El pasado domingo, un magistrado del tribunal federal de la cuarta región, con sede en Porto Alegre, decidió aceptar un pedido de amparo a favor del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, interpuesto por tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT), dos días antes. Si bien los abogados del ex presidente han realizado numerosos pedidos de amparo para evitar la condenación, y el posterior encarcelamiento del fundador del PT, se trató de la primera vez que un juez decide tomar cartas en el asunto. De tal suerte que poco más de tres meses después de la ida de Lula tras las rejas de Curitiba, su excarcelación parecía ser un hecho concreto.
Rápidamente, la noticia fue diseminándose en las redes sociales y en los principales medios de comunicación del mundo entero. Lula sería liberado el mismo domingo, porque según el juez, su encarcelamiento rompería la isonomía necesaria para el desarrollo adecuado del proceso electoral en curso. Lula es actualmente precandidato a la Presidencia de la República, y por ende, tendría que tener acceso a los medios de comunicación para difundir y promover sus propuestas de campaña. Sin embargo, la justicia ha impedido cualquier iniciativa de parte del PT para promover a su candidato, restringiendo de manera deliberada sus visitas, así como el acceso que podrían tener sus amigos y colegas del PT, con el objetivo de evitar su crecimiento en las encuestas de intención de voto.
Ante la sorpresa generada por la noticia, los policías de la delegación de la policía federal de Curitiba – donde se encuentra recluido Lula – llamaron a sus superiores, para que a su vez, estos últimos avisen al juez Sergio Moro, que se encuentra actualmente en Portugal, de vacaciones. Desde Europa, Sergio Moro tomó la decisión de llamar directamente al director general de la policía federal, así como al delegado a cargo de la custodia del ex presidente, para evitar que sea liberado.
El problema central es que Sergio Moro, al ser un juez de primera instancia, no tiene el derecho de desautorizar una orden judicial de un juez de segunda instancia, al ser este último un juez de un nivel jerárquico superior al suyo. Sin embargo, esto no fue un problema para Moro, que instruyó al delegado de la policía federal para evitar la liberación de Lula.
Ante la negativa del policía, que podía ser indiciado por no respetar una orden judicial, Sergio Moro instruyó telefónicamente a su equipo publicar una nota oficial, dejando sin efecto el amparo otorgado por el juez revisor Favreto, alegando una supuesta “incompetencia notoria” de este último, y pidiendo que la liberación de Lula no se haga efectiva hasta que el presidente del tribunal de apelación de la cuarta región, el juez Thompson, y el revisor del juicio de Lula en ese mismo tribunal, el juez Gebran, se pronuncien al respecto. Como ellos votaron a favor del encarcelamiento de Lula a finales de enero, no había dudas en cuanto al sentido de sus decisiones futuras.
Con esta maniobra jurídica a todas luces ilegal, Sergio Moro y sus aliados en el tribunal de apelación y en la policía federal ganaron tiempo para evitar que Lula sea liberado, y que ese hecho jurídico se transforme en un acto político trascendental en la disputa electoral en curso.
Frente a este claro abuso de poder, el juez Favreto volvió a emitir una orden judicial, criticando las maniobras de Sergio Moro, que fue rápidamente contrarrestada por otra decisión del juez Gebran, que también se encuentra de vacaciones, al no ser el juez a cargo de la guardia, como era el caso del juez Favreto durante el fin de semana pasado. Esta decisión, inusitada por su carácter ilegal, provocó que el juez Favreto emita una tercera orden de liberación, dando una hora a la policía como plazo para liberar a Lula.
Ante esta situación, Moro y sus amigos del tribunal y de la policía federal decidieron no cumplir una orden judicial para evitar la liberación de Lula, en espera de otra resolución, esta vez del presidente del tribunal de apelación, el juez Thompson, que como era de esperarse, determinó que Lula continuaría en la cárcel.
En resumen, si bien Lula continúa preso, el costo político de su encarcelamiento es cada día más alto, ante las flagrantes arbitrariedades e ilegalidades cometidas por Sergio Moro y sus aliados en la policía y en la justicia.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en Paris.