Entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre se suscitaron un conjunto de acontecimientos muy lamentables. Estos días serán recordados  como uno de los momentos más oscuros de nuestra vida política. En primer lugar,  se aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI). El asunto suscitó un amplio rechazo de los organismos internacionales (la ONU y la OEA), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Acceso  a la Información  (INAI) y de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). A ello se sumaron  los rectores de la UNAM, de Guadalajara y la Ibero; un amplio conjunto de especialistas en derecho internacional; y una gran diversidad de  grupos y organizaciones sociales. Sus razones han sido ampliamente difundidas. Quizás valga reiterar solamente dos cosas: se otorga un mayor poder a las Fuerzas Armadas y se dispone  una centralización del mando en las tareas de seguridad pública. Todo ello en perjuicio de la defensa de los derechos humanos y por lo tanto de las garantías elementales de los ciudadanos para evitar ser atropellados por policías y ejército.
Habrá que reflexionar sobre las razones que llevaron al gobierno a ignorar todas estas protestas. Parecería que se trata de asegurar la continuidad de una estrategia más allá del fin del sexenio e imponerla a la siguiente administración, gane quien gane.  Una estrategia que ha probado ser un fracaso para detener la violencia, los delitos de alto impacto, los asesinatos políticos, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales y los actos de tortura por parte de las fuerzas del Estado. Sin embargo, para los promotores de la LSI, es la única vía para garantizar “la supervivencia de las instituciones de la República y el orden constitucional” como afirmó el general Alejandro Ramos, el vocero principal, en el Congreso, del ordenamiento finalmente aprobado. Lo que significa que, desde su punto de vista, la guerra es inevitable y durará todavía mucho tiempo.
Otra mala noticia se produjo en estos días. El 7 de diciembre, en el Senado de la República, dos legisladores del PRI, Tereso Medina e Isaías González, presentaron un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo que incluye la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales. En dicha iniciativa se pretende autorizar la subcontratación sin más condiciones que el registro del trabajador en el Seguro Social, abrogando las condiciones señaladas en la ley vigente,  a pesar de que es ampliamente reconocido que este tipo de contratos causan graves perjuicios a los asalariados y permiten el incumplimiento de las responsabilidades legales del patrón.
Igualmente, se propone que el Instituto quede a cargo de un Consejo Técnico compuesto mayoritariamente por representantes patronales y  de las organizaciones sindicales,  todos ellos con voz y voto.  De esta manera,    el nuevo organismo, que debería gozar de plena autonomía,  caería bajo el control de los empleadores y los dirigentes sindicales corruptos y antidemocráticos escogidos por el gobierno. Hay que subrayar que el Instituto debe ser  el encargado de otorgar los registros y tomas de nota de las directivas sindicales. Si la iniciativa es aceptada, se fomentarán los sindicatos fantasmas y  los contratos de protección.
También se intenta desaparecer la obligación de realizar una consulta previa a los trabajadores, mediante voto secreto, para la firma de un contrato colectivo, como lo señala la Constitución. Ello dejaría al patrón con las manos libres para escoger al sindicato que le parezca y poner obstáculos insalvables para aquellos gremios que surjan de la voluntad libre de los trabajadores.  De esta manera, el empleador podría “pactar” las prestaciones y salarios a su plena conveniencia.
Frente a ello, el Observatorio Laboral, integrado por abogados, representaciones de sindicatos independientes, académicos y organizaciones sociales, ha manifestado su rechazo a la iniciativa presentada por el PRI y exige un debate abierto, con el propósito de que las reformas a la Ley resulten congruentes con los principios establecidos en la reforma del 123 constitucional. También  propone la ratificación inmediata del Convenio 98 de la OIT con el fin de impulsar una negociación colectiva auténtica, con sindicatos representativos y bajo condiciones que garanticen el pleno respeto a las decisiones de los trabajadores.
Afortunadamente la reforma iniciada por el PRI se detuvo, por lo menos  este fin de año, y legisladores del PT, PRD y Morena se han comprometido a unir esfuerzos para que se deseche completamente. La amenaza, sin embargo, sigue latente. Y con ello la posibilidad de que prospere “la peor reforma laboral de las últimas décadas para favorecer a los grandes empresarios extranjeros y nacionales”, según afirmaron dirigentes obreros que forman parte del sindicalismo independiente.
Esta quincena tampoco fue alentadora si atendemos el inicio, el 14 de diciembre, de las “precampañas”  de los candidatos que contendrán en las elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado, se confirmó que José Antonio Meade, representante del PRI, tiene como objetivo la continuidad del desastre actual bajo las mismas políticas que han dañado tanto a nuestro país. A este personaje podría llamársele El Mudo, pues hasta ahora en sus discursos y pronunciamientos no ha dicho nada. Ninguna propuesta, ni siquiera una frase que resulte distintiva de lo que quiere hacer si resulta electo, o que pudiera atraerle votantes.
Por otro lado, también se ratificó la desaparición del PRD como opción de izquierda, apoyando alegremente la candidatura de Ricardo Anaya para la Presidencia de la República. Así, la orientación y  conducción de la campaña quedará en manos del representante del PAN, el partido histórico de la derecha mexicana. Hasta ahora, este personaje ha tratado de destacar frente a sus adversarios criticando la actuación como poresidentes de Vicente Fox y Felipe Calderón. Curiosamente, intenta  aparecer como una opción más hacia la izquierda de lo que ha sido  la tradición doctrinaria y política de su partido. Se trata de una impostura arriesgada ya que puede alejar a los votantes duros del PAN, conservadores y reacios a medidas que ellos mismos han llamados populistas como la renta básica universal. Y tampoco convencería a los electores de la izquierda que desconfiarán naturalmente de un candidato que hasta hace unos días se preciaba de apoyar las reformas estructurales y encarnar la doctrina de su partido.
Pero quizás la mayor sorpresa vino de Morena, partido que anunció una alianza con el Partido Encuentro Social, el 13 de diciembre. Esta organización política representa la ultraderecha en el espectro ideológico del país. Un partido que ha apoyado todas las reformas “estructurales” del PRI y del PAN, la última, por cierto, la Ley de Seguridad Interior. Y que obviamente choca con muchos puntos del ideario de las izquierdas y los grupos progresistas mexicanos. La coalición responde, quiero pensarlo así,  a una maniobra pragmática de ambos lados: sumar votos sin importar las diferencias y contradicciones. Peor sería suponer que existen afinidades políticas o ideológicas.
Casi al mismo tiempo, además, el jueves 14, López Obrador dio a conocer su gabinete presidencial. Desde luego hay personas de gran mérito, pero algunos casos han llamado la atención: Esteban Moctezuma en Educación; y Víctor Villalobos en Agricultura. El primero ha apoyado siempre la reforma educativa de Peña  Nieto y a la dirección del SNTE; el segundo ha sido denunciado por Greenpeace y diversos grupos ecologistas y campesinos por sus ligas con Monsanto, la gran empresa  multinacional, y su apoyo decidido, algunos agregan ilegal (como funcionario de Sagarpa),  al uso de transgénicos.
Con estas decisiones, Morena se aleja de activistas, organizaciones y posibles electores simpatizantes de la comunidad LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales); de las feministas comprometidas con los derechos de las  mujeres a decidir sobre su cuerpo; de la disidencia magisterial agrupada en la CNTE; y de los defensores del medio ambiente. Si estas comunidades, entre otras, no se ven representadas políticamente podrían optar por la abstención y la distancia entre la sociedad y los partidos se ahondaría aún más.

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