Fernando Valdés fue exonerado
Ni siquiera el clásico “usted perdone” le dijeron a Fernando Valdés al ser declarado inocente y puesto en libertad, luego de pasar más de diez meses en prisión acusado por los herederos del autor de los Cuadernos Gáder. La Procuraduría General de la República, tan indolente ante la piratería real que nos abruma, mostró un extraño interés en el asunto para acusarlo de lucrar ilegalmente con ejemplares del Cuaderno Gáder de Caligrafía y comerciar con ella. Como se trataba del saldo de una edición lícita y bajo contrato, los herederos del autor y la PGR le inventaron el delito de “especulación comercial”, inaplicable al caso. Un juez irresponsable dictó el auto de formal prisión y mantuvo bajo proceso a Valdés hasta ahora que decidió liberarlo. El editor se pudo ahorrar todo este problema si en lugar de guardar los miles de ejemplares en bodega los hubiera “mandado al kilo”, pues para las autoridades resulta más aceptable la destrucción de los libros que su preservación. Valdés denuncia que fue abandonado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le dio la espalda a su caso, pese a que se trataba de un evidente abuso, y lamenta que la Cámara Nacional de la Industria Editorial se negara a defenderlo, lo que sienta un nefasto precedente, pues otros editores que no se deshagan a tiempo de los sobrantes corren el riesgo de ir a la cárcel. Los colegas de un tabloide capitalino escribieron en perfecto bárbaro que Valdés “apelará de la sentencia”. En el ámbito del derecho, apelar significa “recurrir al juez o tribunal superior para que revoque, enmiende o anule la sentencia que se supone injustamente dada en el inferior”, de ahí que bastaría que dijeran que apelará, así, sin más, pero ocurre que no presentará apelación alguna, pues fue declarado inocente. Lo que hará, si procede, será demandar a quien resulte responsable de su canallesca reclusión, lo que es muy diferente.
Ideas para un proyecto cultural
Los poetas Eduardo Hurtado y Josu Landa han hecho circular en internet un documento con algunas propuestas que, a su juicio, deben formar parte del debate para formular un programa de cultura. Empiezan por señalar que “las culturas populares enfrentan dos problemas principales: o están sumidas en un grave agotamiento, o han sido desvirtuadas en aras de un folklorismo alentado por la demanda turística y la manipulación mediática”. La industria cultural también pone en riesgo a la “alta cultura al imponerle criterios mercantiles, confunde entre valores artísticos y monetarios, además de que juega un papel relevante en el entumecimiento de la creatividad, la banalización de los valores artísticos, la divulgación superficial de los saberes técnicos o científicos y “el divorcio entre las diversas expresiones culturales y la vida concreta de las personas”. Demandan que el Estado trascienda “su función de entidad providente de donativos para la cultura” para convertirse en catalizador de una economía cultural sustentable, libre de monopolios y oligopolios, que propicie las relaciones con los mercados culturales de otros países. “Nos oponemos –dicen– al manejo discrecional, cuatista o grupalista de los apoyos provenientes del erario” que no deben repartirse “como dádivas, sino conforme a normas y mecanismos claros” y en forma permanente, como ocurre con los apoyos a los investigadores científicos. Piden una actividad editorial acorde con un país de cien millones de habitantes y, para darle salida a la producción artístico-intelectual, proponen crear circuitos de socialización del arte a tono con el posible número de espectadores. “Es falso –agregan– que los creadores mexicanos podamos vivir del ejercicio cabal de nuestra vocación”. Para Hurtado y Landa, es necesario anular los privilegios oligopólicos previstos en la llamada Ley Televisa y establecer una relación permanente “con las estructuras y los programas educativos”, con la colaboración de los medios de comunicación masiva, de manera señalada con las emisoras públicas de radio y televisión. El documento termina con la exigencia de una política incluyente para los indígenas y la preservación del patrimonio arqueológico e histórico.
Reposición del caso Remedios Varo
Hasta dónde es posible entender la terminología jurídica, ha quedado sin efecto todo el juicio seguido en torno a las 38 obras de Remedios Varo, mismas que reclama su sobrina, Beatriz Varo Jiménez, y que hoy están en el Museo de Arte Moderno. El cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Distrito Federal confirmó el amparo que otro tribunal había otorgado en favor del Instituto Nacional de Bellas Artes, con el agregado de que ahora intervendrá la Procuraduría General de la República, que constitucionalmente debe representar a la Federación en todos los juicios donde ésta es parte. El INBA había solicitado la intervención de la PGR desde junio del año pasado. Seguiremos atentos al desarrollo del proceso.
Breviario…
Cristina Pacheco acaba de publicar Se vende burro, su primer libro infantil, que a diferencia de muchos otros, tiene un carácter absolutamente realista y sitúa la acción en escenarios de gente pobre, esa gente de la que Cristina, siempre respetuosa, es la cronista sin par. *** Istor, Revista de Historia Internacional, dejó de ser editada por Editorial Jus y ahora es una publicación del CIDE. Al frente de ella continúa Jean Meyer y su número 25, correspondiente al verano de 2006, contiene artículos de Javier Garciadiego, Carlos Altamirano, Mario Torrico Terán y, entre otros, Elizabeth Burgos, la que describe el proceso encabezado por Hugo Chávez en Venezuela “como un ersatz de nacional-populismo etnicista con rasgos neofascistas” y dice: “Quienes temían la instauración de un régimen ‘comunista a la cubana’ pueden tranquilizarse”. *** El número 12 del Boletín del Archivo General de la Nación contiene contiene los planos de cementerio general proyectado por Manuel Tolsa en 1809. La investigadora María Inés Ortiz Caballero señala que tal cementerio nunca llegó a construirse, aunque lo cierto es que guarda grandes semejanzas con el de Santa Paula, que empezó a operar en 1779 y que en 1836 se declaró cementerio general de la ciudad de México.