La “suspensión” de la presidenta Dilma Rousseff ha puesto en evidencia, una vez más, los estrechos límites de la democracia formal, ésa que permite a las izquierdas entrar en el juego siempre y cuando no quieran tomárselo en serio, pues si lo hacen, ahí está la legalidad que pondrá diques insalvables para los ilusos que crean factible un cambio profundo por la vía electoral.
Muerto y sepultado el modelo soviético, las izquierdas del mundo se debaten entre las pulsiones de pequeños grupos violentos y la adopción de las políticas de la derecha, como le pasó en Italia al Partido de la Izquierda (antes Partido Comunista) o en España al PSOE, indistinguible ya de su alter ego, el Partido Popular. En medio de esos dos extremos hay algunas variantes –no muchas—entre las que están el populismo dadivoso, el indigenismo reivindicador o la demagogia sin soluciones. En suma, corrientes y tendencias que en ocasiones favorecen efectivamente a los sectores sociales tradicionalmente marginados, pero que a fin de cuentas no pueden construir un nuevo orden, sino que a lo sumo sirven para limar los excesos del existente.
En Brasil, los gobiernos de Lula y Dilma desplegaron medidas para combatir la pobreza extrema, de la que sacaron a 27 millones de personas. Sin embargo, no pudieron crear un sistema distinto, sólido y duradero, capaz de llevar a su país hacia una sociedad sin discriminación  y con menos injusticia de todo orden. Tampoco pudieron evitar que la crisis económica revirtiera los pocos beneficios que se habían generado, lo que dio paso a la insatisfacción y ofreció una base popular al golpismo legal.
El caso es semejante al de Argentina, donde el kirchnerismo puso en práctica políticas que beneficiaron a las grandes mayorías, pero fue incapaz de impedir el descontento social que propició el triunfo de una derecha rapaz, entreguista y canallesca como la representada por Macri, que ha adoptado medidas que golpean la economía popular, afectan la soberanía y lesionan el tejido social.
En Brasil se apartó de la presidencia a Dilma para someterla a juicio por hacer lo mismo que hacen todos los gobiernos: movimientos contables para maquillar las cifras. No la acusan de enriquecimiento inexplicable, ni de torturadora o represora porque sencillamente no está en ninguno de esos casos. La llevan a juicio por un asunto meramente técnico que en un continente plagado de gobernantes ladrones daría risa si no fuera la evidencia, esa sí muy clara, de que la democracia tiene límites muy estrechos.
Para mayor escarnio de la voluntad popular, el Congreso brasileño, para suplir a Dilma Rousseff, nombró a Michel Temer, quien tiene un proceso judicial abierto y ha fungido como agente o por lo menos informante de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. De la personalidad de Temer habla elocuentemente la integración de su gabinete, en el que sólo figuran varones blancos en un país donde la mitad o más de la población tiene sangre africana y en el cual, si hiciera falta decirlo, el 50 por ciento son mujeres. Racismo y misoginia.
El caso de Argentina es igualmente lamentable. Cristina Kirchner está acusada de “administración infiel” porque se le atribuye una decisión –la venta de dólares a futuro–, cuando que esa operación fue decidida y ejecutada por el banco central, que es autónomo del Poder Ejecutivo. Lo curioso es que el juez de la causa está sujeto a investigación policial por un caso de especulación monetaria.
Los límites de la democracia se están viendo con claridad en Venezuela, donde se pretende destituir a un presidente electo con todas las de la ley. Cierto que no es precisamente una lumbrera, pero mandatarios más ineptos hemos visto por montones en Latinoamérica y terminan su gestión bendecidos por las fuerzas vivas. Pero Maduro es un personaje poco grato a Washington y la derecha no cejará en su pretensión de destituirlo.
La lección tendrán que tomarla y asimilarla los contingentes que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño cree firmemente que se puede llevar a los mexicanos a un cambio profundo por la vía electoral y legal, de la que no se aparta ni un centímetro. Si, como es previsible, las cosas empeoran, quizá lo dejen llegar para que adopte medidas que apacigüen la irritación social, pero no podrá ir más lejos. La democracia, tal como la conocemos, no da para más. Y nadie debería hacerse ilusiones.