Cuarenta y tres jóvenes desaparecidos hace seis años pareciera ser una cantidad insignificante frente a las más de 40 mil que el Registro de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que el RNPED tiene documentados hasta enero del 2019, pero tratándose del grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, desaparecidos durante un viaje a Iguala en un operativo en el que participaron todas las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y militares, tiene otra connotación porque se trata de jóvenes estudiantes detenidos en pleno centro de la ciudad, que iban en un grupo amplio y totalmente inermes los cuales fueron sometidos con violencia y en vez de detenerlos y consignarlos fueron entregados a miembros del crimen organizado que se ostentaban como dueños de la plaza de Iguala a sabiendas de que atentarían contra su vida.
La investigación posterior de los hechos dio cuenta de que las víctimas desaparecieron en la disputa de los cárteles que controlan el territorio del trasiego de droga que actúan con la complicidad de funcionarios públicos y personal policiaco y militar cuyo poder trasciende todas las esferas locales ejerciendo el control de la vida de miles de habitantes de una de las principales ciudades del estado.
Por eso aunque en el informe del sábado pasado en el que se cumplieron seis años de aquella fatídica noche no hayamos escuchado nada aún sobre el paradero de los desaparecidos ni la verdad completa de los sucedido, es justo reconocer que los avances han sido importantes. Incluso el discurso de María Martínez Zeferino quien en representación de los padres de familia habló ante el presidente de la República para manifestar sus sentimientos y deseos, tiene un tono diferente al de la exigencia que en otro momento escuchamos de parte de todos ellos pidiendo ahora al presidente de la República que no se canse y los acompañe en esta tortuosa búsqueda que, como dirían los surrealistas, solo en México puede pasar. Es decir, que los propios miembros de las corporaciones policiacas responsables de cuidar a la población hayan sido quienes actuaron en una coordinación digna de mejor causa para detener a jóvenes estudiantes confundidos como miembros de un cartel enemigo y entregándolos al crimen organizado obedeciendo órdenes aún no se sabe de quien o de quienes.
No se repitió el reclamo por la falta de resultados en la investigación, a lo sumo “apriete usted un poquito” y “tápeles la boca a quienes lo critican” porque “no creemos que alguien sea más poderoso que usted” le dijeron, al tiempo que lo conminaron a caminar juntos, expresión que alude al hecho de que ahora los padres están convencidos de que se avanza por el camino correcto para dar con el paradero de sus hijos, celebrando que se encuentren ya detenidos casi la mitad de los nuevos acusados que tienen orden de aprehensión, entre quienes se encuentran policías federales y militares como era una de sus principales demandas.
Esto último es quizá lo más importante de los logros trascendentales como resultado de los seis años de reclamos en los cuales tenemos que concederles la razón porque desde el principio los padres de familia supieron que los militares fueron quienes operaron el C4 de Iguala, un medio técnico de control capaz de dar seguimiento y grabar todos los hechos relacionados con un evento de cualquier naturaleza que afecte la seguridad de la población.
Ha sido la presión de los padres de los normalistas lo que ha hecho posible que en este país y con este gobierno, nadie, ninguna corporación por importante que sea está por encima del interés nacional.
El presidente López Obrador se condujo como verdadero comandante de las fuerzas armadas al ordenar que se investigue a los miembros del 27 batallón de Iguala que participaron en la detención de los jóvenes aquella noche para que no haya impunidad y para que la población tenga confianza en que la dignidad del Ejército no se ve menoscabada sino fortalecida porque se castiga a cualquiera de sus miembros que atente contra los intereses de la sociedad.
Gracias a esa determinación del titular del Ejecutivo por fin serán detenidos y llevados a la justicia los militares que operaron el C4 y los policías federales que intervinieron en la detención y entrega de los desaparecidos a miembros del crimen organizado y en la desaparición de muchas de las pruebas que los involucran con el crimen organizado.
Fue también un reconocimiento de parte de quienes sufren la pérdida de sus hijos al esfuerzo que hace el gobierno federal para avanzar en la reposición del proceso de investigación que echó por tierra la “verdad histórica” con la cual se pretendió ocultar lo sucedido con la explicación irracional de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula cuando no había huellas suficientes de esa evidencia.
Esta nueva actitud de los principales interesados en que la investigación se reponga indica que se ha generado confianza de que el compromiso del presidente de la República es real y que ahora por fin se ven indicios de resultados.
El informe del sábado da cuenta también de un plan que se echó a caminar desde el poder para desaparecer toda clase de evidencia que contradijera aquella verdad, el cual incluye la liquidación de personas que conocieron de los hechos (setenta muertos se cuenta en la lista del caso) mientras que otros, principalmente quienes estuvieron al mando del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, dispusieron de recursos millonarios para ocultarse y evadir la acción de la justicia.
Por faltas al debido proceso, principalmente por el uso de la tortura en el caso de los detenidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Alejandro Encinas señaló a principios del actual gobierno que de las 142 personas que aparecían en la lista de detenidos vinculados a la desaparición de los estudiantes, 77 fueron dejados en libertad y muchos de ellos han sido sospechosamente asesinados.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero por su parte habló del descubrimiento de una malversación de mil millones de pesos por parte de Tomás Zerón, el ex funcionario escondido en Israel después de que ante su inminente detención huyó de nuestro país a Canadá.
En total se habla de poco más de setenta funcionarios públicos que tienen orden de aprehensión entre los que se encuentran jueces, agentes ministeriales federales quienes tenían como propósito ocultar evidencias para poner a salvo a los verdaderos responsables de los hechos.
Si por fin logra hacerse justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, tenemos que reconocer públicamente la valía de los padres de familia que han sido ejemplo de obstinación, coraje y valentía para no renunciar a su derecho y porque gracias a esa indignación que ha sobrepasado cualquier otro ejemplo de lucha contra la fuerza del Estado, se podrá identificar al grupo criminal que movió a las instancias del más alto nivel para desviar las investigaciones.