Hay maneras de morir y el PRD ha escogido la peor. En los últimos días, los amarillos han lanzado a grupos de golpeadores contra las actividades de Morena. Las agresiones han ocurrido en distintos lugares, pero destaca la actividad delictiva de los perredistas de Coyoacán, que se presentan en los mítines de Claudia Sheinbaum, quien ha sido lesionada en dos ocasiones, y lanzan huevos, botellas, piedras, sillas y petardos contra los participantes.
Como resultado de esa violencia criminal, el 5 de enero falleció la señora Martha Patricia Reyes Tenorio, de 55 años de edad, quien asistió dos días antes a un mitin de Morena. La Procuraduría capitalina y el propio jefe del Gobierno, Miguel Ángel Mancera, declararon a los medios que el deceso no era consecuencia de la agresión porque no se habían encontrado “indicios de traumatismo craneal”, lo que tampoco era necesario, pues los cohetes que estallaban cerca de ella, el miedo que ocasiona la inminencia de una agresión física y el despliegue de los trogloditas del PRD le ocasionaron un alza violenta de la tensión arterial que desembocó en un infarto mortal. Se trató de un homicidio, pese a lo que diga el Ministerio Público.
Los agresores de ese y otros días están identificados, hay videos y otras pruebas de su actitud criminal, pero la PGJ, encabezada por Edmundo Garrido Osorio, no procede a efectuar detenciones y llevar ante un juez a los delincuentes, entre los cuales hay varios empleados de la delegación Coyoacán, sede de varios grupos de choque del sol azteca.
De ahí que suene ridícula la convocatoria para firmar un “pacto de civilidad”, cuando lo que corresponde es ir contra los criminales y ejercer las acciones que procedan contra un tal Mauricio Toledo Gutiérrez, ex delegado en Coyoacán y repetidamente señalado como cacique, capo de las mafias de golpeadores y autor intelectual de las agresiones. Se supone que las autoridades capitalinas deben guiarse por lo que dispone la ley, no por falsos intentos de imparcialidad
Algo parecido hizo el señor Mario Velázquez  Miranda, presidente del Instituto Electoral capitalino, días después de la agresión contra los periodistas Jorge Chaparro y Pablo Conde, de Efekto TV y Pamela Ventura, de Big Data, el 15 de diciembre pasado. Velázquez llamó a suscribir un compromiso de civilidad, como si las leyes no fueran de cumplimiento obligatorio.
En las agresiones estuvieron presentes funcionarios de la delegación Coyoacán y hay varios testimonios de que la policía presenció los ataques porriles y no actuó ni para evitarlos ni para contener y detener a los agresores. Es más, horas antes, brigadas que no eran de Morena se dedicaron a repartir volantes en los que aparecía desnuda la candidata morenista y se citaba al mitin, pero a otra hora.
No debe extrañar la escalada de violencia en la delegación Coyoacán, donde en nueve meses se duplicó el número de crímenes de alto impacto, pues suele ocurrir que cuando la autoridad emplea delincuentes en tareas “políticas”, después hay que corresponderles con fingida inferencia, disimulo o ausencia de vigilancia, lo que equivale a complicidad.
En mismo día 3 de enero, hasta el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tan servicial con lo más nefasto del perredismo, instó a Mancera a tomar medidas ante el riesgo de que se repitiera la agresión. No lo hizo y el resultado está a la vista, lo que incluye la golpiza al reportero Ángel Bolaños Sánchez, del diario La Jornada.
No se requiere ser vidente para entender que los pocos miembros del Partido de la Revolución Democrática tienen miedo. Están cerca de quedar reducidos a la dimensión de un partido comparsa, subordinado hoy al PAN y mañana a quien se pueda. Saben que se acerca la hora de rendir cuentas por sus corruptelas, por su alianza con la derecha y por el usufructo del registro electoral que obtuvo el Partido Comunista Mexicano a costa de muchos militantes presos, torturados y asesinados.
Los dirigentes del PRD, enriquecidos como jeques petroleros, deberán responder por lo ocurrido, pero es indispensable que las autoridades dejen jugar al avestruz y actúen conforme a la ley. La violencia, ahora dirigida contra Morena para beneficio del PRD, pero sobre todo del PRI, debe cesar en nombre del respeto que deben guardarse entre sí todos los partidos (¿me estás oyendo Nuño?), pero sobre todo, porque los hechos ilegales militan contra la legítima expresión de la voluntad popular, de la democracia.