En estos días pasados se ha estado manifestando una respuesta ante el enojo social contra la clase política, que se ha desbordado a partir del gasolinazo impuesto por el gobierno federal. Organismos públicos como ayuntamientos, congresos y demás, han hablado de planes de austeridad a partir del ahorro en sus gastos y del recorte de sueldos. En principio parece una actitud saludable de algunos segmentos muy reducidos de la clase política. Pero no hay que ser tan crédulos porque los políticos son expertos en asuntos de simulación.
Sí, para mí que las medidas que proponen sólo dan para pensar en simulación. No se dan cuenta de que estamos en un contexto muy grave al que no se puede responder de manera tan simplista. Porque la rabia social no es de hoy, ya que tiene una larga historia. Hoy se ha desbordado ante los excesos de la clase política en su conjunto. La crisis que hoy ha emergido no se resuelve bajando los sueldos en un 10 por ciento. Tiene un fondo abismal.
El grave problema que tenemos en el país es el de los privilegios de la clase política. Y es un problema estructural que no se resuelve con buenas intenciones ni con iniciativas aisladas. La corrupción es un problema estructural que se da en todas partes, pero es particularmente espantosa en las instituciones públicas. Hay en ellas una experiencia de saqueo público de décadas y mil formas de enriquecerse desde el poder. No dan paso sin huarache, como decimos coloquialmente. La monumental corrupción pública ha desangrado al país y ha frenado el desarrollo y a la misma democracia. Por lo mismo, se trata de un problema mayor que tiene que ser tomado en su justa dimensión.
Por otro lado, están los abusos de la clase política que “se sirve con la cuchara grande”, distanciándose de los demás mortales. Sueldos altísimos, prestaciones exóticas, arbitrarios usos del presupuesto, uso discrecional de los bienes públicos. En fin, han legalizado y regulado un inmoral uso del dinero público. El poder es utilizado ilícitamente para enriquecerse y para exprimir a los pobres.
Esta práctica, reconociendo que no es exclusiva de México, ha dado lugar a una burbuja de privilegiados que se han amafiado para robar, para engañar, para simular y para seguir trepando. Estos privilegiados están donde hay poder público y donde hay presupuesto. Y como están en su burbuja, han perdido la noción de la realidad y el mismo sentido común. Sólo miran a los pobres para utilizarlos en sus desvaríos políticos y en sus cálculos electorales. Pero no saben de hambre ni de carencias.
Si el enojo por el gasolinazo tiene que ver con el triple impuesto que nos han plantado, tiene que ver, aún más, con la carroña que está montada en las estructuras del Estado mexicano y que se ha excedido en sus abusos a niveles intolerables. Tiene que ver con esa casta privilegiada que no tiene llenadera y cuya voracidad se ha mostrado insaciable.
Así las cosas, la salida a la crisis de credibilidad de la clase política no está en bajarse pudorosamente los sueldos ni en malgastar menos. Hay que arrancar las sanguijuelas que han desangrado al país. Y no con simulaciones como las que se han dado en el pasado cuando el sistema político elige al “corrupto del año o del sexenio” y lo mete a la cárcel (La Quina, Díaz Serrano, Gordillo, etc.). Hay que desmotar todo el esquema corruptor que se ha mantenido por décadas, mediante las legislaciones adecuadas, la educación y la participación ciudadana.
En este país no tiene que haber lugar para privilegiados de ninguna clase. Los derechos humanos tienen que ser accesibles a todos, sobre todo los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y de los pueblos. De esta manera puede abrirse paso no a una nueva clase política sino a una ciudadanía que se haga cargo de la política como responsabilidad social. Pero hay que pensar en la construcción de una ciudadanía capaz de poner en cintura a la clase política y de no permitir más simulaciones
Mientras tanto, muchos seguimos enojados.