Con Filemón, aunque esté cañón

En el mejor y más rancio estilo de los viejos tiempos priístas, sociedades y membretazos de la rama cultural publicaron un desplegado en el que salen en defensa del pobrecito (pero sólo de espíritu) Filemón Arcos Suárez, presidente de la Comisión de Cultura “de la H. (sic, sic, sic) Cámara de Diputados”, a quien defienden de “cualquier imputación infamatoria que, muy lejos de basarse en hechos reales” –porque si se basa en realidades ya no es imputación infamatoria–, “tiene por objeto intentar inhibir o impedir el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de las responsabilidades legislativas que, por Ley, le corresponden”. Todo este rollo es para pedir que el dictamen de Ley de Desarrollo Cultural, la desastrada ley Sari, “sea votado por la Comisión de Cultura y por el Pleno de la Cámara de la Cámara de Diputados”. Don Filemón, por si alguien no lo sabe, es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, noble institución que en otro tiempo mangoneara ese apóstol del obrerismo conocico como Venus Rey. Por eso resulta muy explicable que entre los firmantes aparezcan líderes charros, dirigentes de agrupaciones fantasmas y hasta algunos irresponsables que encabezan sociedades que sí existen, aunque no para beneficio de sus jugadas políticas. De seguir así, pronto la Sogem adquirirá algunos camiones de redilas para acarrear a sus huestes a los mítines de Roberto Madrazo y de otros próceres del PRIAN.

Jorge Fons, el dedo en la llaga

Y mientras los firmantes de desplegados priístas agitan furiosamente sus matracas para apoyar a don Filemón y la ley Sari, el cineasta Jorge Fons le recuerda a diputados y funcionarios del foxismo que el cine mexicano vive en permanente crisis, avasallado por los dinerales que desparrama Hollywood para desplazar de las pantallas toda competencia. El director de El callejón de los milagros, obra que ha ganado 40 premios internacionales, denuncia que “nuestras cintas tienen que esperar mucho tiempo para ser exhibidas en las salas o, de plano, muchas veces ni siquiera llegan a ser presentadas”. Esta situación infame, solapada por las autoridades mexicanas, ocurre precisamente cuando hay más talento y obras excelentes, según el realizador de Rojo amanecer. Las películas mexicanas, hechas en condiciones más que precarias, son invitadas a los festivales internacionales y regresan con carretadas de premios, pero aquí no tienen lugar en pantalla o se les programa en condiciones canallescas para sacarlas cuanto antes de cartelera.

La Corte reconoce a los seudoautores

La Suprema Corte de Justicia falló a favor del derecho que tienen los autores de música al cobro de regalías, aun cuando hubieran realizado la obra en forma remunerada, lo que está muy bien. Lo malo es que en el mismo fallo avala una de las monstruosidades que contiene la vigente Ley del Derecho de Autor, pues dice la SCJN que en el caso de “obras por encargo o de aquellas producidas con la colaboración remunerada de diversas personas”, quien posee el derecho patrimonial es la persona física o moral que tuvo la iniciativa de producir la obra, siempre que no exista pacto en contrario. De esta manera se santifica la supuesta igualdad entre sardinas y tiburones, pues ya se sabe que quien tiene el dinero puede imponer a los creadores condiciones leoninas, pactos en contra de toda justicia que le dejan al dueño del negocio el dinero que genera la creación, sólo porque supuestamente “tuvo la iniciativa de producir la obra”. Es tan absurdo reconocer ese derecho, que la propia ley establece que no pueden ser registrados los proyectos de obras, porque se trata de proteger la creación que se objetiva como tal, no las ocurrencias lanzadas al aire.

Cuatro meses preso Fernando Valdez

Ya tiene cuatro meses en el reclusorio Norte el editor Fernando Valdez, acusado de “especulación comercial”, un etéreo delito que, dice la parte acusadora, “tengo como comprobarlo”. Es probable que tenga como comprobarlo, pero mientras lo hace, el director de Editorial Plaza y Valdez sigue encarcelado con la complacencia de un juez que quizá conozca la ley, pero que evidentemente desconoce las implicaciones de la injusticia. De acuerdo con lo publicado, el caso se originó en un incumplimiento de contrato y la parte que acusa reclama dinero. Se trata, pues, de prisión por deudas, pues 3 mil ejemplares decomisados por la AFI –por “casualidad” dice la acusadora– pertenecen a la edición que hizo Fernando Valdez bajo contrato legal. Son el sobrante de un tiraje legal, no una edición pirata. Por eso la abogada Mireya Rincón, en la imposibilidad de imputar el cargo de piratería, optó por acusar a Valdez de “especulación comercial”, esa extraña figura jurídica que antes servía para perseguir a los abarroteros y encarecedores y que ahora se emplea para golpear a un editor. Es mera injusticia, indolencia del juzgador, desamparo similar al de todo ciudadano que cae en la intrincada red de leyes, reglamentos, interpretaciones amañadas y burocracia.