La función de la política es civilizatoria. Sin la política no habría estado, gobierno, poderes públicos, régimen, partidos políticos, códigos, sector privado, sociedad civil, sindicatos, cultura y un etcétera interminable. Paradójico, mucho de lo que repugna a una buena cantidad de ciudadanos no existiría, pero es indispensable que exista.
Por la política se establecen normas y fundan instituciones que cumplen una función regulatoria y de intermediación; de ahí que también deba ser drástica cuando la exigencia del cumplimiento de la ley dispone del uso de la fuerza legítima. Todo lo que tiene que ver con la interacción entre dos sujetos o más es necesariamente político y toca al estado globalizar sus actos y generalizar sus sanciones.
Polis, raíz griega que significa ciudad, por definición es gregaria, el sitio habitado, en donde convive la sociedad, la sociedad política. La naturaleza de la sociedad es el conflicto y el de la política su arreglo, meter paz en la discordia. Sin política habría tribus, no sociedad; grupos que vivirían al amparo de su propia fuerza bajo la premisa de sálvese quien pueda.
Siendo la política el gran adhesivo social, entonces ¿en qué falla? ¿porqué tanto repudio hacia ella y lo que representa? La respuesta la encontramos en una sola palabra: poder. El poder es la consecuencia del pacto social: Yo, ciudadano, entrego a una persona o grupos de personas la facultad de mantener el orden público y me someto a las disposiciones que lo haga posible.
Imaginemos que desaparecen las instituciones y las leyes. Nuestras vidas y nuestros bienes estarían permanentemente expuestos a la ambición del poderoso, de cualquier individuo que pudiera aniquilarnos. Viviríamos en guerra y con temor.
El asesinato de Abel fue producto de los celos de Caín. Lo que hace el poder legítimo, a través de la ley, es castigar al homicida para cohibir la repetición de ese acto deleznable. Esa es la finalidad del poder legítimo proteger, desarrollar el aristotélico bien común. Cuando el poder legítimo se sustrae de sus deberes fundacionales (el orden público, la protección a los derechos humanos y el desarrollo integral de la persona), así sea por omisión, genera impunidad, que no es otra cosa que la tolerancia para que algunas personas puedan victimizar a otras sin sufrir consecuencia alguna. Es decir, en ese combate sin término el bien debe someter al mal, el poder del estado al poder ilegítimo.
El poder se manifiesta cuando su legítimos detentadores influyen en los demás: sería el caso de cobrar impuestos, infraccionar a conductores alcoholizados, otorgar pasaportes, congelar cuentas bancarias, auditar empresas y más. Lo anterior representa innumerables facultades de las que disponen los gobernantes y por las cuales son asediados por diversos intereses.
Convalidar acciones que deterioran al estado equivale a aceptar conscientemente al Caballo de Troya. El efecto ha sido la pérdida de confianza hacia el político y la política prevaleciente. ¿Desaparecería por ello la política? Por supuesto que no. La otra forma que cambia como el agua es la política, esencia del poder. Puede ser líquida –diría Gorostiza–, se acomoda “al vaso que la contiene”; sólida, fundada en la ley y en sus instituciones; y gaseosa, sin dirección, empujada por el capricho del viento.
El sustento de la política es la demografía; existirá en tanto seamos miles, millones. La humanidad ha enfrentado severos desafíos al paso del tiempo. La historia registra de manera oblicua los acontecimientos, la sucesión de interpretaciones. Los filósofos griegos tuvieron la virtud de advertir el futuro por siglos. Previeron prácticamente todo lo que ha vivido el ser humano. Habrá política en el futuro de este mundo global, que incrementa y visibiliza los componentes y el volumen del conflicto.
Hoy, la política del bien común es una tarea ardua, espinosa, porque el estado es combatido. El fenómeno que lo deteriora se resume en tres grandes vertientes: la protesta social (revindicar salarios, exigir obra pública, repudiar al gobierno, migrar y más); el crimen organizado (drogas, trata, extorsión, terrorismo, desaparición forzada, entre otros); y el cambio climático. Además, el crecimiento exponencial de esas realidades por medio de las redes lo muestra en sus verdaderos alcances. A veces, pareciera que el estado se comporta como un jugador más, lo cual sería grave pues perdería relevancia a costa de la política civilizatoria.
El poder de la política disminuye cuando el estado se debilita. Como lo explica Luis. F. Aguilar, ofrecer o exigirle más de lo que dispone hace ineficaz al estado (Legitimidad y Efectividad: los dos imperativos del gobernar, 2019). Lo que se traduce en el achicamiento del poder público, evidenciando sus limitaciones para garantizar el orden comprometido con la sociedad. No un orden cualquiera, el orden de la ley.
El sistema político federativo implica el desarrollo equilibrado de la nación; la fortaleza del todo atendiendo a sus partes. Chiapas, Oaxaca y Guerrero son ejemplo de un federalismo inequitativo que solo contiene al conflicto, cuando que lo deseable es su administración. No se trata de ser semánticamente quisquillosos. Contener es detener en algún lugar determinado una situación indeseable; administrar significa organizar recursos, eficientemente aplicados, para resolver problemas.
Si el Sur tiene instituciones insuficientes para disolver sus conflictos, es indispensable que esas limitaciones las rompa la federación. Seguir en la misma ruta equivaldría a abandonar la política, dejar de lado su poder civilizatorio, en abono a la subcultura de la violencia.
Sombras nada más sería el Estado de Derecho.