Dicen que es mejor estar en el gobierno que en la oposición, pero es más fácil ser opositor que gobernante. Eso lo sabe ahora muy bien el actual ocupante del Poder Ejecutivo Federal, quien supo de injusticias y otras amarguras durante los muchos años que se mantuvo como aspirante presidencial. Aquello fue muy duro, pero lo de hoy va más lejos.
Atribuyen a don Adolfo Ruiz Cortines aquello de que la política es comer sapos, y que, en todo caso, lo que importa es el tamaño de los batracios. Eso debió estar muy presente en la negociación de Marcelo Ebrard con la contraparte gringa, pues resulta obvio que se optó por el mal menor, pero mal al fin.
Hubiera sido suicida esperar pasivamente que los aranceles anunciados por Donald Trump entraran en vigor, pues el daño que eso implicaría para México sería incalculable, toda vez que nuestra economía está muy lejos de tener buena salud, como lo muestran los tremendos recortes al presupuesto público, pues se trata de evitar a cualquier costo que la inflación se dispare.
La imposición de aranceles progresivos, que empezarían con un cinco por ciento a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y que podrían escalar hasta un treinta por ciento, en las actuales condiciones resultaría algo catastrófico, sobre todo si se tiene presente la feroz campaña de las llamadas calificadoras –más bien descalificadoras–, empeñadas en condenar proyectos como Dos Bocas y el Tren Maya, no por razones técnicas, sino porque la inversión mayoritaria y el control serán del Estado, lo que consideran un pecado inaceptable.
La firma del convenio no garantiza que Trump vaya a respetarlo y algunos funcionarios de su gobierno se han encargado de remarcarlo. Es más, el monstruo de la Casa Blanca advierte que México pactó más de lo anunciado y amenaza con hacer revelaciones que, suponemos, pondrían en aprietos al gobierno mexicano. Para hacer más patente su desprecio, el hombre del copete alborotado dijo que si el convenio no es aprobado en México, lo que toca al Senado de la República, entonces entrarán en vigor los aranceles, lo que ratificó Mike Pompeo, el secretario de Estado, quien fue más lejos, pues anunció que la medida podría aplicarse “si llega a darse el caso de que no estemos avanzando lo suficiente” en materia migratoria.
A México se le ha impuesto el humillante requisito de asumirse como patio trasero del vecino del norte y como gendarme a su servicio. Aún así, Washington se arroga el derecho de interpretar cuándo, cómo y cuánto está cumpliendo la contraparte, lo que jurídicamente es inaceptable, pues se supone que lo firmado es un documento con validez internacional.
Por lo pronto, el gobierno mexicano ya anunció que uno de cada nueve efectivos de la Guardia Nacional irá a la frontera sur para impedir el paso de indocumentados. Esta labor de contención ha hecho que el presupuesto para asuntos migratorios se haya más que duplicado en plena austeridad. A su vez, nuestro país recibirá a miles de migrantes expulsados de Estados Unidos, pese a que las autoridades de Chihuahua ya advirtieron que carecen de capacidad para recibirlos.
En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Migración calcula que 200 personas han sido expulsadas de territorio estadunidense y enviadas a México en espera de conseguir visa, por lo que se espera que a fines de agosto sumen unos 60 mil los extranjeros que no quieren quedarse en territorio nacional, pero que han sido obligados a permanecer entre nosotros.
Doña Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, negó que las autoridades mexicanas vayan a convertirse en la Border Patrol de la frontera con Guatemala. En el mismo sentido, Ricardo Monreal, líder de la mayoría en el Senado, dijo que este cuerpo no admitirá que México vaya a convertirse en un “tercer país seguro”, como afirman allende el Bravo.
Porfirio Muñoz Ledo fue más severo, pues dijo que convertir a México en persecutor de migrantes atenta contra la Constitución, agregó que la Guardia Nacional fue creada para combatir a los delincuentes no a quienes están en tránsito por el país. En suma, nos hallamos ante “una medida profundamente contraria al interés nacional”. Pues sí, pero en Palacio piensan otra cosa.