La agresión que sufrieron el pasado lunes a la entrada de la Cámara de Diputados las diputadas y diputados federales del PRD así como los simpatizantes de la resistencia civil a la que ha convocado Andrés Manuel López Obrador, muestra el rostro del gobierno de Vicente Fox como un presidente que en vez de darle un cause político a la actual crisis que vive el país por la negativa de contar todos los votos de la elección presidencial, acude a los golpes, a la violencia del Estado.
1.- Fox, a lo largo de su sexenio que afortunadamente está por concluir, ha mostrado su animadversión hacia la política y su convicción autoritaria y represiva. En la política interior las reformas que requiere el país para su desarrollo, fueron un fracaso por culpa de Fox debido a su incapacidad para dialogar y llegar a acuerdos con el Congreso de la Unión, y en la política exterior se caracterizó por confrontarse con mandatarios de otras naciones como con los de Argentina, Cuba y Venezuela poniendo en vergüenza al pueblo de México.
2.- Los problemas sociales del país, que son parte natural de una sociedad en transformación política, como los de Salvador Atenco, de los mineros, de los ambulantes en Nezahualcóyotl, de La Parota y el que actualmente vivimos de la resistencia civil, en vez de buscar encausarlos mediante el diálogo, Fox ha recurrido a las medidas de fuerza, de la represión.
3.- La represión cometida en contra de las diputadas y diputados federales constituye una flagrante violación a la Constitución del país pues gozan de fuero constitucional y no pueden ser agredidos por ninguna fuerza policíaca; resulta absurdo que el secretario de Seguridad Pública de Fox exprese que se trató de una actuación de lo más tersa posible de la policía en contra de los diputados; la Constitución federal es clara: por ningún motivo alguna autoridad puede violar el fuero de los diputados.
4.- La agresión a los diputados federales recuerda los momentos de mayor autoritarismo y represión en México, las épocas en que Santana, Porfirio Díaz o Victoriano Huerta cuando agredían a los integrantes del Congreso de la Unión. Fox está encaprichado en imponer a como de lugar a Calderón en la Presidencia de la república y en ese empecinamiento no le importa compararse con los presidentes represores. En vez de buscar una solución política al conflicto que hoy vive el país, en vez de ubicarse como jefe de Estado y velar por la estabilidad política del país, Fox se interpone tomando partido y se asume como una de las partes en el conflicto.
5.- En Guerrero los ecos de la resistencia civil cada vez suenan más fuerte; mientras la estrategia nacional del PRD se despliega en la resistencia civil los pocos funcionarios de militancia perredista en el gabinete estatal ya no encuentran la manera de cómo justificar su ausencia en esta lucha. Es entendible que la mayoría de funcionarios priístas que componen el gobierno estatal y los panistas no simpaticen o estén en contra de AMLO y no participen la resistencia civil, pero no los perredistas.
6.- No es incompatible ni legal mucho menos políticamente pertenecer a un gobierno y mantener una posición política, mientras no se transgreda la ley. La ley les permite a los funcionarios disponer con toda libertad de su tiempo fuera de sus jornadas de trabajo, pero el problema no es tanto de cumplir con la ley, sino con un mandato administrativo y político que choca con la lucha del partido que los llevó al poder y los pone en el dilema de acatar una orden del gobernador y seguir comodinamente en sus cargos pero mantenerse al margen de la lucha en momentos decisivos para la democracia en México.
7.- Muy acertada la reunión de los diputados locales del Comité Estatal del PRD en medio de la lucha por la resistencia civil en donde se reafirma el compromiso de respaldar a AMLO y de promover no sólo una reforma electoral en el Estado, sino una reforma integral del las instituciones políticas; sería una deslealtad con el pueblo de Guerrero que tanto ha luchado por un cambio democrático en el Estado que habiendo ganado el gobierno estatal, tener la mayoría de Diputados en el Congreso local y de Ayuntamientos, que sólo hubiera una minireforma electoral.

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