Es ilegal, puesto que su constitución y su actuación no se sustentan formalmente en un marco jurídico. Usurpación de funciones,
abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad son los delitos tipificados de que se acusa a dirigentes y miembros de la
Policía Comunitaria presente en al menos 65 poblados de 10 municipios, en los que habitan mestizos e indígenas mixtecos,
tlapanecos y nahuas de los municipios de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Copanatoyac y Metlatónoc, entre otros. Es la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la organización que respalda a la Policía Comunitaria como
instrumento de seguridad pública alterno a las autoridades oficiales de seguridad pública en dichas comunidades de las regiones
de La Montaña y la Costa Chica, con un sistema de prevención y procuración de justicia que no se reduce a atrapar delincuentes,
sino que busca legitimar el derecho tradicional y, además, perseguir y sancionar delitos del fuero común (robo, asalto, violación,
asesinato, abigeato, entre otros).
La cuestión está en que el gobierno del Estado, a través de sus cuerpos policiacos no ha tenido capacidad para dar seguridad a
esos pueblos. Es más, dichos pueblos han visto en las autoridades que tienen a su cargo la procuración de justicia (ministerios
públicos, policía ministerial) y la seguridad pública (diversos cuerpos policiacos) un factor de mayor inseguridad. Por tal razón, en
las asambleas de los pueblos se decidieron a darse la seguridad por sí mismos.
Los resultados han sido patentes. Esta organización, que acaba de cumplir 12 años, fue fundada el 15 de octubre de 1995 en
Santa Cruz El Rincón en un contexto de alta delincuencia que contaba con la indiferencia y la complicidad de las autoridades
formales, ha construido un sistema comunitario de seguridad que cuenta con el aval y la vigilancia de sus pueblos, bajando
sustancialmente los índices de delitos del fuero común.
Esta policía tiene a su favor una gran legitimidad social, pues es una expresión de los pueblos que buscan construir sus propios
instrumentos para darse la seguridad que el Estado no les garantiza. Pero tiene en su contra un aparato de Estado, al que le
resulta extremadamente incómodo tolerar a cuerpos armados “fuera de la ley”, y más cuando han mostrado resultados muy
significativos. Pero no sólo eso. Si el Estado ha sido incapaz de proporcionar seguridad y administrar justicia es porque sus
instituciones han carecido de un enfoque social y están atrapadas en círculos de corrupción.
¿Qué le queda al Estado? Las autoridades municipales y estatales tienen que pensar que si bien, las instituciones oficiales de
seguridad pública y de procuración de justicia cuentan con un estatuto legal, no necesariamente cuentan con la legitimidad que
sí tiene la Policía Comunitaria. Y esta es una gran desventaja a la hora de cumplir con sus tareas en la sociedad. Si no cuentan con
la confianza y la credibilidad, son altamente vulnerables.
No se trata sólo de proponer un estatuto legal para que la Policía Comunitaria –que por cierto cuenta con más de 500 elementos–
se incorpore a la legalidad formal. No se trata de cooptar y de asimilar esta iniciativa indígena para después llevársela a los
terrenos de la corrupción que impera en los sistemas oficiales de seguridad pública. No. Se trata de cambiar la lógica de la
seguridad pública y de la procuración de justicia de manera que transite a los terrenos de la legitimidad social. Se trata de forjar
un sistema de seguridad y de justicia con un alto enfoque social. Se trata de poner estas instituciones al servicio de la sociedad
más que al servicio del Estado. Se trata de cambiarle la lógica al asunto.
Así como los pueblos de La Montaña y de la Costa Chica le han apostado a la Policía Comunitaria y tienen sobre ella un control y
una vigilancia rigurosa, así habría que pensar en la necesidad de una vigilancia y de un control social sobre los cuerpos de
seguridad pública. En lugar de criminalizar estos intentos de los pueblos indígenas para darse la seguridad que el Estado no les
garantiza, tiene que pensarse en la participación ciudadana en cada pueblo y en cada ciudad para que los cuerpos de seguridad
ya no sean un estorbo ni una amenaza para la seguridad de la gente sino que cuenten con la confianza y el respaldo de las
comunidades. La Policía Comunitaria ha sido un buen ensayo que hay que cuidar para aprender de él. La solución no va por el
camino de la criminalización sino por el de la aceptación y la inclusión de un sistema de justicia distinto, que por ser distinto es
más confiable y eficaz.