La discusión acalorada que se está dando en el salón de plenos de San Lázaro, por parte de las diferentes fracciones parlamentarias, es la expresión de la pluralidad de intereses económicos y visiones que se disputan en torno a la asignación de partidas presupuestales para su aprobación y su ejercicio en el 2019. El paquete presupuestario planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) supuestamente conlleva una revisión a fondo de las partidas destinadas a gastos que han sido evaluados como onerosos y que de algún modo han sido dilapidados por la burocracia gubernamental. En la visión de la austeridad republicana se reducen estos fondos para reasignarlos a programas prioritarios. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en todo momento que se realizarían recortes al presupuesto público para sanear las finanzas y reorientar los recursos hacia proyectos estratégicos de impacto nacional y para abatir el rezago que existe en amplias franjas de los sectores sociales pauperizados.
Estas prioridades para el nuevo gobierno plasman necesariamente una visión de país que no es compartida por las diferentes fracciones parlamentarias, por el contrario, se ha dado una disputa que no ha quedado circunscrita al recinto legislativo, sino que ha propiciado reacciones tanto de los mismos gobiernos estatales como de diversos sectores sociales. El malestar está alcanzando diferentes niveles de confrontación. Proliferan las protestas y las opiniones disímbolas, y diversos actores políticos resaltan las cifras inequitativas que aparecen en el presupuesto público. Cada sector de la sociedad enfatiza las inconsistencias que descubre en las partidas presupuestales que supuestamente contradicen la política económica que el gobierno federal quiere aplicar en favor de las mayorías empobrecidas. La toma del Palacio Legislativo es la acción más contundente a la que han apelado varias organizaciones sociales para ejercer presión a los legisladores de Morena. Estas acciones también son avaladas por los partidos que se oponen al paquete presupuestal del nuevo gobierno.
Varias organizaciones sociales han cuestionado que la nueva propuesta presupuestal en lugar de inyectar mayores recursos al campo, los ha reducido, al grado que unos 70 programas sociales están siendo recortados por los nuevos funcionarios de Hacienda, que considera innecesarios el 48% de estos programas. La forma de clasificar a un gran número de programas que se destinaban a combatir la pobreza no toma en cuenta el sentir de la población, más allá del diseño institucional de crear clientelas políticas. Con el afán de desmontar un presupuesto que fue armado para manejar grandes cantidades de dinero entre grupos políticos y económicos que se acostumbraron a lucrar con la pobreza, se puede caer en el error de descalificar los procesos organizativos que se dan en varias regiones del país y que han podido construir propuestas alternativas para combatir el rezago social. Se coloca en un mismo costal a los actores políticos, económicos y sociales y se les recorta con la misma tijera, con la consigna de acabar con el intermediarismo. Se parte de que el corporativismo político engloba a toda la sociedad y que por lo mismo, se le niega la capacidad organizativa y autogestiva a vastos sectores de la sociedad que han luchado a brazo partido contra las políticas clientelares. Hay la necesidad de repensar otras formas de proceder y de evaluar los programas sociales, no solo recortando de tajo estos apoyos, porque los más afectados son como siempre las poblaciones indígenas, las familias jornaleras, las mujeres, niñas y niños de las regiones más olvidadas y azotada por la violencia.
Por otra parte, se ha dado una fuerte discusión sobre la creación de la Guardia Nacional que ha sido propuesta por el presidente de la República como la alternativa más confiable para combatir los altos índices de inseguridad que enfrenta el país. Este nuevo planteamiento ha desatado una gran polémica no sólo en el ámbito parlamentario sino en amplios sectores de la sociedad civil. El cuestionamiento de fondo es la visión militarizada de la seguridad, que ya ha sido cuestionada en diferentes momentos por la ONU y que lamentablemente sus recomendaciones nunca fueron atendidas por los gobiernos anteriores. Hoy, no solo se tiene una amplia documentación de las consecuencias de este modelo de seguridad, sino que existe en nuestro país un vigoroso movimiento de familias que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la militarización. No sóolo hay denuncias a nivel nacional e internacional contra militares y marinos, sino que hay sentencias de tribunales internacionales que han emplazado al Estado mexicano para que se desmilitarice el país y que la seguridad quede en manos de civiles. En esta misma polémica se ha querido descalificar a las voces criticas que han expresado públicamente las consecuencias de esta política de seguridad que le apuesta a la mano dura. Tenemos que decir con mucha claridad que sobresale el compromiso probado de muchos años, por parte de las mismas familias agraviadas y de organismos civiles de derechos humanos de alzar la voz contra los crímenes cometidos por militares, asumiendo una defensa responsable de la población que ha sido silenciada. Nuestra apuesta ha sido por hacer vigente los derechos humanos, para que el Estado de derecho funcione y se traduzca en seguridad, justicia y respeto a la vida. Luchamos para que quienes han padecido situaciones graves de derechos humanos, encuentren una respuesta eficaz a los agravios que las mismas autoridades han causado por coludirse con el crimen organizado.
No sólo es una decisión política que ha asumido el nuevo gobierno de militarizar la seguridad pública sino que la misma Secretaría de Hacienda le ha adjudicado un mayor presupuesto a la Secretaria de la Defensa Nacional. Esta postura deja mucho que decir sobre todo ante un panorama desolador, máxime que las familias que han levantado la bandera de la justicia no ven que exista una ruta clara de cómo se va a transitar en este nuevo gobierno hacia la verdad y la justicia, cuando coloca a la misma institución castrense como la fuerza que supuestamente impondrá el orden y protegerá los derechos humanos. Las personas y movimientos que mantienen viva esa exigencia de que se castigue a quienes han violentado los derechos humanos, emplazan a las nuevas autoridades a que primero se llame a cuentas a quienes formaron parte de una guerra que cobró muchas víctimas y que hoy nos tiene sumidos en el dolor y la violencia.
Seguramente en las discusiones que continuarán en el recinto legislativo de San Lázaro no pesarán las razones profundas de una sociedad agraviada ni tampoco se tomarán en cuenta los silencios de miles de familias que sobreviven en medio de la violencia y la miseria, y que hasta la fecha otros personajes siguen decidiendo y hablando en su nombre. La disputa se mantendrá entre los grupos de poder que seguirán defendiendo sus intereses políticos y económicos, y continuarán discurriendo en nombre de mexicanos y mexicanas que han luchado para que sean tomados en cuenta y sean respetados y reconocidos como actores con plenos derechos; seguirá el diferendo por los dineros públicos y los mismos gobernantes que se sienten afectados en sus proyectos políticos, tomarán las banderas de las organizaciones y movimientos que luchan desde abajo en medio de muchas adversidades para pelear por lo que en justicia les corresponde. Este recinto es ahora el escenario que marcará el nuevo derrotero político de nuestro país en cuanto a la asignación de recursos públicos se destinen para abatir la desigualdad y combatir la corrupción. Las mexicanas y mexicanos votaron por un cambio que acabe con los privilegios y las corruptelas para los que utilizan el presupuesto público para intereses facciosos. Hoy la sociedad guerrerense pugna para que se desmonte una estructura burocrática que ha sido la verdadera intermediaria del ciudadano y ciudadana que ha sido despojado de sus derechos y que no le ha quedado otra alternativa que tomar las calles para evidenciar la corrupción y arrancar obras mínimas para abatir el rezago secular.
El presupuesto público dejará de ser la piñata de los grandes políticos, el festín de los empresarios voraces y las partidas destinadas a fortalecer clientelas políticas para mantener un sistema plagado de parásitos que arrancan por la fuerza el patrimonio del pueblo para dejarlo en el fango de la miseria. La población pobre de Guerrero lo que exige es que los recursos públicos que se aprueben ya lleguen directamente a los ciudadanos y ciudadanas, a las comunidades indígenas donde siempre se les ha pisoteado en sus derechos y se les ha saqueado de sus recursos. Lo que demandan es que la obra pública deje de ser el gran negocio de los gobernantes y sus secuaces empresarios con su cauda de intermediarios y líderes que viven del clienteleje y la corrupción. Ya no más festín de lobos políticos ni piñatas para la gran burocracia gubernamental y empresarial que siempre acapara y arrebata el dinero del pueblo. En este 2019 el pueblo de Guerrero que ha demostrado tener la casta de un pueblo heroico peleará como siempre lo ha hecho para que se haga realidad el ideario del general Morelos de que se haga justicia al pobre y que se respeten sus derechos por parte de quienes en su nombre han lucrado con el poder político.