Margarita Warnholtz
Junio 30, 2017
El lunes pasado (26 de junio) las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) terminaron de entregar a los representantes de la ONU sus armas (solamente se quedaron, según lo acordado, con las necesarias para resguardar sus campamentos y éstas serán abandonadas el próximo 1 de agosto). Sin duda fue un día histórico para ese país, después de 53 años de guerra.
Ahora sigue lo más difícil, la reinserción de los ex guerrilleros a la vida civil y la consolidación de las FARC como movimiento político. Implicará un enorme esfuerzo, tanto para la sociedad civil y el gobierno colombianos como para la hasta ahora guerrilla, lograr que esto se lleve a cabo en paz y que se cumplan los acuerdos. Es inevitable en este momento recordar las imágenes de Carlos Pizarro, comandante del M-19 –grupo guerrillero colombiano que se desmovilizó en 1990– entregando su arma el 9 marzo de ese año y las imágenes de su funeral sólo 49 días después.
Como sea, la desmovilización de las FARC es un hecho importantísimo para Colombia e implica un gran paso para la paz. Sin embargo, todavía existen –aunque no tan grandes– otros grupos armados, tanto guerrilleros como paramilitares, además de los narcotraficantes y la delincuencia común. Además, en lo que va del año han sido asesinados más de 30 líderes sociales en dicho país, entre ellos muchos indígenas.
Los pueblos indígenas de Colombia continúan siendo víctimas de la violencia en sus territorios y enfrentan serios problemas. El Consejo Regional Indígena del Cauca está celebrando esta semana su décimo quinto congreso y en el recuento de la situación actual en las diversas zonas y comunidades predomina el tema de la presencia de grupos armados.
Según las noticias del congreso no han cesado las violaciones a los derechos humanos y hay dificultades por la presencia de grupos paramilitares que pretenden copar sus territorios para cultivos ilícitos, así como conflictos con grupos disidentes de las FARC. Por otro lado, continúan enfrentando a la minería legal e ilegal. Afirman que la paz no ha llevado a las comunidades la tranquilidad que se esperaba.
Por otro lado, hay que recordar que en el acuerdo de paz firmado el 24 de agosto del año pasado por el gobierno colombiano y las FARC (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera) se incluyó un capítulo étnico en el que se estableció, entre otras cosas, que se tendrían en cuenta los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos, así como el ejercicio de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
En ese sentido, la Organización Nacional Indígena de Colombia denunció en un comunicado (fechado el 22 de mayo) el incumplimiento de algunos puntos de dicho capítulo, particularmente en relación al tema de la consulta, y afirmó que no hay voluntad política de las partes para desarrollarlo.
En síntesis, han pasado 10 meses desde la firma del acuerdo de paz y sin duda ha habido importantes avances, pero éstos no han llegado a las comunidades indígenas. ¿Llegarán?