Este 26 de octubre del 2016, de los senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza, aprobaron la propuesta de Enrique Peña Nieto para designar a Raúl Cervantes Andrade como nuevo procurador general de la República, lo cual indica que siguen firmes los acuerdos derivados del mal llamado Pacto por México, que entre otras cosas implica la repartición de cargos en el gobierno entre los partidos signatarios.
1.- La procuración de justicia en México, tanto federal como la de los estados goza de muy mala fama. Ha sido un área contaminada por los vicios del sistema político, entre ellos el de la corrupción y el de la politización. En el imaginario y sentimiento popular existe la convicción de que la justicia se vende al mejor postor, que se utiliza para castigar a la oposición política y social del régimen, pero también para proteger a grupos de poder. Ahí están los casos más recientes de los ex gobernadores del PRI Javier Duarte y del PAN Guillermo Padrés, quienes a pesar de estar acusados de actos de corrupción, hoy se encuentran prófugos de la justicia, por ser parte de las élites de poder y disfrutar de los privilegios de la impunidad que les confiere el gobierno.
2.- La procuración de justicia es una de las funciones públicas más sensibles a la población, ya que en ella descansa la tarea de dirimir los diversos conflictos que se suscitan en la sociedad, promover que se sancione a responsables de conductas antisociales para mantener la armonía social y evitar que cada quien se haga justicia por su propia mano; sin embargo, en el sistema político autoritario mexicano, del cual muchos rasgos se mantienen intactos, a la procuración se justicia se le concibe como un área de privilegio de los presidentes de la Republica y gobernadores quienes a su libre voluntad han designado a los procuradores. El cambio constitucional para que a nivel federal interviniera el Senado y en los estados los Congresos locales para ratificar a los procuradores no ha servido de nada, puesto que los legisladores han abdicado su función de control sometiéndose al Poder Ejecutivo.
3.- Es por ello que la procuración de justicia en México se maneja con criterios políticos y no de justicia y es por ello que esta institución se encuentra en una crisis estructural hasta ahora irresoluble, y como ejemplo ahí está el manoseo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Del nuevo procurador Raúl Cervantes Andrade no se han objetado sus méritos profesionales, pero sí los morales y políticos, toda vez que entre otros encargos que ha tenido ha sido coordinador general de asuntos jurídicos del PRI y de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, lo cual representa un conflicto de intereses y lo mantiene ligado a compromisos partidarios y personales que lo alejan de una de las condiciones indispensables de la procuración de justicia que es la independencia e imparcialidad.
5.- Como parte de la reforma política-electoral publicada el 10 de octubre del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se incluyó la modificación al artículo 122 de la Constitución Federal, para que la actual PGR se transforme en el 2018 en una Fiscalía General la República como órgano autónomo, cuyo titular durará en su encargo nueve años y del cual dependerán las fiscalías especializadas en corrupción y delitos electoral –de ese tamaño será el poder del nuevo fiscal–. Si de aquí al 2018 se hacen algunas reformas legales –lo cual es muy previsible– el procurador Raúl Cervantes se podría convertir en el primer Fiscal General de México y con ello Peña Nieto quien lo designó tendría asegurada su impunidad, gracias a los senadores abyectos.

[email protected]
Twitter: @marcialRS60