Desde hace varias décadas era evidente la crisis en la educación, pero también resultaba claro que a los gobiernos priistas y luego a los panistas no les interesaba aplicar soluciones. Si hubiera que poner fecha al inicio de la decadencia podríamos decir que fue en la segunda mitad de los cincuenta, cuando los gobiernos de Ruiz Cortines y López Mateos aplastaron la insurgencia magisterial.
Fue entonces cuando se redondeó el proceso de charrificación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mediante el socorrido recurso del palo y la zanahoria: el gobierno concedía aumentos salariales insuficientes y a la vez mandaba a los granaderos a desplegar toda su brutalidad contra el magisterio rebelde. Como eso no bastara, una vez concluido el movimiento que encabezó Othón Salazar, la política de la Secretaría de Educación fue dar a los maestros dobles y hasta triples turnos para que elevaran sus ingresos aunque no tuvieran tiempo de atender a los educandos.
A partir de entonces era común que los profesores salieran corriendo de la escuela matutina para llegar a tiempo a la vespertina y que al terminar el turno en ésta se desplazaran a una nocturna. Como es imaginable, no había manera de atender mínimamente dos o tres grupos ni se disponía de tiempo para revisar trabajos ni de resolver los siempre presentes desniveles de aprendizaje y otros problemas del trabajo magisterial.
De la misma época data el deterioro en la preparación de nuevos maestros. Las normales rurales fueron objeto de una guerra sistemática que se llevó a más de la mitad de esos planteles que preparaban profesores para el medio rural. En las ciudades se fue descuidando la formación de personal docente con resultados desastrosos. Todas las medidas citadas incidieron en una drástica caída en la enseñanza, inicialmente en primaria y secundaria y después, como es lógico, en niveles superiores.
Las cosas empeoraron a partir de 1982 con el advenimiento de los gobiernos neoliberales, donde ya sin tapujos se procedió a hundir la educación pública en favor de la privada y se limitó severamente la formación de los cuadros que necesitaba el país, simplemente porque en el nuevo modelo económico ya no eran necesarios, pues no se trataba de resolver necesidades sociales ni de responder al desarrollo independiente del país.
Pero la crisis tocó fondo y el actual gobierno federal se planteó la necesidad de una reforma educativa. Y se procedió a delinearla y ponerla en práctica, pero a espaldas de los maestros, que para todos los efectos son el factor determinante de cualquier cambio, proceso o mejora de la enseñanza.
Se aprobaron reformas constitucionales que lesionan severamente los derechos de los trabajadores de la educación y se echó a andar, otra vez sin los maestros, una evaluación que hizo a un lado la responsabilidad que toca al Estado en la preparación de los mentores.
Por supuesto, el magisterio democrático se negó a participar en esa evaluación que se planeó y ejecutó sin respeto alguno por los profesionales de la enseñanza. En las secciones sindicales sometidas al oficialismo también hubo resistencia y como resultado, del millón y medio de trabajadores que agrupa el SNTE, menos de 10 por ciento han sido evaluados, lo que muestra la dimensión del fracaso gubernamental.
Y como la cacareada reforma educativa no camina, ahora se opta por la represión. Ya no con granaderos, sino con despidos. El señor que despacha como secretario de Educación, incapaz de entender la complejidad del problema que tiene enfrente, optó por lo fácil y despidió a 3 mil 360 maestros y promete dejar sin empleo a 12 mil más, seguramente porque ya tiene contratados a los 15 mil profesores de recambio que, esos sí, serán unas lumbreras, gente bien vestida y mejor alimentada que vendrá a resolver los problemas educativos.
Ya metido en ese tobogán, lo siguiente será despedir a decenas y cientos de miles de maestros, si es que antes no es él quien resulta defenestrado, porque tres mil trescientos sesenta profesores no se improvisan, mucho menos 15 mil, como se pretende. El señor Aurelio Nuño desconoce el terreno que está pisando, se muestra sordo y ciego ante la realidad y desprecia profundamente a los trabajadores de la educación. De seguir con esa política infame, lo más seguro es que hará realidad el viejo apotegma de Carlos Marx, que abogaba “por una sociedad sin clases”.