EL-SUR

Martes 27 de Septiembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

La Semarnat y los permisos de caza

Octavio Klimek Alcaraz

Enero 29, 2004

 

 

En los últimos días se ha involucrado a servidores y ex servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con relación al otorgamiento de autorizaciones de permisos para actividades de aprovechamiento de vida silvestre a través de una figura denominada Proyectos en Áreas de Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (PAMS). Como ex delegado de la Semarnat en Guerrero, considero necesario impulsar una discusión sobre el tema, brindando información al respecto.

Las PAMS son establecidas en 2001; su figura era reconocida oficialmente por el Ejecutivo federal, tanto a nivel nacional como internacional. En la Evaluación del desempeño ambiental: México, de 2003, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), describe textualmente a las PAMS como “áreas geográficas definidas en términos de características ecológicas, cuyo objetivo principal es el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre con una amplia gama de posibilidades para la conservación y el aprovechamiento de especies silvestres a través del manejo integral del territorio”.

En septiembre de 2002, en el segundo Informe de Labores de la Semarnat, se menciona la existencia de 14 PAMS con una superficie total de 36.8 millones de hectáreas de cobertura. Las 14 PAMS representaban el 66.6 por ciento de la superficie bajo la regulación del Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (SUMA), que tenía un gran total de 55.21 millones de hectáreas. Para 2002, se continuó con el registro de PAMS, y el mencionado informe de la OCDE indica que en ese año se tenían registradas 21 PAMS cubriendo una superficie de 50.6 millones de hectáreas en 17 estados. Las 21 PAMS representaban ya en el mismo año, el 72.6 por ciento de la superficie bajo la regulación del SUMA, que tenía un gran total de 69.7 millones de hectáreas (35.5 por ciento del territorio nacional).

La autorización de las PAMS era atribución del titular de la Dirección General de Vida Silvestre que se encuentra ubicada en el área de responsabilidad de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat. Es decir, las PAMS son producto de la administración central, y no como dolosamente se ha pretendido hacer creer, que las delegaciones de la Semarnat participaban en el proceso de autorización de dichas PAMS. El principal papel de las delegaciones fue el de expedir los cintillos de cobro cinegéticos a los cazadores conforme a las condicionantes establecidas en la autorización de las PAMS, como es el pago de derechos.

En el caso de Guerrero se otorgaron por la Dirección General de Vida Silvestre dos autorizaciones bajo la figura de PAMS, en el año 2001 y en el año 2002. En ambos casos, el titular de dicha autorización es la Asociación de Clubes de Caza, Tiro y Pesca del Estado de Guerrero. Las autorizaciones fueron entregadas en ambos casos para realizar el aprovechamiento exclusivamente a través de caza deportiva de palomas, codornices, patos y conejos. Es decir, no son licencias para la llamada caza mayor. Las autorizaciones presentaban temporalidad definida, al igual que cuotas de caza por día y temporada de este tipo de ejemplares basadas en dictámenes técnicos de la mencionada Dirección, no de las Delegaciones. Igualmente, se definen los sitios donde no se podía realizar la actividad, así como aquellos donde ésta es posible. Se definen las reglas para distribuir los cintillos de cobro cinegético, y en general una serie de condicionantes para regular la actividad. Si uno revisa dichas autorizaciones, probablemente no se comprenda el por qué existe actualmente tal controversia.

Sin embargo, existen problemas de interpretación de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), ya que expresamente las PAMS no se encuentran definidas en ella. En especial, se acusa que las PAMS trastocan la figura de las llamadas Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, conocidas como UMAS, que “son los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen”. Es decir, la impugnación principal es que el aprovechamiento mediante la caza deportiva debería realizarse exclusivamente en los predios registrados como UMAS.

La Secretaría de la Función Publica, de acuerdo con notas periodísticas, señala que las PAMS son figuras autorizadas de manera irregular, seguramente quienes dieron estas autorizaciones manifestarán lo que a su derecho convenga. Una lectura de la LGVS deja la impresión de falta de claridad al respecto. Por ello, se debe buscar la pronta expedición del reglamento de la LGVS, pues a nuestro juicio la falta de éste ha propiciado en parte esta situación. En nuestra opinión el Consejo Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, que la propia LGVS ha creado, debe pronunciarse o dar a conocer sus recomendaciones al respecto, no sólo sobre los aspectos de controversia jurídica, sino sobre las causas y efectos de las propias políticas propiciadas en su momento por la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat.

En particular para Guerrero, en la temporada de caza 2001-2002, conforme al cálculo técnico de la autorización, fueron enviados por la Dirección General de Vida Silvestre a la delegación de la Semarnat en la entidad para su expedición 500 cintillos de caza. Sin embargo, los cazadores de los clubes de caza solicitaron 59 cintillos con un pago de derechos total de 20 mil 824 pesos. Para la temporada de caza 2002-2003 se calcularon mil 150 cintillos de caza, de éstos, los clubes de caza solicitaron sólo 204 cintillos con un pago de derechos total de 32 mil 660 pesos. Los cintillos fueron entregados en su totalidad para la cacería de codornices, palomas y patos. En dos años de operación se expidieron 263 cintillos de caza, contra el cálculo de entregar conforme a la tasa de aprovechamiento autorizada de posibilitar hasta mil 650 cintillos. Es decir, sólo el 16 por ciento de los cintillos.

Más allá, de la controversia legal, la interpretación posible es que el modelo de las PAMS no es el mejor para la actividad cinegética, pues aunque aparentemente existía una oferta posible de aprovecharla regularmente, no fue tan atractiva. Para muchos cazadores sigue siendo mejor salir de cacería sin permiso y sin cintillos, tirando a lo que sea y en el lugar que sea. La cultura de la caza clandestina es, junto con la destrucción de los espacios de vida de la propia fauna, un reto a vencer en Guerrero. Aunque no comparto la filosofía de los cazadores, ya que considero la actividad de caza sólo como una opción para el manejo regulatorio de poblaciones fuera de control en determinados ecosistemas. Considero que se debe propiciar que los clubes de cazadores, si realmente quieren aprovechar en forma sostenible a la fauna silvestre, impulsen conjuntamente con la Semarnat, las UMAS para la actividad cinegética. Una de nuestras tareas fue buscar impulsar este proceso, solo en 2001 y 2002 se registraron siete y tres UMAS respectivamente para el aprovechamiento de la vida silvestre en Guerrero. Sin embargo, existen enormes posibilidades de establecer muchas más, pero ello requiere de recursos técnicos y económicos, que son insuficientes para estas tareas.

Asimismo es importante señalar que en enero de 2003, al conocer la segunda autorización de la PAMS para la temporada 2002-2003, comunicamos formalmente al director general de Vida Silvestre nuestra necesidad de conocer las estudios y dictámenes para entregar las tasas de aprovechamiento, así como las copias del convenios de concertación con la Asociación de Clubes de Caza, Tiro y Pesca del Estado de Guerrero. En febrero del mismo año, prácticamente al final de la temporada, sólo se recibió una copia del convenio de concertación entre la Dirección General de Vida Silvestre y la Federación Mexicana de Tiro y Caza, AC (Femeti), que ampara a la Asociación de Guerrero, la información técnica requerida no nos fue proporcionada. Como se manifiesta en el oficio correspondiente, la finalidad era tener “información como apoyo, para informar fundadamente, en caso de presentarse alguna controversia entre cazadores y grupos ecologistas en el estado de Guerrero”. En especial en lagunas costeras, donde se caza el pato migratorio la necesidad de impulsar un proceso en donde las comunidades aledañas se beneficien por la actividad cinegética y no sólo vean el tránsito de cazadores a las áreas de humedales sin ningún beneficio tangible.

Consideramos que se debe aclarar y transparentar el grado de responsabilidad en que se incurrió por los servidores y ex servidores públicos involucrados. Tenemos toda la voluntad para contribuir a esclarecer nuestra actuación, pues dicen que “el que nada debe, nada teme”. Sin embargo, teníamos entendido que esta información había sido negada a la propia Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya que dicha auditoría fue clasificada como información reservada por cinco años. Por eso es nuestra extrañeza, ya que la información sobre dicha auditoría fue filtrada a los medios de comunicación de una manera irresponsable y difamante, causando un grave daño moral a muchos servidores y ex servidores públicos, violando las garantías individuales de éstos, ya que se debió llamarlos a comparecer ante el órgano de Control Interno para que conocieran el tipo de acusación, grado de responsabilidad, y asimismo, presentaran sus elementos de descargo. De tal forma que ponen ante la opinión pública en el mismo banquillo de los acusados a servidores públicos con distintas atribuciones y responsabilidades, en especial los delegados de la Semarnat, víctimas de decisiones centralistas.

Una lectura posible es buscar quitar autoridad moral en las actuaciones de muchos de los ex delegados, y justificar supuestas ineficiencias para su salida y posterior colocación de nuevos delegados en diversos estados, colocados ahí más por sus compromisos políticos y partidarios, que por su capacidad y conocimiento de la gestión y ciencia ambiental.