Toda la programación de la radio, televisión y prensa está saturada con el anuncio de la crisis política que se avecina por el empeño del Poder Judicial de mantener sus privilegios a costa de violar la Constitución.
Todo mundo sabe ya que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan hasta 700 mil pesos mensuales que son poco más de seis veces lo que percibe el presidente López Obrador a pesar de que el artículo 127 de la Constitución establece que ningún servidor público podrá percibir remuneraciones superiores a las del presidente de la república.
Como se sabe, los ministros optaron por el amparo para no ser sujetos de esa disposición constitucional cuando ellos están obligados a respetarla y ser ejemplo de la legalidad.
Con todas sus palabras repetidamente para que a todos quedara claro, el presidente López Obrador ha sostenido que el Poder Judicial está actuando con venganza contra su gobierno para que no cumpla con la programación de las obras tan emblemáticas como el Tren Maya, amparando a sus opositores y pseudoambientalistas. Ha dicho también del Poder Judicial que aparte de no hacer justicia como es su obligación, sostiene el influyentismo como método para defender a las minorías, amparando a los que adeudan grandes cantidades de dinero al gobierno como causantes de impuestos y en muchos casos devolviendo sus impuesto a los grandes contribuyentes y que tanto los jueces como los magistrado y ministros dan protección a la delincuencia organizada y de cuello blanco, como ha sido el descongelamiento de las cuentas del funcionario calderonista Genaro García Luna que se enriqueció como protector del narco y por esa causa sigue preso en los Estados Unidos.
En fin, que el Poder Judicial con sus abusos se ha convertido en el mayor obstáculo para las transformaciones que impulsa el gobierno de la república.
Esas son las principales razones que sustentan su propuesta de hacer una nueva reforma a la Constitución para que se cambie el sistema mediante el cual se eligen a los representantes de ese poder que ahora sigue siendo un misterio para la mayoría de los mexicanos.
Propone que para evitar que los jueces retuerzan la ley a conveniencia de sus clientes, de los que pueden pagar la justicia se requiere que su partido y aliados de Morena alcancen en las próximas elecciones las dos terceras partes de los votos para hacer una mayoría calificada que es el requisito para que proceda una reforma constitucional y nos demos un Poder Judicial que sea acorde con las transformaciones que demanda la mayoría de los mexicanos.
Este enfrentamiento entre poderes que apunta a una nueva crisis cuya solución seguramente será en beneficio del pueblo, estalló cuando el Poder Judicial presentó una millonaria solicitud de presupuesto al Congreso para el año próximo de casi 85 mil millones de pesos, que significa un aumento del 4 por ciento comparado con el de 2023.
En la discusión del caso los diputados mostraron que sus solicitudes siempre son superiores a sus requerimientos cayendo en un subejercicio en el que su sobrante de dinero no lo devuelve a la Secretaría de Hacienda que es la dependencia encargada de captar y repartir el dinero público, sino que descaradamente se lo quedaban para invertirlo y ganar intereses con los cuales financiaban los gastos que nadie supervisaba.
La actitud del Poder Judicial para argumentar sobre la legalidad de esos guardaditos de dinero los ministros la justifican con el argumento de que son otro poder, tan importante como el Legislativo o el Ejecutivo, que requiere de independencia financiera y autonomía presupuestal para ejercer sus fines, pero sin explicar por qué decidieron pasar por encima de la Constitución al autorizarse salarios por arriba del máximo que es el del Presidente de la República y prestaciones que nadie más tiene en la administración pública de este país.
Se sabe que desde el gobierno de Felipe Calderón el Poder Judicial creó 20 fideicomisos que administraban los sobrantes de dinero público de los cuales 15 de ellos carecían de justificación y fueron desaparecidos en el acto por la cámara de diputados la semana pasada y con ellos el gobierno federal ha declarado que se pagarán las becas de hasta 2 millones de niños pobres estudiantes de primaria.
Y es que en el combate a la corrupción no bastó el anuncio presidencial de que sería contenida para que todos se ajustaran al cambio bajo la idea de que la austeridad republicana encabezada por la presidencia era una realidad, no una pose.
La prueba de que los cambios por venir era para respetarlos se dio a finales de 2018 con la reforma constitucional del artículo 19 que considera a la corrupción como delito grave.
En efecto, a finales del 202 con 62 votos a favor y 36 en contra el Senado de la República aprobó la reforma de julio de 2020 que amplió el catálogo para aplicar prisión preventiva oficiosa a los delitos de corrupción con lo cual la función del Poder Judicial quedó acotada y su actuación vigilada.
Todos recordarán que en las conferencias mañaneras se abrió una sección que da cuenta de la venalidad de los jueces que dejan libres a los delincuentes sin mayor pudor por ser mencionados, aunque en algunos casos la presión social que se ejerce ha cambiado la historia, como fue el caso del ministro Luis María Aguilar Morales quien después de ser denunciado públicamente de haber solicitado el expediente de un contribuyente que adeudaba 25 mil millones de pesos al fisco para guardarlo porque lo quería negociar, finalmente optó por favorecer al erario sacándolo de su archivo para que el Ejecutivo pudiera proseguir con el cobro.
El otro caso sonado y también denunciado fue la decisión del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, que ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda el desbloqueo de las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna.
Hechos como los aquí señalados obran en la opinión pública en contra de la integridad del Poder Judicial y es la razón por la cual se espera que la fuerza de la transformación se haga realidad y que en las elecciones del 2024 aumente el poder de las fuerzas progresistas para la reforma a la Constitución y la elección de quienes estén en los órganos del Poder Judicial para que la justicia que tanto espera el pueblo de México sea verdadera y para todos.
Mientras tanto las autoridades del Poder Judicial han advertido que se ampararán contra esas decisiones para situarse en el raro caso de que el amparo se lo otorgarán a sí mismos.
Han anunciado también medidas de oposición para mantener sus privilegios, ahora coludidos con los dirigentes del PRIAN, y por lo pronto están manipulando al sindicato que representa a la base trabajadora, el cual inmediatamente amenazó con un paro nacional de labores en protesta por el recorte presupuestal que los diputadas aprobaron la semana pasada, y anunciaron una marcha llevada a cabo ayer, aunque el Presidente ha declarado que ningún trabajador saldrá afectado con esta medida de austeridad, sino solo quienes se han dejado crecer el “copete”