El Instituto de Política Económica de Estados Unidos (EPI) publicó recientemente una nota informativa (disponible en ) en la que da cuenta de los beneficios que aportaría un aumento al salario mínimo federal en ese país. También muestra la dimensión de la pobreza laboral existente en la nación más rica del mundo.
La iniciativa fue lanzada por el presidente Biden y se encuentra a discusión en el Congreso como respuesta a las presiones de los sindicatos y del ala más progresista del partido Demócrata. Consiste en un incremento gradual que pasaría esta percepción de 7.25 (vigente) a 9.50 este año y hasta 15 dólares por hora en 2025. A partir de ese momento, el mínimo se ajustaría anualmente de acuerdo con el crecimiento de los salarios medios. La propuesta forma parte del paquete de reanimación de 1.9 billones de dólares diseñado por la nueva administración. La mayoría demócrata votó en la Cámara de Representantes en 2019 a favor del aumento salarial y ahora esperan que el senado se pronuncie en este mismo sentido, pero no todos coinciden. Un par de legisladores demócratas y varios republicanos han dado una opinión desfavorable. La oficina del presupuesto del Congreso ha calculado una pérdida de 1.4 millones de empleos; sin embargo, al mismo tiempo, reconoce que más de 900 mil personas saldrían de la pobreza. El impacto negativo no es compartido por todos los economistas quienes consideran que un mayor poder de compra alentará la creación de plazas de trabajo como ya ha sucedido en aquellos estados que decidieron incrementar esta percepción. La crisis del Coronavirus ha polarizado el debate. Los que están a favor consideran que la medida es más necesaria en las circunstancias actuales para resarcir los daños causados por la disrupción económica, mientras que los opositores afirman que afectaría a las empresas que están haciendo esfuerzos por recuperarse.
El EPI, por su parte, considera que la medida es necesaria, ya que el salario mínimo federal no ha aumentado desde 2009. Entre otros beneficios el EPI considera que desaparecería el llamado sub-mínimo establecido para trabajadores que reciben propinas (en cafeterías, bares y restaurantes) que se congeló en 2.13 dólares la hora desde 1991. Además, según sus cálculos, 32 millones de trabajadores, el 21 por ciento de la fuerza de trabajo estadunidense, se vería beneficiada en 2025. La mayoría de éstos (59 por ciento) tienen actualmente un ingreso familiar por debajo de la línea de la pobreza.
Recalcan que el incremento será especialmente beneficioso para los trabajadores “de color” y las mujeres, pues el 31 por ciento de los afroamericanos y el 26 por ciento de los latinos ganan actualmente menos de 25 dólares por hora, al igual que el 23 por ciento de las mujeres pertenecientes a estos grupos raciales. Según sus estadísticas, “los trabajadores afroamericanos y latinos reciben un salario entre 10 y 15 por ciento menor que los trabajadores blancos que realizan tareas similares”. Por ello, la iniciativa podría acortar las brechas raciales y de género. Además, señala el estudio, las percepciones más bajas se concentran en trabajadores de la educación; en el sector de la salud, enfermeras y enfermeros en hospitales, clínicas y en hogares; y en trabajadores del comercio al menudeo.
El informe agrega que un número cada vez mayor de estados y ciudades ya adoptaron un aumento al salario mínimo gracias a la lucha de trabajadores negros y latinos, y a las huelgas de los trabajadores de comida rápidas desde 2012. Diez estados entre ellos California, Florida, Nueva York y el Distrito de Columbia, aprobaron aumentarlo a 15 dólares a partir de enero de este año. Otros nueve, como Washington, Arizona y Nuevo México lo fijaron entre 12 y 14. Además, hay que tomar en cuenta las desigualdades regionales. En las localidades más caras un adulto solo, sin hijos, necesitaría más de 15 dólares por hora en 2025 para cubrir sus necesidades básicas: en Nueva York requeriría 28.70, y en Los Ángeles 24 dólares.
El informe de EPI señala también que:
En los estados que no han aumentado el mínimo, 10.5 millones de familias que se mantienen gracias a un trabajo de tiempo completo de algunos de sus miembros, sobreviven con el apoyo de programas de asistencia púbica debido a que no alcanzan a percibir los ingresos necesarios para su manutención. Por ello, Medicaid; CHIP (Programa para el seguro de salud de los niños); las food stamps o vales de comida (Programa de ayuda para nutrición suplementaria), entre otros, han alcanzado un monto de 107 mil millones de dólares al año.
Es difícil saber cuál será la respuesta del Congreso. Dependerá de la correlación de fuerzas entre el ala progresista del partido demócrata, aliada con los sindicatos, y su facción más vinculada a los grandes consorcios. Aunque muchos de éstos, como Amazon, Walmart, Costco, y Starbucks entre otros, ya han aceptado pagar 15 dólares la hora en algunos estados, generalizar la medida a toda la Unión ha atizado su oposición aduciendo que, en muchos casos va a ser incosteable. Este argumento es rechazado por el EPI que ha calculado que, debido a la gradualidad de los incrementos, éstos podrán ser absorbido por las empresas.
Tanto los aumentos salariales ya aprobados en algunos estados como California, como la decisión del Congreso, pueden repercutir en México de diversas maneras. En primer lugar, es previsible un mayor flujo de remesas, las cuales se han sostenido en un volumen importante a pesar de la crisis debido a los programas de ayuda al desempleo y otras transferencias de ingresos llevadas a cabo durante la presidencia de Trump. En segundo lugar, las distintas medidas de recuperación económica del gobierno de Biden, incluyendo el aumento salarial, despertarán mayor atractivo para los migrantes centroamericanos y mexicanos. Finalmente, su impacto en las relaciones comerciales entre ambos países, normadas hoy por el T-MEC va a ser más complejo. Puede motivar el traslado de empresas hacia México para aprovechar las diferencias salariales, pero al mismo tiempo hará que se fortalezca la vigilancia y las presiones para que nuestro país cumpla con las cláusulas laborales del tratado. Recordemos que el Congreso y el gobierno de Estados Unidos han dispuesto un mecanismo de vigilancia para que se aplique la reforma laboral y desaparezcan los contratos de protección, así como otras formas de abuso, como la subcontratación, que impiden a los trabajadores mexicanos defender sus derechos y mejorar sus ingresos. Ello podría servir para que el gobierno mexicano lleve a cabo una política salarial más progresista; se preocupe por implementar la reforma laboral más rápidamente; y adopte nuevas medidas legales en materia de subcontratación y desempleo.
En cualquier caso, es indudable que, en Estados Unidos, el tema de los salarios ha tomado una importancia que no se veía desde hace muchos años. Algo está cambiando como resultado del shock trumpista. Parece que los demócratas están aceptando que el nacionalismo o “nativismo” estadunidense no es un problema meramente ideológico, basada en una cultura racista que arranca desde sus orígenes esclavistas, sino también un fenómeno de empobrecimiento de amplias capas de la sociedad. Para su ala más progresista se trata de un reencuentro con sus pasado roosveltiano (y el proyecto del New Deal) y con la reconstrucción de un Estado de Bienestar en el siglo XXI.
México podría aprovechar este nuevo despertar de las causas obreras. Pero allá como acá siempre habrá dos posturas fundamentales. Unos querrán seguirán aprovechando los niveles salariales bajos y los abusos patronales que han distinguido las últimas décadas neoliberales. Otros mantendrán la postura de que es el momento propicio para redefinir el modelo económico y social en cada país y a escala global. En ambos lados de la frontera, la orientación de las políticas laborales y de la reconstrucción económica están por definirse. Esto apenas empieza.

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