Se dice pronto, pero de la decisión del Trife depende el futuro del país. El cochinero estadístico del Instituto Federal Electoral, el que Luis Carlos Ugalde le haya levantado la mano al candidato de la derecha y la onerosa campaña del propio IFE para avalar sus resultados, lejos de inspirar confianza, ratifica que los resultados comiciales merecen ser revisados.
El IFE también se opone a la apertura de los paquetes, pues si las cifras no ajustan se ratificará que el actual consejo de ese instituto tuvo un desempeño insatisfactorio. Hasta ahora, para eludir su responsabilidad, el IFE y su consejero presidente han insistido en que las dudas sobre el proceso ofenden a cuantos participaron en la jornada del 2 de julio. Pero las cosas no son precisamente así.
No se ofende a nadie con señalar que hay errores en las actas, en la asignación de votos y en la suma de éstos. Eduardo Huchim, que fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal y por eso mismo cuenta con autoridad, escribió que tales errores forman parte de todos los procesos comiciales que ocurren en el país, pero que carecen de importancia cuando la diferencia entre el ganador y sus contrincantes es muy amplia, lo que ahora no es el caso, pues ésta es –hasta donde las cifras oficiales permiten saberlo– la elección más cerrada en la historia de México.
Es muy probable que un recuento favorezca a Felipe Calderón y ofrecer a la sociedad la certeza de su triunfo le daría una amplísima legitimidad. Si los números dieran la victoria a AMLO y así se reconociera, la enorme masa que lo sigue se desmovilizaría y él contaría con el indispensable respaldo de un fallo legal.
Pero quien tiene en sus manos esa decisión es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Trife. Se da por descontado que su fallo, en cualquier sentido, estará ajustado a derecho, pero eso no garantiza que sea el más sabio ni el más conveniente para el país.
Para ese Tribunal hay tres sopas: dar por buenas las cuentas del IFE y entronizar al candidato de la derecha, lo que condenaría al país a la ingobernabilidad; hacer el recuento que pide la Coalición por el Bien de Todos y reconocer como ganador a quien verdaderamente lo sea; o no declarar válida la elección presidencial y por lo tanto anularla, nombrar un presidente interino y convocar a nuevas elecciones que deberán realizarse en un plazo no mayor de 18 meses.
Si se optara por anular la elección presidencial, ese solo hecho constituiría el más radical reconocimiento de que la situación nacional es extremadamente frágil y que lo conveniente para la salud pública es enfriar la animosidad que hoy atraviesa el país y divide a clases, gremios y aun a las familias.
Si ese es el caso y las fuerzas políticas tienen conciencia de los riesgos que afronta la nación, tendrá que procederse por consenso en la elección por el Congreso de presidente interino. En el Congreso recaerá también la tarea de destituir al actual Consejo General de IFE, sin credibilidad por su actuación en este año y por haber nacido de un grosero mayoriteo de la alianza PRI-PAN. Lo deseable sería que los nuevos consejeros fueran elegidos también por consenso, como los de 1994, para dotarlos de plena legitimidad.
El Congreso de la Unión podría aprovechar el viaje para legislar a favor de una segunda vuelta electoral y para dar mayor civilidad a las campañas prohibiendo claramente la mentira, la difamación y las guerras de lodo. Igualmente, tendría que fijar sanciones muy severas que castiguen el uso de recursos públicos destinados a realizar campañas a favor o en contra de uno o más candidatos, como en este año lo hizo Vicente Fox. Tendrá también que hacer ajustes para evitar que las empresas y otras personas morales sigan violando lo dispuesto por el Cofipe, como ocurrió en el caso del PAN, que contó con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, de Sabritas, las tiendas Coppel y otras firmas privadas.
Pese a que entre los aspectos más discutibles de los pasados comicios están los resultados que favorecieron a los nuevos partidos, especialmente al Panal, que obtuvo un inverosímil 5 por ciento en la elección de diputados, lo cierto es que hasta ahora nadie ha incluido entre las opciones manejables la anulación de todo el proceso, incluidas las elecciones legislativas, pues debemos suponer que en la mente de todos está que en cualquier caso necesitaremos un Poder Legislativo debidamente constituido.
Por desgracia, no hay base para creer que ante la polarización política que vive la sociedad mexicana, PRI y PAN actúen con la responsabilidad que demanda el momento. En los años recientes han demostrado que no les importa empujar a los mexicanos a la confrontación y abiertamente han actuado contra el interés nacional. Lo previsible es que vuelvan a hacerlo, esta vez apoyados por sus cómplices del Partido Verde y por los partidos de nuevo registro. Y todo indica que si no hay recuento nos llevarán al despeñadero.