a los institutos electorales, los resultados no variarán mucho: los efectos positivos de dichos presupuestos en el incremento de la participación ciudadana, no son significativos. Aquí habría que señalar, que de acuerdo con el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México publicado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en 2014, las dos instituciones con la menor confianza de la sociedad son los partidos y los diputados, que se ubican por debajo del 20%, esto quiere decir que de cada cinco ciudadanos, poco menos de uno confía en ellos. Por su parte, el IFE apenas alcanzó el 34%, es decir, uno de cada tres ciudadanos confiaba en el órgano. Esto expresa la evaluación que hace que hace el ciudadano al sistema de partidos y a los órganos electorales, y en consecuencia, sobre la eficiencia del gasto ejercido en la democracia.
En conclusión, es necesario que el financiamiento público tenga una correlación con el nivel de participación ciudadana en las elecciones, y para esto se debe realizar un rediseño de la fórmula de cálculo para que el gasto de los partidos tenga una afectación positiva en la variabilidad de la participación. Para ello, es importante introducir en la fórmula de cálculo el porcentaje de la participación ciudadana, con la finalidad de que tenga un impacto directo sobre la parte del incremento del financiamiento.
La propuesta es dejar como base el financiamiento del año 2017, calcular el financiamiento de los años siguientes, y la diferencia entre el 2017 y el año a calcular multiplicarla por el porcentaje de la participación ciudadana registrado en la última elección de diputados federales. Bajo esta propuesta, en el cuadro uno se muestra la proyección del cálculo del financiamiento para 2018, tomando como base el 2017. Nótese que de seguir la fórmula en su estado actual en 2018 los partidos recibirían 4 mil 180 millones 900 mil pesos, pero al introducir la variable participación ciudadana la cifra quedaría en 4 mil 55 millones 500 mil pesos, es decir, 125.4 millones menos.
De lo contrario, cambiar de tajo el padrón electoral por la participación ciudadana, significaría reducir inmediatamente en casi un 50% el financiamiento, lo cual pondría en crisis financiera al sistema de partidos políticos y podría provocar que se busquen fuentes de financiamiento ilícitas y esto sería desastroso para nuestra joven democracia. La idea es que los impactos sean paulatinos y que vayan teniendo efectos positivos en la variabilidad de la participación ciudadana, y poco a poco, a una mayor participación ciudadana, mayor financiamiento público.

* Consejero del IEPC Guerrero.
Licenciado en Economía y maestro en Políticas Públicas Comparadas.

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