Hoy, 16 de agosto, empiezan formalmente en Washington las negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Estas reuniones tendrán varias etapas que culminarán, se espera, en los próximos cinco o seis meses.
A esta primera ronda, sin embargo, los participantes asisten con objetivos muy diferentes y en medio de una gran incertidumbre, pues no están claras las verdaderas intenciones del gobierno de Donald Trump. Los estadunidenses han planteado una lista de alrededor de 115 “objetivos específicos”. El principal, aparentemente, es “reducir el déficit comercial” de ese país con sus socios del TLCAN, en particular con México. Para ello, quieren 1) quitarle barreras al libre comercio en distintas áreas: bienes industriales y agrícolas, en el sector servicios, telecomunicaciones y actividades financieras, productos digitales, inversiones directas, y energía. Pero 2), al mismo tiempo, proponen medidas que favorecen unilateralmente a Estados Unidos: por ejemplo, en el sector agrícola piden reducir o eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, pero también un mayor tiempo de ajuste para algunos productos “sensibles” para ese país. Otras medidas que favorecerían a EU tienen que ver con las reglas de origen donde proponen que los bienes de exportación tengan un mayor contenido de insumos producidos en ese país; las reglas de propiedad intelectual que deben ajustarse a sus leyes; o la eliminación del capítulo 19 relativo a la disputa de controversias, para que EU pueda aplicar las medidas comerciales según le parezca. También proponen prohibir la manipulación monetaria de los tipos de cambio con el propósito de mejorar la balanza de pagos de alguno de los países miembros, cosa que en realidad aplicaría sólo para México y Canadá. Y finalmente, 3) una serie de medidas en materia de corrupción y transparencia, medio ambiente y asuntos laborales. En este último caso, se proponen crear reglas que formen parte del Tratado con el objetivo de adoptar leyes que garanticen, principalmente, la libertad de asociación y condiciones aceptables en materia de salarios mínimos, horas de trabajo, y salud y seguridad en los centros de trabajo.
Frente a esta larga lista, el gobierno mexicano ha reaccionado como si estuviera a punto de un ataque de nervios. Primero se negó a revelar su estrategia de negociación ante la Junta de Coordinación Política del Congreso mexicano lo que fue una evidente torpeza, pero a los pocos días emitió un documento de objetivos, que, en resumen, busca que el Tratado se modifique lo menos posible. Rechaza abiertamente la eliminación del capítulo 19, cambiar las reglas de origen y, desde luego, el incremento de aranceles al comercio bilateral. En muchos otros aspectos se pronuncia sólo de manera general.
Parece entonces que, en este momento, las diferencias son muy grandes. El gobierno de EU ha planteado la posibilidad de salirse del TLCAN si no logra sus objetivos, y el de México ha dicho que, si ello sucede, el Plan B sería mantener el comercio con ese país bajo las reglas de la OMC y la “diversificación de las exportaciones y de los inversionistas” particularmente con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico.
Bajo estas circunstancias, puede ocurrir casi todo: la rendición del gobierno mexicano ante las peticiones de Estados Unidos; el estancamiento de las pláticas y su continuación hasta después de las elecciones en EU; o un rompimiento pronto del gobierno de Trump. Ya las cosas se irán aclarando (o confundiendo más) en los próximos meses.
El panorama resulta más desconcertante si reflexionamos en que la principal meta de EU, reducir el déficit comercial, no se conseguiría aún si se aceptaran las propuestas que ellos mismos han planteado, a menos que se reduzca severamente el flujo comercial entre los tres países. Otros objetivos, como los de carácter laboral, van en sentido contrario de los intereses de las empresas estadunidenses y de la agenda doméstica de Trump, un confeso anti sindicalista. En cambio, los negociadores mexicanos quieren, en lo fundamental, abrir más el comercio a la inversión externa en nuevas áreas como energía, telecomunicaciones y servicios financieros.
Quizás el gobierno de EU pretenda una renegociación con fines de propaganda política y con cambios meramente cosméticos que le permitan al presidente anunciar que sus promesas de campaña se están volviendo realidad. Pero también puede aprovechar las circunstancias para obligar a México a aceptar medidas humillantes, claramente contrarias al interés nacional.
Por su parte, el gobierno de Peña espera ansiosamente que sólo se cumpla la primera hipótesis, una renegociación light, que no lo obligue a decidir entre una rendición o una ruptura de las negociaciones. Si esto último sucede, la verdad es que esta administración no tiene plan B. No hay, bajo la mentalidad de los funcionarios actuales, ninguna otra perspectiva posible que no sea mantener el TLCAN. Decir, ahora, que la alternativa es diversificar el comercio con el mundo es pura demagogia y en el mejor de los casos, una salida que, si se tomara en serio, requerirá un tiempo largo para volverse realidad.
En esta comedia de las equivocaciones, en la que el gobierno de Trump quiere obtener un objetivo irrealizable con medidas contradictorias, y el de México pretende representar mejor a los inversionistas norteamericanos (de los tres países) y confía sólo en la buena suerte, la parte laboral merece una mención especial.
A lo largo de los años de vigencia del TLCAN, México no ha mejorado sustancialmente su ritmo de crecimiento, ni tampoco el empleo o las condiciones de vida de los trabajadores. En particular, mantener los salarios deprimidos se ha utilizado, casi al extremo, como un mecanismo de atracción de las inversiones extranjeras para exportar productos manufacturados, principalmente a EU. Para ello se ha acudido a prácticas laborales reprobables principalmente mediante los contratos de protección. Hasta aquí el diagnóstico de Trump tiene mucho de verdad. Pero no lo es en lo que sigue: primero, que el principal responsable de que se hayan cerrado “miles de empresas y que millones de trabajadores de ese país hayan sido despedidos” sea el TLCAN, pues la mayor parte de las importaciones que llegan a EU vienen de China, no de México. Y segundo, tampoco está claro que las propuestas del gobierno estadunidense para modificar el Tratado, sobre todo las de corte regulatorio, vayan a incentivar el empleo en EU pues ello depende de los problemas de la economía mundial, y no sólo de las relaciones entre ambos países.
En cambio, para México, el esquema TLCAN, vigente desde hace treinta años, se ha convertido en una trampa de crecimiento bajo que sólo pude resolverse diversificando los mercados externos, pero también dándole más peso al mercado interno, lo que quiere decir una política de industrialización, mayor inversión pública en infraestructura, aliento a las regiones más atrasadas, y mejores políticas laborales incluyendo una recuperación del salario mínimo a corto plazo. Así pues, aunque la renegación del Tratado fuera “exitosa” para el gobierno mexicano y casi nada cambiara, ello sólo perpetuaría un esquema que ha probado ser insuficiente para alentar la economía del país y perjudicial para los trabajadores mexicanos.
En síntesis, a partir de hoy, los negociadores se reúnen en un ambiente de desconfianza, intereses encontrados y estrategias confusas en las que los fines se contradicen con los medios, o se apuesta a que todo resulte una comedia. Lo malo es que hay pocas esperanzas de que sus resultados, cualesquiera que sean, lleven a un cambio de rumbo en la conducción de la política económica de México. No sucederá, como en la obra de Shakespeare que, después de numerosas situaciones grotescas, al final logra imponerse la justicia para los principales protagonistas del enredo.

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